La fiscalidad se ha convertido en bandera sindical por ser la vía que permite aumentar el caudal de ingresos públicos para acometer mejores políticas sociales.
Tras anunciarse ayer algunas de las líneas maestras de esa reforma del sistema tributario vasco acordada por PNV y PSE, formaciones que no tienen mayoría absoluta en las juntas de Álava y Gipuzkoa, las centrales vascas han mostrado en general su descontento aunque con matices.
Muy crítico se ha mostrado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, que califica la reforma de "fraude" y asegura que los cambios mermaran el volumen total de ingresos que entra a las haciendas.
El sindicato mayoritario entiende que la reforma "agravará más la injusticia" ya que "los que más tienen pagarán entre poco o nada" y llama a participar en la movilización del día 14 de diciembre por un cambio en la fiscalidad.
En esa línea, LAB ha calificado los cambios de "fuegos de artificio" y ha hecho referencia a "la presión" que ejercen los empresarios. "Josu Jon Imaz, igual que Lépez Atxurra o Garamendi, ejercen su presión, chantaje y amenazas para evitar una fiscalidad que les haga aportar a las arcas públicas una parte mayor de sus vergonzosos beneficios", indica la central abertzale.
Loli García, secretaria general de CCOO de Euskadi y Mikel Torres, vicelehendakari / Irekia
"Luces y sombras"
Algo más templados se han mostrado CCOO y UGT, que sí ven cambios positivos aunque en ambos casos echan en falta "una reforma más en profundidad" en especial para que las empresas paguen más por sus beneficios.
Para Comisiones la reforma deja "luces y sombras" mientras que UGT ha valorado positivamente el aumento del umbral que hace obligatorio el pago del IRPF a 19.000 euros o los incentivos a las EPSV de empleo y las mejoras para el acceso al alquiler.