Un macroproyecto de casi 3.000 millones de euros con respaldo de la Unión Europea

Está más cerca que nunca la vieja idea de conectar las redes eléctricas de España y Francia a través del Golfo de Bizkaia. Pero son tantos años con el proyecto a vueltas, de despacho en despacho y de institución en institución, que los costes se han disparado. Según la última revisión la interconexión que partirá desde la costa vasca, en concreto desde la subestación de Gatika, costará 2.850 millones de euros, cifra que podría acabar redondeándose hasta los 3.000 en función de cómo evolucionen las obras en los próximos años.

Hay que tener en cuenta que el proyecto en marcha ahora para montar ese 'supercable' por el fondo marino (con excepciones en ciertas zonas para esquivar el cañón de Capbreton) arrancó en 2017. Con la pandemia y una etapa de altísima inflación de por medio, el presupuesto actual es mucho más elevado que el que se dibujó entonces. Según los últimos cálculos la obra se ha encarecido algo más de un 60%, unos 1.000 millones más de los estimado en un principio, sobre todo por la subida de los materiales y materias primas.

La financiación del mismo cuenta con el respaldo de la Unión Europea, en torno a una tercera parte, mientras que el resto del presupuesto se lo reparten España y Francia casi a partes iguales (algo más cae de este lado de los pirineos) tras una tensa negociación al máximo nivel político. El proyecto ha supuesto por otro lado la creación de una compañía conjunta entre Red Eléctrica y RTE (Inelfe) que es la que coordina los trabajos.

Cables construidos en la interconexión subterránea Baixas-Santa Llogaia por los Pirineos orientales. Red Eléctrica

En cuanto al rendimiento que ofrecerá la nueva infraestructura se prevé que el cable de 400 kilómetros eleve la capacidad de intercambio eléctrico España-Francia hasta 5.000 MW, casi el doble que ahora, mejorando la seguridad y la estabilidad del suministro, tal y como señala Inelfe en la documentación del proyecto.

Las plataformas ecologistas y vecinales contrarias al proyecto ponen sin embargo el acento en que la nueva estructura servirá básicamente para que España importe energía nuclear de las centrales francesas y no será un trampolín para un mayor uso de renovables.