Ecos de una manifestación

Queremos compartir con vosotros y con vosotras esta reflexión hecha al hilo de la manifestación que SARE convocó el pasado día 13 de enero en Bilbao, bajo el lema “Llaves para la resolución”. Empezaremos recordando algo que los que se consideran defensores de los presos de ETA suelen omitir: cuando ETA existía, ella misma imponía las condiciones en las que sus presos y presas debían permanecer en la cárcel con el objeto de ejercer un férreo control sobre ellos y así poder manejarlos a su antojo. Acogerse a las medidas de reinserción para progresar de grado o disfrutar de permisos estaba prohibido, y consecuentemente el preso de ETA tenía doblemente restringida su libertad: estaba entre rejas cumpliendo una pena por haber cometido un delito, y ETA le obligaba a acatar una disciplina estricta impidiendo que progresara humana y penitenciariamente. Pero desde la izquierda abertzale solamente nos han contado la mitad de esta película.

Desde el momento en el que empezó a haber presos de ETA comenzaron las reivindicaciones en favor de sus derechos y por la amnistía. Se denunciaban las torturas, más adelante la excepcionalidad de las políticas penitenciarias y la dispersión, luego el alejamiento, etc, y todo esto ha estado omnipresente durante décadas en nuestras calles y en nuestra sociedad: en pancartas, pintadas, discursos, fiestas, bertsos, bares y manifestaciones varias. Algunas de esas demandas eran justas e imprescindibles -denunciar la tortura, por ejemplo-, otras justas y razonables, como el hecho de que los presos pudieran cumplir las penas en cárceles cercanas a su lugar de residencia, ya que lo contrario suponía un castigo añadido para los propios presos y para los familiares y amigos que querían visitarles.

Cuántas veces se ha hecho alusión a la mochila que cargaban los hijos de los presos, o a los kilómetros que tenían que hacer los familiares y amigos que querían visitarles en la cárcel. Por el contrario siempre se ha evitado y se evita verbalizar cuál es el delito o los delitos que han cometido estas personas –para así reforzar la idea de que es injusto que estén encarcelados-; se evita decir que bastantes presos cumplieron íntegras sus penas porque la propia ETA les prohibía entrar en procesos de reinserción y progresar de grado; y nunca te dirán que hubo muchos que habrían tenido la ocasión de beneficiarse de permisos penitenciarios y no lo hicieron porque tenían que acatar las órdenes de sus jefes. En consecuencia, ¿cuántos abuelos y abuelas se murieron con la pena de no volver a ver a sus nietos presos? ¿Cuántas madres y padres han sufrido con el corazón encogido por no poder abrazar a esos hijos? ¿Cuántos besos y caricias se perdieron los niños que tenían a sus padres y a sus madres en la cárcel? Nos han machacado hasta la extenuación con sus críticas hacia la política penitenciaria del Estado, pero yo diría que la que impusieron ETA y su entorno fue mucho más cruel.

Sin contar con que en su relato el gran drama y la gran injusticia siempre han sido las cárceles y la represión del Estado; como si tener un hijo que tras un proceso de radicalización agarre una pistola y se dedique a asesinar a la gente fuera el sueño de cualquier madre y no fuera una auténtica desgracia; o como si meter explosivo en un sobre para que la persona que lo abra pierda los ojos y parte de las extremidades fuera un acto político.

Afortunadamente ETA ya no existe, pero la huella que ha dejado en esta sociedad es nefasta. A día de hoy son 150 los presos que permanecen en la cárcel. Un tercio de ellos ha decidido seguir el camino que establece la legislación penitenciaria, y desde el 1 de octubre de 2021, 51 de ellos solicitaron la concesión del tercer grado y 40 ya lo disfrutan de manera firme.

En este contexto SARE convocó su manifestación anual el sábado 13 de enero. La verdad es que es complicado encontrar un adjetivo amable que defina su discurso: hacen alusión a los derechos de los presos vascos y eso es inexacto, porque únicamente se refieren a los presos de ETA; siguen calificando como políticos a presos que están en la cárcel por haber atentado o haber ayudado a atentar gravemente contra la vida y la integridad física de otras personas; aunque oficialmente aseguran no pedir la amnistía, es algo que flota en el aire que les rodea; y en estos momentos propugnan el fin de la excepcionalidad legislativa defendiendo la supresión del requisito del arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas. Es inexplicable cómo en una sociedad democrática se aceptan como legítimas este tipo de reivindicaciones, y cómo se puede organizar una manifestación cuyo espíritu sea éste. Pocas cosas serán más ofensivas para una víctima, más nocivas para trabajar los valores de una sociedad, y más dañinas para que las personas que entraron en un proceso de deshumanización y cometieron actos tan terribles puedan iniciar un camino de regeneración y recuperar su humanidad.

