Operación Cataluña, Pegasus y otras cloacas

Si no fuera por el cine, por lo recurrente del argumento en las películas de Hollywood, las tramas políticas que acaparan los instrumentos del Estado para acabar con los malditos enemigos de América internos o externos, no estaríamos tan familiarizados con las grandes conspiraciones a la sombra de la sonrisa del perfecto candidato, con cara de superhéroe, que besa a niños en la frente y mano al pecho canta en pie el himno de las barras y las estrellas.

Si no fuera porque la realidad supera la ficción, estas historias acabarían del mismo modo que los cubos de palomitas en la papelera tras la función. Que se lo digan a Richard Nixon que dio pie a numerosas recreaciones de lo que supuso el escándalo Watergate. Una conspiración y una compleja red de actividades ilegales en el que se incluía el acoso a opositores políticos, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia federales con el beneplácito presidencial. Una impudicia que destapó múltiples abusos de poder y que acabó con la dimisión del presidente de EE.UU. y la condena de casi una cincuentena de colaboradores al más alto nivel.

Spain is diferent rezó el slogan de los años 60 que ideó el entonces ministro Fraga para vender la imagen de España como exótica y atrayente. A fe que en la política esta idea nos viene como bizcocho al molde. Un bizcocho regado del mismo licor que toma del frasco Torrente, el brazo tonto de la ley. Lo que en otras latitudes democráticas supone el uso indebido de los instrumentos del Estado es un escándalo, en España se mete en la cámara hiperbárica del silencio mediático, político, judicial y policial. Las cuatro patas del banco que armaron la Operación Cataluña para desprestigiar e inhabilitar a políticos, policías o fiscales catalanes independentistas o que simplemente metían sus narices en asuntos que no convenía tocar.

Lo que en otras latitudes democráticas supone el uso indebido de los instrumentos del Estado es un escándalo, en España se mete en la cámara hiperbárica del silencio mediático, político, judicial y policial

Circulen, circulen que se trata de los enemigos de la unidad de la patria y si hay que investigarles, hacer un montaje con pruebas falsas y acabar pública y políticamente con ellos, los buenos españoles sabrán agradecerlo. Algo así es lo que parece que se fraguó en el despacho del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el consentimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Las informaciones desveladas por La Vanguardia y eldiario.es ponen blanco sobre negro de cómo se fijaba un objetivo político en la comodidad de un ministerio, al alimón la policía patriótica elaboraba informes fakes sobre cuentas en el extranjero de independentistas por ejemplo, o incluso podía llegar a vincular altos mandos de los Mossos con redes de narcotraficantes sólo con la mera sospecha de que pudieran ser un inconveniente para sus fines, que es lo que se intentó con el major Trapero. A la sazón, eran publicadas por medios estatales a sabiendas que esparcían mercancía averiada.

Si se denunciaba, la justicia podía retrasar y hasta desestimar cualquier indicio. Al menos, es lo que se desprende de la actuación poco diligente del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que en línea con la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto en el pasado como en la actualidad a investigar. No ha sido el único, otros tribunales también se han negado a admitir las denuncias de varios afectados por la trama.

La primera investigación formal sobre el llamado Cataluñagate, lo acaba de abrir la Fiscalía Superior de Cataluña, en relación a la desacreditación que pudo haber sufrido el entonces Fiscal General de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, hasta 2013, por haber manifestado su intención de sondear presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior contra líderes independentistas. Veremos si no se estrella contra la pared de la Audiencia Nacional o la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Y mientras las cloacas empiezan a desbordarse, lo lógico sería girar el cuello hacia el Partido Polular que sostuvo, presuntamente, aquella ilegalidad mientras gobernaba. Alguna explicación, algún comentario, una negación, un “esa trama de la que usted me habla”...nada de nada. Silencio sepulcral en las filas populares y en los medios que publicaron los burdos informes made in patriotic police.

Incluso podía llegar a vincular altos mandos de los Mossos con redes de narcotraficantes

La duda me asalta al preguntarme si aquello se cerró con la moción de censura a Mariano Rajoy, tras la sentencia por corrupción de Gurtel, o si con la llegada de Pedro Sánchez se ha seguido operando subterráneamente. Esta semana tiene que declarar en calidad de imputada Paz Esteban, ex Directora del CNI, que fue cesada tras confirmarse en la Comisión de Secretos oficiales que el CNI tuvo pinchados los teléfonos de 18 independentistas. Esto significa que el entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, fue espiado con el programa Pegasus cuando los socialistas ya gobernaban en 2020.

Si las herramientas de un Estado no son suficientes para garantizar la pluralidad y el debate de las ideas, la democracia se tambalea porque el Estado es sensible, no exento de ser golpeado por el cortoplacismo y la demagogia. La legitimidad de la democracia es otorgada como una gran tesoro y si se ensucia hay que enjuagarla con responsabilidades y transparencia. Empezamos mencionando a Nixon y no puedo dejar de pensar en el poco tiempo transcurrido desde aquel presidente mentiroso a la infamia que supondría la vuelta de Trump al poder. Y es que al final, Spain is not tan diferente.