Uno de los argumentos que comparte la oposición en Madrid y en Euskadi es que los respectivos gobiernos de PP y PNV están desmantelando la sanidad pública para favorecer a empresas privadas bien relacionadas que operan en el sector. La crítica se ha extendido con tanto acierto que hoy existe una percepción generalizada de que efectivamente algo así está ocurriendo con Osakidetza. ¿Pero es real?
Si por desmantelamiento entendemos una reducción de la inversión, la realidad es muy diferente. El Departamento de Salud del Gobierno vasco tiene actualmente un presupuesto un 40% superior al que tenía hace diez años. Esto supone gastar 2.100 euros por persona, frente a los 1.490 de 2013. Hay quien dirá que es la inflación, pero si se examina este coste teniendo en cuenta la paridad de poder de compra, el incremento también está ahí: 2.226 euros por vasco en 2003 frente a los 4.929 de 2020, según Eustat. Por cierto, estamos por encima de países como Finlandia y también sobre la media de la OCDE.
¿Qué ocurre entonces? Se mezclan varios factores que tiran del coste hacia arriba. Por una parte, que nuestra población cada día está más envejecida y, por tanto, demanda más servicios sanitarios. Es evidente que los mayores van más al médico que los jóvenes. Pero no es el único factor. Hay otros dos que también son imposibles de controlar: la medicina va mejorando y eso se traduce en medicinas y servicios más caros. Ahí están enfermedades como el sida o el cáncer, que cada vez tienen mejores tratamientos, aunque costosos, para explicarlo.
El servicio se deteriora y genera una mayor privatización, dado que cada vez más gente contrata seguros privados, que al menos prometen listas de espera mucho más cortas
Finalmente, hay una presión de los costes laborales que tampoco hay que despreciar y que está relacionada con una fuerte presión sindical, al menos en Euskadi, y con una cierta escasez de profesionales. A nivel estatal se ha abierto, de hecho, la mano para que profesionales de la medicina de América Latina puedan establecerse con mayor facilidad. El covid no ha hecho sino empeorar todo esto al alterar el transcurso normal del sector.
Si los costes crecen por encima del presupuesto, ¿qué podemos hacer? Una opción sería aumentar aún más el dinero que va destinado a sanidad. Pero como el presupuesto es finito, habría que sacarlo de otros sitios y evidentemente eso no es sencillo y probablemente imposible. En cualquier caso, el incremento de gasto indica que algo de eso se ha hecho pero que sigue siendo insuficiente. La conclusión es clara: la sanidad pública tal y como la hemos conocido no es viable.
Así que a las administraciones solo les queda la opción de reducir costes, de recortar. Una vía es la privatización de servicios, que pasan a ser gestionados por empresas privadas, que por regla general son más eficientes y cuestan menos al erario público. La otra opción, que suele ser complementaria de la anterior, es mantener la oferta sanitaria con una demanda creciente. Es decir, que el médico de cabecera tenga que atender más consultas y en los hospitales se acumulen las operaciones.
¿Qué es lo que esto genera? Mayores colas en urgencia y listas de espera que van creciendo con el tiempo. Es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa. El NHS, la Osakidetza británica, tiene ahora mismo a 7,2 millones de personas a las que no puede atender en fecha y listas de espera de 18 meses en reumatología. En España en mayo el Gobierno reconoció que había 700.000 personas en cola para ser operadas.
El servicio se deteriora y genera una mayor privatización, dado que cada vez más gente contrata seguros privados, que al menos prometen listas de espera mucho más cortas. IMQ, la principal compañía de este tipo en Euskadi, tenía a finales de 2021 384.000 clientes, cuando quince años antes no superaba los 300.000. Y la tendencia es creciente, lo que explica en gran medida su reciente absorción multimillonaria por parte de Segurcaixa.
La conclusión es clara: la sanidad pública tal y como la hemos conocido no es viable
Hay más formas de reducir el gasto sanitario, pero hasta el momento han demostrado ser insuficientes. Hubo un consejero de salud, Rafael Bengoa, que apostó por mandar a casa a un número importante de pacientes, los crónicos, con la ayuda de la telemedicina. Contrató a una consultora e incluso a Microsoft pero no parece que los resultados fueran fabulosos. Otra opción que se ha barajado es del copago, que por una parte traslada parte del coste al paciente y por otra reduce el número de consultas. Los políticos no se han atrevido a implementarlo hasta el momento.
Los que acusan al Gobierno vasco de desmantelar Osakidetza aseguran que es el resultado de una corriente neoliberal que se impuso a principios de los años noventa. Se introdujeron criterios de gestión empresarial y se empezaron a privatizar ciertos servicios, lo que a su juicio va en contra de la calidad de la atención. Tienen razón cuando mencionan lo altamente sospechosa que resulta la aparición en el staff de compañías privadas como IMQ o Keraly de ex consejeros y ex altos cargos de la Consejería de Salud. Pero no explican de dónde saldría el dinero necesario para incrementar el presupuesto de forma indefinida, que es en el fondo su alternativa.