Hace cinco años uno de los ayuntamientos en los que operaba la trama Kataia, en la que participaban Alfredo de Miguel y el resto de condenados por llevarse comisiones ilegales de los adjudicatarios de concursos públicos, me robó un contrato que había ganado vía licitación para dárselo a una empresa de su confianza, entonces propiedad de un alto cargo del Gobierno Vasco. Utilizo el término "robar" porque hay una sentencia condenatoria, dado que mi indignación me llevó a recurrir a los tribunales.



Cuento la "anécdota" para recordar que gran parte de la contratación pública que se realiza en nuestro entorno es un cachondeo, pero también para explicar cómo opera el PNV en estos casos. Y es que antes de recurrir a los tribunales hablé con varias personas con alta responsabilidad en el "partido" para ver si podían arreglar semejante injusticia. No pudieron pero sí me enviaron un mensaje muy claro: "es aceptable que reivindiques tus derechos siempre que no lo hagas público. En caso contrario, no podrás volver a trabajar en Euskadi".



La advertencia es clara y da una idea del funcionamiento del PNV y su red clientelar. Para trabajar con las administraciones controladas por el partido, que son casi todas las de Euskadi, no es estrictamente necesario tener carnet pero sí ser discreto y obediente. Generalmente también es obligatorio hacer las cosas bien, que es lo único que debería ser importante a la hora de contratar a una u otra empresa.



Algo parecido le contó un cargo del PNV a Ainhoa Alberdi, la valiente experta en derecho urbanístico que destapó la trama Kataia. Había denunciado que De Miguel y sus colegas le estaban reclamando 100.000 euros por un contrato que debía ejecutar su empresa en Álava. A partir de entonces, tenía que saber que ya no debía molestarse siquiera en presentarse a concursos públicos.



Y es verdad que el Gobierno Vasco, las diputaciones y sus sociedades públicas no le han adjudicado nada en los últimos diez años. Sí que el Ayuntamiento de Bilbao le encargó en 2018 la asistencia jurídica para redactar la regulación de accesos con vehículos al Casco Viejo. ¿La excepción que confirma la regla? No, ese área del Consistorio estaba en manos del socialista Alfonso Gil.

Para trabajar con las administraciones controladas por el partido, que son casi todas las de Euskadi, no es estrictamente necesario tener carnet pero sí ser discreto y obediente

¿Son mejores los otros partidos? No necesariamente. De hecho, hay que reconocer que con tantos años como lleva gobernando el PNV, los casos de corrupción que han sido probados son contados. Además, en la trama Kataia las cantidades económicas no eran millonarias y siempre existió la sospecha de que no eran para lujos propios sino que se correspondían con trabajos realizados en beneficio del partido.



Desde arreglos en la sede vitoriana o en algún batzoki hasta eventos varios, cuyas facturas serían pagadas inicialmente por De Miguel y sus correligionarios, a veces personalmente y otras a través de las diversas empresas que habían creado. Después las financiarían directamente o con las comisiones abonadas por los ajdudicatarios. No se pudo probar nada. Entre otras cosas, porque nadie ha cantado. No ha habido ningún Bárcenas delator en este caso.



Todos han aguantado. Bien por la seriedad de su militancia o bien porque se han sentido arropados en todo momento. Basta recordar el abrazo que Joseba Egibar dio a De Miguel cuando ya estaba siendo juzgado y, sobre todo, que todos han seguido en sus puestos cobrando del erario público o, incluso, recibiendo adjudicaciones de la administración.



Dice el Gobierno Vasco ahora que a De Miguel no se le podía despedir de Hazi, la sociedad pública en la que entró en 2001, hasta que hubiera sentencia firme. De Miguel había sido contratado por IKT, que después se integró en Hazi, cuando apenas tenía 30 años y mientras el máximo responsable de la Consejería de Agricultura, de la que depende esta entidad, era Iñaki Gerenabarrena, su padrino. ¿Fue enchufado? Probablemente.



Como a cualquier asalariado, sí se le podía haber despedido en cualquier momento. Ahora, como ha prometido Arantxa Tapia, y cuando salió el caso a la luz pública. Habría resultado difícil hacerlo con la fórmula del despido disciplinario pero sí que habría podido utilizarse la del improcedente, previa indemnización de entre 33 y 45 días de sueldo por año trabajado. ¿Por qué no se hizo? Para que se sintiera arropado.



Y aquí entramos en el problema que realmente entrañan las redes clientelares. Cuando se hacen las cosas al margen de toda ética, como es el caso, se mantienen estructuras de poder interesadas y se expulsa a los que no quieren comulgar con esa religión. El resultado es un país de ciudadanos obedientes y muy fieles pero no necesariamente ejemplares ni competentes.



¿Puede una Euskadi en la que el sector público cada día es más relevante atraer talento de fuera? Tanto como Sicilia. Si el PNV no elimina estas prácticas, nos va a quedar una Euskadi llena de acólitos sin demasiados incentivos para mejorar y algún que otro profesional acomodaticio. De hecho, entre las últimas funciones de De Miguel figuraba la monitorización de emprendedores. Quizás lo hacía bien con los que solo pensaban en llevarse concursos públicos, pero es más que dudoso que pudiera aportar algo a los más innovadores.