No cualquier reivindicación es un derecho, y si es un derecho humano, en principio debería ser reclamado para todas las personas. No arrepentirse por asesinar a alguien no es un derecho, es una opción, y que la ley penitenciaria recoja que para obtener un beneficio la persona en cuestión deberá hacer una revisión crítica de los crímenes que ha cometido es una condición que no parece injusta. Por el contrario, marcar desde fuera una línea roja para que estos presos no se arrepientan es cruel e inmoral se mire por donde se mire. ¿Esto que piden para los presos de ETA lo pedirían para personas presas por haber cometido delitos sexuales, por ejemplo? ¿Lo pedirían en el caso de que las víctimas fueran otras? Sería un auténtico escándalo en esta sociedad nuestra.

Y entre tanto, ¿dónde quedan las víctimas de ETA? ¿Las que recibieron el zarpazo de un terrorismo que iba dirigido a toda nuestra sociedad? Víctimas de una violencia radicalmente injusta a las que han infligido y siguen ocasionando tanto sufrimiento. Entra dentro de la lógica de la izquierda abertzale o de SARE ningunearlas o no mencionarlas para nada –a no ser que sea para ensuciar su nombre y justificar la violencia ejercida contra ellas-, ¿Pero, qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa con muchas personas que nunca han estado a favor de ETA? ¿Qué pasa con partidos políticos, sindicatos y asociaciones que no tienen un vínculo directo con la izquierda abertzale? ¿Cuántas personas de éstas no pierden la ocasión de manifestar públicamente que están a favor de los derechos de los presos de ETA e incluso participan en manifestaciones como las del sábado pasado? ¿En cambio, cuántas de ellas han hecho en alguna ocasión un ejercicio mínimo de empatía hacia estas víctimas? ¿Cuántas no se han manifestado nunca en contra de ETA o a favor de una de sus víctimas?

Es evidente que en amplios sectores de nuestra sociedad ha existido y sigue existiendo un silencio sepulcral a la hora de arropar a las víctimas o deslegitimar la violencia de ETA, al mismo tiempo que muchos y muchas se han manifestado en favor de sus victimarios. No es tarde para expresar la solidaridad hacia ellas, es una de nuestras asignaturas pendientes. Y sigue siendo absolutamente necesario que cada uno de los miembros de esta sociedad exprese que la violencia de ETA fue injusta y cruel, ya que el resto de las violencias ya las condenamos, y hacemos bien. Están en juego nuestros valores y nuestro futuro.

Y a los partidos políticos que se adherieron a la manifestación del sábado recordarles que propugnar el fin de la excepcionalidad legislativa en lo referente al tercer grado es defender la supresión del requisito de arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas, que son los requisitos específicos que afectan a los delitos de terrorismo. Es decir, dar cobertura a quienes no se arrepienten y no piden perdón a sus víctimas. ¿Alguno de los partidos va a plantear iniciativas legislativas para reformar la legislación penitenciaria en este sentido? Sería el camino lógico y adecuado.

Detrás de todo esto se sitúa la trampa ética consistente en seguir presentando a quienes han cometido gravísimos delitos como si fueran víctimas-mártires. Un victimismo con el que se camuflan las responsabilidades de los presos de ETA y de quienes les apoyaron en su estrategia político-militar terrorista.

Y acabamos haciendo una pequeña mención a toda la polémica surgida a raíz del llamamiento al boicot hacia una persona por haber participado en la citada manifestación. Pedimos que se respete su libertad de expresión y su derecho a trabajar y desarrollar su talento sin que sea víctima de ninguna campaña de boicot en su contra. Pero es indecente que desde un ámbito como el de la izquierda abertzale, que junto con ETA impulsó durante años duras y despiadadas campañas de boicot contra personas, productos y empresas -campañas que tuvieron en muchos casos unas consecuencias devastadoras- se atrevan a denunciar eso mismo que ellos hicieron sistemáticamente, ahora que las víctimas del boicot se encuentran entre ellos, sin haber hecho previamente el más mínimo ejercicio de autocrítica. No queremos vivir en una sociedad en la que a quien piense diferente se le señale, se le acose, se le corten las alas y se le haga la vida imposible. Eso mismo hicieron ETA y su entorno durante décadas y fue horrible. Aún estamos sufriendo sus consecuencias. Por una memoria deslegitimadora de la violencia y el terrorismo.

Firman este artículo: Maite Leanizbarrutia Biritxinaga, Eugenio Ariztimuño Amas, Antonio Duplá Ansuategui, Joseba Eceolaza Latorre, Fabián Laespada Martínez, Amagoia L. de Larruzea Zarate, Xabier Mugarza Ayastuy, Lourdes Oñederra Olaizola, Pello Salaburu Etxeberria, Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia y Sabin Zubiri Rey.