Bahía Bizkaia Gas recupera rentabilidad y el Gobierno vasco busca una venta a largo plazo

Faltan por determinar el cómo, el cuándo y, sobre todo, el precio. Pero a estas alturas parece claro que tarde o temprano el Gobierno vasco va a abandonar el capital de las empresas ligadas a los negocios gasistas como es el caso de Bahía Bizkaia Gas (BBG) dentro de los compromisos adquiridos en el acuerdo para la nueva ley en materia energética.

La llamada ley de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada en los últimos compases de la pasada legislatura y en la que PNV y PSE contaron con el respaldo de EH Bildu, dibuja las líneas maestras del despliegue renovable a medio plazo en Euskadi y, en el otro lado de la balanza, el abandono de aquellas fuentes energéticas más contaminantes. Esto último supone un compromiso de desinversión por parte del Ente Vasco de la Energía (EVE) en aquellas sociedades vinculadas al negocio de los combustibles fósiles, incluida la generación de electricidad por esta vía.

En el texto acordado las tres formaciones dan un plazo hasta 2030 para consumar esta salida, especificando que ya en el primer año con la ley en vigor deben darse pasos concretos para planificar la desescalada. Las tres grandes sociedades en las que el EVE tiene participación y que están afectadas por la nueva ley son: Shesa (la sociedad pública de hidrocarburos que opera en el yacimiento de Viura, en La Rioja, junto a la norteamericana Heyco), Bahía Bizkaia Electricidad (el EVE tiene el 25% y el resto pasa ahora de BP a Gunvor) y Bahía Bizkaia Gas. Esta última está compartida al 50% con Enagás, la principal firma gasista española, socia del Ejecutivo de Vitoria en otros proyectos estratégicos como Basquevolt.

La de Shesa va a ser la primera de las tres salidas y probablemente la única que se produzca a corto plazo. La operación para traspasar a Heyco la participación del 37% que controla el EVE está encarrilada, señalan diversas fuentes, que en todo caso apuntan a un periodo bastante más largo para concretar las desinversiones de las dos firmas ubicadas en el Puerto de Bilbao.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, abraza al parlamentario de EH BIldu, Mikel Otero, tras la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático / Legebiltzarra

Evitar 'malvender'

El principal argumento para una salida escalonada de los activos en torno al gas es evitar dar facilidades a la contraparte para rebajar el coste de esas participaciones, que por otro lado reforzarán, tal y como establece la ley, las inversiones públicas en renovables. Las prisas no ayudan a la hora de cerrar un negocio y de ahí que finalmente se haya establecido en el tira y afloja político 2030, un plazo relativamente cómodo, como límite para completar las desinversiones.

Y lo cierto es que tampoco hay garantías a estas alturas de que para el cierre de la década el EVE vaya a estar fuera completamente de Bahía Bizkaia Gas (BBG) y Bahía Bizkaia Electricidad (BBE). PNV y PSE están estos días inmersos en la formación de un nuevo Gobierno que, dada la flexibilidad de la norma, podría finiquitar su mandato sin haber movido ficha. El límite vencería en la legislatura siguiente, con margen por tanto de sobra como para proceder a modificar la propia ley. "Que se saldrá es seguro, pero no ahora", indican fuentes parlamentarias.

Vista de BBG de noche / Bahía Bizkaia Gas

Mejora del resultado

En general el de la energía es un negocio rentable, de ahí que desde el Gobierno vasco, en especial desde el PNV del que ha dependido hasta ahora la gestión del EVE, se haya intentado poner freno a una salida abrupta de estas sociedades. Todo ello en un contexto general de batalla por la energía en el que el gas juega un papel clave. BBG de hecho se ha convertido en puerta principal de entrada de gas a la red española de Enagás con números de récord a nivel de descargas estos últimos años.

En 2022 sin embargo el tope de precios limita el resultado de la regasificadora, que queda en torno a 10 millones de euros, beneficio que crece un 50% hasta más de 15 millones en 2023, tal y como recogen las cuentas de Enagás. La propia consejera del ramo Arantxa Tapia indicó en el Parlamento Vasco que BBG apenas aportó 7 millones de euros (vía dividendo) a las arcas públicas en 2022, uno de los ejercicios menos rentables, frente a los casi 40 millones aportados por la planta de ciclo combinado BBE. En 2021 la regasificadora del puerto aportó al Gobierno vasco más de 17 millones de euros y los dos ejercicios previos en torno a 10 millones.