José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor
La Audiencia Nacional investiga a Jainaga por ventas irregulares a una empresa de armas israelí
Sidenor ha emitido un comunicado en el que asegura que el pasado 1 de julio hizo pública su decisión de suspender todas las relaciones comerciales con Israel
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Gaza y Palestina siguen estando en el punto de mira. La Audiencia Nacional está investigando a Sidenor y a su presidente, José Antonio Jainaga, por un posible delito de lesa humanidad o genocidio.
En principio, la empresa dirigida por Jainaga habría vendido acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), una firma de dicho país dedicada a la fabricación de armas.
Según ha informado el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento.
La noticia llega después de que la propia dirección de Sidenor anunciara a comienzos de julio el fin del suministro de piezas de acero a empresas israelíes y que hoy ha recordado en un comunicado.
En la nota, la empresa también ha anunciado que "Sidenor ha puesto el tema en manos de sus abogados y seguirá sus indicaciones para responder al juez en el proceso indicado, a quien le dará toda la información que obre en su poder".
José Antonio Jainaga y Óscar Puente a las puertas de Sidenor
Sin autorización del Gobierno
El magistrado, que este viernes ha levantado en un auto recogido por Efe el secreto de las actuaciones, apunta que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.
Los tres investigados en este procedimiento —Jainaga y otros dos directivos—, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.
Hay que recordar que Jainaga es uno de los empresarios de cabecera tanto del Gobierno de Pradales como de Moncloa y lidera actualmente la operación Talgo, además de contar con empresas participadas por el Ejecutivo vasco.
Detalles del caso
El Tribunal Penal Internacional ha calificado el caso como un delito atribuido a la Guerra de Gaza y la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas, también han presentado denuncia.
A juicio del instructor, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de complicidad en un delito de genocidio, ambos recogidos en el Código Penal.
El auto considera asimismo que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.
Por el contrario, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.
En este caso, el magistrado aplica la Directiva (UE) 2019/1937 y la ley transposición 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción.
