¿Amnistía, para qué?

La ANC ya ha confesado el plan del independentismo golpista: “La amnistía permitirá al Parlament reactivar la declaración de independencia”.

Entretanto, nos entretenemos en una discusión estéril sobre la constitucionalidad o no de la medida o en valoraciones sobre si Puigdemont impone como condición o no a Sánchez el referéndum de autodeterminación. Estériles porque son cuestiones que no afectan al fondo de la cuestión; ¿es la amnistía una solución que contribuye a la convivencia democrática en España? Cada lector puede tener su propia opinión tras las declaraciones de la ANC, pero pondré el acento en cuestiones que ayudarán a dar una respuesta objetiva a ese interrogante.

¿Es la amnistía una solución que contribuye a la convivencia democrática en España?

En primer lugar, no parece que la amnistía vaya a estar condicionada a un compromiso de no volver a cometer el delito, es decir, a que se renuncie a la “unilateralidad” y al “lo volveremos a hacer”. Un compromiso que, -si lo que se busca es contribuir a la convivencia-, debe alcanzar no sólo a las personas concretamente beneficiadas por la eventual amnistía, sino también a los partidos independentistas que promueven el “pacto político” que pretende traducirse en una Ley de Amnistía y que, por lo tanto, sólo podría concretarse en la renuncia expresa a cualquier vía que no sea la contemplada para la reforma constitucional, en su caso, del artículo 2.

Debe alcanzar no sólo a las personas concretamente beneficiadas por la eventual amnistía, sino también a los partidos independentistas que promueven el “pacto político”

En segundo lugar, la imprescindible renuncia a la “unilateralidad” y aceptación de la vía constitucional debería traer como lógica consecuencia la declaración de renuncia o revocación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que fue proclamada en 2017 por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que quedó en suspenso escasos segundos después, poco antes de huir a Bélgica para evitar la acción de la Justicia.

De lo contrario no necesitarían los independentistas “volver a hacer nada” ya que ya está hecho. En este sentido son esclarecedoras de nuevo las posiciones de la ANC: «Una amnistía, y me remito al Tribunal Constitucional, es porque ha habido un cambio. Y, por tanto, se entiende que se puede hacer. Quizás no debemos esperar que lo entiendan. Venimos al Parlamento, levantamos la DUI y, después, que nos digan que no se puede hacer». Habrían ganado, -por fin y probablemente de manera irreversible-, su batalla en el único frente que realmente les importa: el escenario europeo e internacional.

En tercer lugar, lo anterior explica por qué Puigdemont no parece impaciente con la reivindicación independentista de un referéndum de autodeterminación; desde su posición política de unilateralismo, con una DUI ya adoptada aunque suspendida, no lo necesita; ya se celebró, según sus tesis. Lo único que necesita es “desjudicializar” el procés y neutralizar su represión penal, para legitimarlo políticamente.

Desde su posición política de unilateralismo, con una DUI ya adoptada aunque suspendida, no lo necesita

En cuarto lugar, si la reivindicación del referéndum llega a formar parte del paquete de medidas exigidas, será más por solidaridad con sus socios independentistas vascos de Bildu (¿a esto se quiere sumar el PNV?), que no cuentan con una DUI y, ellos sí, necesitan el referéndum. Llama la atención como Bildu y los “burukides” peneuvistas coincidan ahora en reclamar el “derecho a decidir” de Euskadi y Navarra, abriendo la puerta a un “procés vasco” que pondría en cuestión el autogobierno vasco y el reconocimiento de los derechos históricos que se contienen en la Constitución, que ya han permitido a los vascos decidir en cada elección de los últimos 40 años, pese a la coacción etarra.

En quinto lugar, la Ley de amnistía se estaría aprobando con la oposición de media España, simplificando la cuantificación en términos de los votos ciudadanos recibidos en las últimas elecciones por los partidos que se oponen a ella. Además, la oposición a la medida es de una amplísima mayoría de la representación política territorial de los españoles; la mayoría absoluta en el Senado y 12 de las 17 Comunidades autónomas.

La oposición a la medida es de una amplísima mayoría de la representación política territorial de los españoles

Y en sexto y último lugar, la previsible parcialidad del TC tras los últimos nombramientos bajo el mandato de Sánchez, -previsibilidad que se empeña en confirmar con recientes decisiones y actuaciones insólitas en cualquier país democrático, pese al maquillaje de última hora de la desestimación de la arbitraria pretensión socialista de revisar voto nulo no impugnado-, no permite pensar que vaya a ser ese examen de constitucionalidad el que impida llevar adelante los planes de Sánchez. No hace falta decir que, de producirse, resultaría una catástrofe reputacional para dicho tribunal. Otra cosa es que a Sánchez el descrédito de las instituciones le traiga sin cuidado o, incluso, se afane en extenderlo para dinamitar todo control democrático de sus acciones.

Entonces, y como conclusión, si la polémica amnistía no contribuye a la convivencia porque no supone una renuncia del secesionismo a la vía unilateral; no implica una revocación o reconocimiento de nulidad de su DUI; alienta un “procés” también en Euskadi y Navarra; se impone contra media España, contra la mayoría en el Senado y contra 12 de 17 CCAA; y propicia un posicionamiento fortalecido del secesionismo golpista en la UE y en el resto del escenario internacional, poniendo en riesgo real la integridad territorial de España; ¿por qué se aprueba una amnistía?

Propicia un posicionamiento fortalecido del secesionismo golpista en la UE y en el resto del escenario internacional, poniendo en riesgo real la integridad territorial de España

No, la pregunta no es ingenua. Es necesario recordar que nuestros gobernantes y autoridades se deben al interés general y no al suyo particular. De no actuar así, el Estado de Derecho cuenta con mecanismos suficientes para exigirles responsabilidades. Cuando se pone en tan alto riesgo la convivencia, hablar de progreso es un sarcasmo.

Algunos creemos que lo que sucede ahora no es sino la continuidad de lo pactado entre Zapatero y ETA, hace casi 20 años, con la complicidad de Bildu y ERC. Junts se “subió al carro” hace algunos años y el PNV parece que definitivamente va a hacerlo ahora. Dignidad y valentía o indignidad y cobardía para defender la convivencia pactada hace 40 años en la Constitución y en la Transición que fue y debería seguir siendo de todos los demócratas, esa es la auténtica cuestión.