Movilización de funcionarios a favor de Muface / EP

Movilización de funcionarios a favor de Muface / EP

Empresas

Los funcionarios vascos de Muface se preguntan qué pasará con los tratamientos en marcha

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El problema de Muface pasa de refilón por Euskadi, donde se estima en algo más de 20.000 el número de personas afectadas por el posible fin de esta mutualidad, sumando empleados públicos y familiares.

La cifra exacta de funcionarios adscritos a Muface en Euskadi no está clara, explican fuentes sindicales, ya que el colectivo está formado principalmente por trabajadores de la Administración General del Estado pero también por algunos médicos y profesores del sistema público que conservan el viejo sistema de cobertura privada.

La última memoria de la mutua sitúa en 27.000 el número de empleados públicos y familiares que reciben asistencia sanitaria vía Muface, aunque el alcance real de la 'fuga' de empresas en los concursos del Gobierno central será probablemente menor.

Según cálculos del ministerio de Sanidad, el sistema público de salud vasco, Osakidetza, debería acoger a poco más de 16.000 mutualistas en caso de que finalmente se ponga fin al concierto privado debido a que una parte ya están en la Seguridad Social.

Clínica de IMQ, de Adeslas

Clínica de IMQ, de Adeslas IMQ

Asisa, única opción

El problema en todo caso tiene una repercusión relevante en otras comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, donde se concentran el 40% del total de afectados en España, en torno al millón (son 1,5 millones de mutualistas en Muface de los que cerca de medio millón son atendidos por la sanidad pública).

Como piezas de dominó, las empresas han ido cayendo en el segundo intento del Gobierno de Sánchez de renovar el convenio de Muface. Primero Adeslas, con peso específico en Euskadi por controlar el IMQ, y luego DKV, con menor alcance, han dejado sola a Asisa, que deberá decidir si acepta o no las condiciones de la nueva licitación antes del próximo día 15.

Un debate social y sindical

La crisis de Muface abre un debate social y también genera un dilema entre los propios representantes de los empleados públicos. CSIF es la central que más beligerante se está mostrando con el Gobierno por esta cuestión, mientras que federaciones vascas de sindicatos con implantación nacional, caso de UGT, están dejando que la hoja de ruta se fije desde Madrid. Las direcciones de CCOO y UGT se han movilizado por la defensa del modelo de Muface, pero a la vez entienden que se trata de un asunto resbaladizo y apuntan a las propias aseguradoras.

"La prioridad es dotar de recursos suficientes a la sanidad pública", señalan desde la central de Raúl Arza.

Sí es cierto que, como transmite a este medio una mutualista de Muface, en caso de que finalmente esos 16.000 funcionarios pasen a Osakidetza pueden producirse disonancias en caso de tratamientos de dolencias o enfermedades ya iniciados en centros concertados por la mutua.

Más allá de lo que ocurra con Asisa estos próximos días y si hay nueva oportunidad para otras empresas, la cobertura sanitaria actual está cubierta al menos hasta el 31 de marzo.