El Gobierno vasco comunica a De Miguel su despido entre crecientes críticas de la oposición

La sentencia sobre el caso De Miguel sigue marcando la actualidad política en Euskadi. El Gobierno vasco anunciaba este miércoles, solo 24 horas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que ya había comunicado tanto a Alfredo de Miguel como a Koldo Otxandiano, dos de los cabecillas de la trama, que serán despedidos de los organismos públicos en que trabajan. 

Ambos condenados, que casi con toda seguridad entrarán en prisión en las próximas semanas, ya no acuden a sus puestos en la sociedad pública Hazi y en el Parque Tecnológico de Álava. Están a la espera de que la documentación esté lista. Sólo entonces serán destituidos. Será "cuanto antes", en palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que tan solo hace una semana tenía que responder al trascender que De Miguel representaba al Ejecutivo autonómico en foros internacionales. 

En realidad, las palabras de Tapia de este miércoles confirmaban un comunicado del martes de su propio departamento donde ya se anunciaban los despidos de ambos exburukides condenados por corrupción. Ya antes de la reciente polémica sobre las labores del líder de la trama corrupta estaba claro que si el Supremo ratificaba la condena, tanto él como Otxandiano se quedarían sin sus cargos en empresas públicas. 

De hecho, los despidos anunciados no están calmando los ánimos de la oposición, ni mucho menos. Porque lo cierto es que Bildu, PP y Podemos están elevando el tono de sus críticas al Ejecutivo y, sobre todo, al PNV por este escándalo. Cabe recordar que se trata del mayor caso de corrupción en la historia reciente de Euskadi. Por ello, la oposición arremete con fuerza y sin piedad contra los jeltzales. 

La oposición, sin piedad

Este mismo miércoles el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, se preguntaba "¿cuántos De Migueles ha habido y hay en este país?" al denunciar la "falta de medios" policiales y judiciales para investigar los posibles casos de corrupción. Asimismo, el representante de la coalición abertzale decía que "el propio PNV es el que está implicado en esta trama". Y matizaba que "no se puede decir que el PNV no tenía nada que ver cuando ellos mismos (los condenados) eran el PNV".

El líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, reclamaba explicaciones al propio lehendakari, Iñigo Urkullu, por este caso. Afirmaba que al PNV "se le han acabado las excusas" para "taparlo", y remarcaba que se deben asumir "responsabilidades políticas" porque estas "no pueden limitarse a Alfredo De Miguel y otras personas de la trama", ya que, en su opinión, "salpica a la cúpula" de la formación jeltzale.

Por último, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, reclamaba hacer frente a la "batzokización" de las instituciones vascas a su juicio derivada de los cuarenta años de gobierno del PNV. A su juicio, el caso De Miguel "pone de manifiesto que en Euskadi existen espacios institucionales para el amiguismo, que es la base de la corrupción". "El PNV es experto en clientelismo y no se ha mostrado activo para erradicarlo", remachaba.