Manifestación en Bilbao contra la ocupación de Palestina por Israel / BDS Bizkaia
CAF en el foco: la ONU señala a la empresa vasca y redobla la presión por el tranvía de Israel
Amnistía Internacional lleva años señalando a CAF por su participación en la ampliación del tranvía de Jerusalén. Ya en 2020, poco después de la adjudicación del proyecto, esta organización reclamó a la ONU la inclusión de la vasca en la lista de empresas que "operan en asentamientos ilegales israelíes" en la que ya figuraba su socio Shapir.
La cuestión ha estado más o menos presente en el entorno del fabricante ferroviario vasco este último lustro, con recurrentes críticas al proyecto de agentes sociales y sindicales, incluso por parte de los propios representantes de los trabajadores de la compañía, y ha cobrado un nuevo impulso con el recrudecimiento de la guerra en Gaza.
Esta semana se ha hecho público un informe en el que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, incluye a CAF entre las empresas que se están beneficiando del avance de Israel sobre territorio palestino, en este caso ejerciendo de unión con asentamientos en la Cisjordania ocupada.
Aunque el debate no es nuevo, sí llega en un momento de gran concienciación social sobre lo que está ocurriendo en Gaza y por tanto, al menos en España, de presión sobre la política y las empresas para cortar lazos con Israel.
José Antonio Jainaga y Óscar Puente a las puertas de Sidenor
Sidenor sigue la estela de Sánchez
Sin ir más lejos, estos días Sidenor ha anunciado que pone fin a su etapa como proveedor de acero a empresas israelíes. Previamente los sindicatos ELA, LAB y ESK en el grupo de José Jainaga y la asociación propalestina BDS Bizkaia (Boicot, Desinversiones y Sanciones) habían denunciado que desde hace unos meses la compañía vendía acero en barra para IMI Systems, suministradora del ejército del país.
La decisión de Jainaga se produce en un momento de relación estrecha con el Gobierno de Pedro Sánchez para poder consumar su entrada en Talgo como socio industrial nacional, y hay que recordar que el propio Ejecutivo ha cancelado contratos de armas, incluso ha pedido a Europa la suspensión de los acuerdos de colaboración con el estado judío.
Protesta propalestina en una estación de Metro Bibao por la contratación de una empresa de seguridad israelí / BDSBizkaia
Críticas en la última junta
El último informe de la ONU ha hecho que se redoblen las críticas a CAF por parte de Amnistía Internacional, dos de cuyas portavoces estuvieron en la última junta del fabricante de trenes para reprochar la participación en la ampliación del tranvía de Jerusalén, en el que la firma vasca trabaja en dos líneas en consorcio con Shapir.
"El proyecto comunica asentamientos de colonos considerados ilegales por el derecho internacional. ¿Por qué CAF obvia sistemáticamente este contexto ilegal?", es parte de la intervención de las activistas en la junta de accionistas que puede visionarse en Youtube.
Junta de Accionistas de CAF
Paradójicamente, CAF se ve en el foco mediático en un momento más que dulce a nivel de expansión internacional, con una cartera de pedidos de récord, un negocio de autobuses al alza y una rentabilidad mucho más sólida que en los años posteriores a la pandemia.
La guipuzcoana hará efectivo este lunes además el pago a sus accionistas, entre los que están los trabajadores, el Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Kutxa, de un dividendo total cercano a los 50 millones de euros, lo que supone casi la mitad de todo el beneficio cosechado el pasado ejercicio.
En ese contexto, el asunto de la participación en el tranvía de Jerusalén se ha convertido en una piedra en el zapato cada vez más molesta para la compañía. Desde las oficinas de Beasain se ha defendido siempre la imparcialidad política de la compañía destacando que su labor en el proyecto de Israel se ciñe a los criterios legales y no incluye el diseño del trazado estando fuera, por tanto, de cualquier connotación interpretativa sobre el reparto de suelo en la zona.
Cuando se anunció la adjudicación del contrato al consorcio CAF-Shapir hace seis años este se estimó en unos 1.800 millones de euros, si bien la guipuzcoana acotó su parte a 500 millones incluyendo el suministro de algo más de un centenar de tranvías y la rehabilitación de casi 50 ya operativos. El plazo inicial del contrato son 15 años ampliables a 25.
