El Tribunal Supremo ratifica las condenas por corrupción del caso De Miguel

La esperadísima sentencia ya está aquí. El Tribunal Supremo ratifica las principales condenas del caso De Miguel, el escándalo de corrupción del PNV de Álava. El Alto Tribunal confirma los delitos de corrupción sentenciados en primera instancia por la Audiencia Provinvicial de Álava. Aunque, eso sí, modifica las penas de cárcel para algunos de los acusados al absolverles de algunas acusaciones aisladas. 

El Supremo ratifica en gran medida lo estipulado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, conocida a finales de 2019, pero ajusta las penas de los condenados. Se trata, en concreto, de "puntuales correcciones técnicas". No obstante, la principal duda del caso queda solventada, ya que el principal acusado que da nombre al escándalo, Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV de Álava, queda condenado a más de 12 años de prisión. 

Debido a los cambios técnicos citados, el fallo del Alto Tribunal mofidica las penas para los acusados. En concreto, absuelve al citado De Miguel, así como a Carlos Aitor Tellería, Iñaki San Juan y Alfonso Arriola por algunas actuaciones aisladas por las que les condenó la Audiencia Provincial alavesa. También absuelve de todos los cargos a Julián Andrés Sánchez Alegría. Y a Jon Iñaki Echaburu de los delitos de cohecho y asociación ilícita.

El tribunal que ratifica las condenas por corrupción del PNV ha estado formado por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena (ponente).

Las elecciones que vienen...

Precisamente este lunes Crónica Vasca desvelaba que el fallo judicial se conocería con toda probabilidad en estos días. Finalmente ya es pública la decisión de los magistrados del Supremo. Una decisión que influirá, sin duda, en el período de precampaña electoral que ahora comienza. 

La duda es qué hará ahora mismo el Gobierno vasco con De Miguel, pero lo más probable es que por fin lo destituya de sus cargos en una empresa pública.

Testaferros, facturas falsas, contratos...

Los hechos son claros. Y condenan la corrupción del citado De Miguel y de los otros dos principales acusados, que son Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería.  

Tal y como explica la propia sentencia, esos tres acusados, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.

Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros.

Además, la sentencia del Supremo también condena a los tres políticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a las sociedades de la trama, logrando así mejores beneficios, particularmente en algunos supuestos en los que lograron que la Administración les abonara unos trabajos que no realizaron nunca.

¿Y qué pasará ahora con De Miguel?

La duda es qué hará ahora mismo el Gobierno vasco con De Miguel, pero lo más probable es que por fin lo destituya de sus cargos en una empresa pública. Y es que este diario viene informado sobre cómo en los últimos días el caso De Miguel ha vuelto a estar de actualidad, justo tras conocerse que De Miguel había representado al Gobierno vasco como gerente de una sociedad pesquera dependiente de HAZI. La oposición en bloque arremetió contra el Ejecutivo de Urkullu y hasta sus socios del PSE mostraron sus quejas. 

El Ejecutivo, por su parte, negó que el condenado en primera instancia ocupase ese cargo, recordó que el trabajo de De Miguel en la empresa pública ya era conocido y apuntó que sólo podrán quitarle su plaza en la administración si hay una condena firme.