El 14 de septiembre del año pasado firmé en Crónica Vasca un artículo que con el título de "Se acabó lo Barato" advertía del crecimiento de los precios de las materias primas, lo que anticipaba la inflación que estamos padeciendo y las complicaciones económicas que conlleva.
El esfuerzo del Gobierno por culpar de la carestía a la “Guerra de Putin” no se hace creíble por cuanto que antes de que esta empezara ya se había alcanzado un interanual del 7,4%. Negar lo evidente no va a ayudar a resolver el problema, como negar la crisis en la época de Zapatero no ayudó a prepararse contra sus consecuencias.
El problema de la alta inflación no sólo se da en Europa sino que Estados Unidos también ha acusado una elevación muy significativa de los precios que hizo que en el verano del 2021 ya se anunciara un cambio en la política monetaria expansiva que había aplicado en los últimos años.
La solución a la crisis ocasionada por la pandemia fue la compra de bonos, tanto por la Reserva Federal Americana como por el Banco Central Europeo, lo que representaba una política monetaria expansiva que aspiraba a alentar la economía mediante la inyección de dinero, en efecto, así ha sucedido y, hasta finales del 2021, la recuperación estaba siendo excepcional.
Sin embargo, el riesgo de la inflación siempre ha estado presente, ya que el aumento de la masa monetaria en circulación, hace que el dinero valga menos y puede conducir a que las cosas valgan más, que es lo que está sucediendo.
En el caso de Europa, la política monetaria expansiva viene desde que Mario Draghi asumiera la presidencia del Banco Central Europeo, cuando comenzó una carrera de compra de bonos con el fin de garantizar la viabilidad del euro en un entorno de inestabilidad que hacía dudar de su solidez.
El Gobierno español ha empleado el dinero del futuro para resolver los problemas del presente, lo que complica la capacidad de nuestra economía en los próximos años.
Con la entrada de su sucesora, Christine Lagarde, el Banco Central Europeo también ha seguido con la misma política expansiva a la que ha sumado una importante laxitud en los criterios de endeudamiento y gasto público de los países de la zona euro, de la que se ha aprovechado el Gobierno de Sánchez para disponer de crédito hasta alcanzar una deuda del 117,7% y un déficit del 6,7%. Ambos indicadores reflejan que el Gobierno español ha empleado el dinero del futuro para resolver los problemas del presente, lo que complica la capacidad de nuestra economía en los próximos años.
La fórmula permitida y alentada por el regulador europeo y aprovechada por el Gobierno español ha sido la de incrementar el gasto y evitar cualquier medida de eficiencia presupuestaria. En definitiva, lo que se ha hecho desde el Ministerio de Hacienda, con el beneplácito europeo, ha sido una política inversa a la que se aplicó en la crisis de 2008, de modo que, en lugar de ajustar el gasto, se ha incrementado, lo que hasta ahora era muy celebrado y puesto como modelo de gestión pública frente al “austericidio” con el que se afrontó la crisis de 2008.
Sin embargo, la economía tiene sus tiempos y ahora nos obliga a acomodar la liquidez de la que se ha dispuesto a la realidad de nuestra capacidad productiva y de nuestro mercado.
La inflación que padecemos no solo reduce la capacidad de compra de nuestro salario sino que, además, reduce el valor de nuestros ahorros en un inmediato 10%, por lo que somos significativamente más pobres.
Si la rebaja del salario de los funcionarios en un 5%, como decretó Zapatero en mayo de 2010, pareció abusivo, la situación a la que nos ha llevado la política monetaria y presupuestaria nos deja en muy peor situación, ya que una inflación superior a los 10 puntos reduce la capacidad de gasto de funcionarios y cualquier otro trabajador en un volumen muy superior. A su vez, la inflación que padecemos no solo reduce la capacidad de compra de nuestro salario sino que, además, reduce el valor de nuestros ahorros en un inmediato 10%, por lo que somos significativamente más pobres.
La inflación no ha parado de subir y las estimaciones de los hasta ahora optimistas gestores son de que se va a mantener durante un prolongado espacio de tiempo, por lo que la dificultad para asumir los gastos ordinarios de una familia va a seguir aumentando.
Por si esto fuera poco, quienes hayan recurrido al crédito van a tener que afrontar un incremento de los costes financieros, ya que las hipotecas van a elevar su coste, comprometiendo aún más la situación económica de los trabajadores. Lo mismo le ocurre al Gobierno, que va a ver como esa enorme deuda contraída como solución a los problemas económicos devora buena parte de los recursos obtenidos mediante los impuestos, que, en lugar de ir a financiar los servicios que presta el Estado, van a ir, en mayor medida, a pagar la deuda contraída hasta ahora.
Si todo esto es malo para las familias y para las cuentas públicas, no es mejor para las empresas, que van a sufrir la contracción del dinero en circulación a la vez que les suben los costos financieros que han asumido durante la época del dinero sin interés.
La política superexpansiva seguida por Draghi y por Lagarde toca a su fin y las consecuencias de la generosidad que han prodigado con tanta alegría se van a dejar notar con notable daño a las economías familiares.
La política superexpansiva seguida por Draghi y por Lagarde toca a su fin y las consecuencias de la generosidad que han prodigado con tanta alegría se van a dejar notar con notable daño a las economías familiares. Pero lo que es seguro que no veréis son carteles, camisetas y manifestaciones que denuncien los errores de la política monetaria expansiva y de gasto público desbordado que nos ha traído hasta aquí. Esas se reservan, sólo, para cuando el Gobierno se compromete a no gastar más de lo que debe.