Hasta ahora, las cotizaciones a la Seguridad Social eran aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones por el que el contribuyente esperaba recuperar el dinero aportado. Si bien es cierto que con una rentabilidad incierta, ya que el número de años de vida como pensionista no se conoce, siempre se esperaba hacerla muy rentable por medio de una prolongada vida.

Realmente, pese a las críticas que pueda recibir, el sistema ha venido siendo una buena forma de previsión obligatoria que, contando con una esperanza de vida dentro de la media española, resultaba muy provechoso.El Banco de España ha calculado una rentabilidad por aportación del 3,5%. No está mal, particularmente si tenemos en cuenta que en los últimos años la rentabilidad por la compra de bonos ha sido incluso negativa.

Realmente, la aportación merecía la pena. Sin embargo, las expectativas del sistema para los próximos años no hacen previsible que sea así. De hecho, la Seguridad Social española lleva pagando las pensiones con cargo a deuda desde el año 2017 y hace ya dos ejercicios que combina el endeudamiento con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

La forma de financiación del sistema es, por tanto, triple. Por un lado, las aportaciones de los trabajadores, por otro lado, la aportación del Estado vía impuestos y, por último, un endeudamiento constante de la Seguridad Social que ya eleva la cifra de deuda a los 100.000 millones de euros.

Por tanto, ni siquiera la buena marcha del empleo consigue aliviar el comprometido estado financiero de la Seguridad Social.

En esta situación, la mejora del mercado laboral alivia los problemas financieros de la Seguridad Social, pero la medida en la que se elevan las cotizaciones sociales no es suficiente para afrontar el pago de las pensiones que, adicionalmente, experimentan un alza muy considerable al estar vinculadas al IPC, que el año 2021 alcanzó el 8,5%. Por tanto, ni siquiera la buena marcha del empleo consigue aliviar el comprometido estado financiero de la Seguridad Social.

En España, el modelo de financiación de las pensiones está basado en lo que se denomina el sistema de reparto, por el que de forma solidaria, los trabajadores en activo realizan aportaciones obligatorias para sufragar las pensiones de los trabajadores retirados. En la medida en la que el número de cotizantes se reduce por razones demográficas, como es el caso, el número de cotizantes no alcanza para sufragar a los ya retirados. Al igual que sucede en un timo piramidal cuando el número de incautos que se incorporan a la cadena de la estafa no da para soportar los compromisos adquiridos con los que están ya comprometidos en ella y, finalmente, colapsa.

Para resolver el problema cabe elevar las cotizaciones de los trabajadores en activo, lo que resolverá el problema de los trabajadores retirados, que podrán seguir percibiendo unas retribuciones estables. Sin embargo, esta solución reduce el dinero disponible de los que aún son cotizantes que, a su vez, sabrán que el incremento de aportación que realizan no servirá para garantizar su propia pensión.

La otra posibilidad de equilibrio consiste en rebajar la cuantía de las pensiones, lo que disgustará a los trabajadores retirados

La otra posibilidad de equilibrio consiste en rebajar la cuantía de las pensiones, lo que disgustará a los trabajadores retirados y advertirá a los trabajadores en activo de que el
sistema no le va a garantizar una pensión suficiente para su vida una vez que deje de trabajar.

Los gestores de la Seguridad Social niegan que vayan a poner en marcha ninguna de las dos opciones, pero ya están siendo interiorizadas por los trabajadores, que temen una sustancial bajada de sus pensiones al mismo tiempo que se elevan sus cotizaciones al sistema.

Por todo ello, las cotizaciones a la Seguridad Social, que tendrían que entenderse como aportaciones a un fondo de pensiones que se recuperará a partir del momento de la jubilación, empiezan a ser entendidas como una carga económica sobre los salarios que no tendrá compensación suficiente en el futuro, esto es, que esa rentabilidad de la aportación que el Banco de España calcula en el 3,5% no será tan provechosa o, incluso, pueda llegar a ser negativa.

Las cotizaciones de los trabajadores pasarán de ser aportaciones a un sistema de pensiones a ser un impuesto sobre los trabajadores.

Si eso se produce, y nada parece que pueda evitarlo, las cotizaciones de los trabajadores pasarán de ser aportaciones a un sistema de pensiones a ser un impuesto sobre los trabajadores. Aportaciones para pagar retribuciones a los ya jubilados, pero que no servirán para garantizarse una pensión acorde a sus esfuerzos.

Malas noticias para los trabajadores que, por razones de inercia del sistema, asumirán el fracaso del modelo, cuando la financiación de los mismos habría de asumirse por el conjunto del Estado y no solo por esos trabajadores que están viendo que sus cotizaciones se convierten en un impuesto sobre la actividad laboral que no servirá como garantía para contar con unos ingresos el día que se jubile. Un pésimo negoci .