El gas y la electricidad aportan casi 40 millones al Gobierno vasco por dividendos del EVE

Son días de mudanza en todos los sentidos en el Ente Vasco de la Energía (EVE), la sociedad energética pública de Euskadi. El cambio de ciclo en lo político con la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea supone la marcha de Iñigo Ansola y el ascenso a la dirección del EVE de Mikel Amundarain, con una larga trayectoria en el área industrial de Lakua y que se centrará ahora en uno de los pilares de la legislatura como es la transición a las renovables.

Ese punto de inflexión en todo el panorama energético hace que el relevo suponga algo más que un cambio de caras. El propio EVE es parte directamente implicada en el golpe de timón que trae la última ley energética acordada en el Parlamento Vasco por PNV, PSE y EH Bildu y que fuerza desinversiones en sociedades públicas ligadas a negocios con base en combustibles fósiles.

Ese compromiso ha alumbrado ya un acuerdo por parte del EVE con la otra parte propietaria, la estadounidense Heyco, para traspasar su parte en el yacimiento de gas de Sotés, en La Rioja, a través de la sociedad Shesa.

El fin de ciclo en Viura supondrá una inyección económica extra en las cuentas del ente vasco correspondientes a este ejercicio 2024, si bien el pozo riojano no ha sido, ni de lejos, el negocio más rentable del EVE (cerca de 5 millones de euros desde el inicio de la explotación en 2015).

Dos grandes participadas

Quedan pendientes de resolver en ese sentido los dos grandes frentes del EVE a nivel de compañías participadas 'prohibidas' por la última ley energética vasca. El largo plazo que fija la nueva norma, aun por desarrollar, hace pensar que no será hasta el final de esta década cuando los gestores de Lakua sientan prisas de verdad por deshacerse de las participaciones del EVE en Bahía Bizkaia Gas (BBG) y Bahía Bizkaia Electricidad (BBE).

Habrá que ver en ese sentido qué grado de presión trata de ejercer EH Bildu, reforzado tras las últimas autonómicas, para acelerar las salidas, si bien a estas alturas parece claro que PNV y PSE mantienen una lectura común respecto a otorgar plazos largos en estas desinversiones para evitar tener que vender a precio de saldo.

Y es que, a pesar de la bonanza económica en que se manejan las haciendas vascas, cada euro es importante para el Gobierno vasco, obligado en esta primera fase de la nueva etapa de Pradales a 'abrir el grifo' si de verdad quiere construir es consenso sindical y social en torno a pilares de la administración como Osakidetza.

Ingresos del Gobierno vasco

A la 'hucha' del Ejecutivo aportan su parte esos negocios asociados al gas, que tienen además en cierta medida un sentido 'de país' al conceder a la administración vasca un control sobre los motores energéticos del territorio. El propio Ejecutivo de Iñigo Urkullu hace una valoración positiva del recorrido por ejemplo del pozo de Sotés por el ahorro económico y en emisiones que supone contar con un suministro de gas de proximidad.

En 2023 las aportaciones en forma de dividendos por su presencia en estos negocios, los más relevantes BBG (compartido al 50% con Enagás) y BBE (el EVE tiene el 25% y el resto está en manos de Gunvor), ascienden a 39,7 millones de euros, según las cuentas del Ente Vasco de la Energía, algo menos que en un 2022 condicionado por los altos precios.

En 2022 el grueso de los dividendos (casi 50 millones de euros) los aportó con gran diferencia la central de ciclo combinado del Puerto de Bilbao mientras que BBG sumó un resultado más modesto con unos costes del gas desorbitados.

En 2023 la planta de gas del puerto recupera rentabilidad elevando su beneficio por encima de 15 millones y mejorando así su aportación a las cuentas del EVE. El resultado final del último ejercicio con Ansola al frente de la agencia energética vasca, una vez sumados otros ingresos menores y descontados los gastos, es de algo más de 32 millones de euros.