Me van a permitir los lectores de Crónica Vasca que por una vez me escape de la temática habitual de mis artículos, que es la política en Euskadi, para hablar del exministro Alberto Garzón y su intento, infructuoso, de entrar en el sector privado a través de una consultora de asuntos públicos. 

Creo necesario abordar este debate, como ya he dicho en alguna ocasión, por la trascendencia que la selección de élites y su salida puede tener para los sistemas democráticos liberales en Europa y en concreto en España y cómo no, en Euskadi. 

Parto de una base: lo que está sucediendo con Garzón no es producto de una mala manera de entender las salidas de la política. Esto tiene que ver más con las entradas y de cómo el discurso populista al respecto ha impregnado a la izquierda en un marco que no les conviene en absoluto. 

Tal vez a simple vista, pueda parecer lógico que el discurso de las puertas giratorias, de cómo salen los políticos del mundo público para ir al privado y de cómo están los militantes de izquierdas mientras están en política es más propio de la izquierda. Yo, por el contrario, creo que estos discursos son más propios de la derecha o de la extrema derecha. De hecho, este tipo de discursos ya se replica más a ese lado del espectro ideológico que a la izquierda. 

A Garzón se le ha criticado desde la izquierda con argumentos propios de la derecha, los que desprestigian la labor de los políticos como servidores públicos y dibujan para todos ellos una imagen de aprovechados y oportunistas que no se corresponde con la realidad

El razonamiento es sencillo y complejo a la vez, la izquierda siempre debe estar en la defensa de lo público y la política es parte de lo público. 

A Garzón se le ha criticado desde la izquierda con argumentos propios de la derecha, los que desprestigian la labor de los políticos como servidores públicos y dibujan para todos ellos una imagen de aprovechados y oportunistas que no se corresponde con la realidad. Hemos puesto el foco en la salida del ministro, como se pone el foco con otros políticos, pero no nos damos cuenta de que el problema está en la entrada. 

La política es un mundo exigente y desgastante. Implica muchos cambios en las vidas de quienes las ejercen (salvo de algunos, que manzanas podridas también hay). La vida privada de los políticos (más si es política) se ve seriamente perjudicada, el nivel de exposición pública genera muchas ansiedades y estrés, por no hablar del peso de la responsabilidad de gestionar expectativas, recursos, popularidad y personas.

El coste es tremendo y para sortear este coste emocional la política tiene que tener incentivos que animen a los ciudadanos a iniciar una carrera política. Uno de esos incentivos es la retribución económica. Es falso que en el Estado español los salarios de los políticos sean elevados en comparación con sus homólogos europeos, de hecho la mayor parte de los concejales y concejalas del país no cobran salario alguno o lo hacen de manera simbólica. 

Otro de los aspectos más importantes en cuanto a los incentivos es la duración de la vida política. En este sentido, lo lógico es que un político tienda a estar el mayor tiempo posible en cargos y hacer que ese tiempo en política sea productivo a nivel de proyectos realizados.

Todo eso a día de hoy es muy complicado ya que a la labor de la oposición hay que sumar las negociaciones entre partidos que dan al traste con muchos de los planes originales de cualquier político. 

Otro de los incentivos importantes es, en caso del fin de la vida política, qué posibilidades tiene el político de volver al mercado laboral, cuando menos en condiciones de mejora o al menos de quedarse igual a cuando entró en política. La vida media de un político es de 8 años. Si un político empieza con 40 años, sale con 48 y las posibilidades de reincorporarse al mercado laboral son menos. A la postre este incentivo ausente propicia que solo personas con rentas muy elevadas y funcionarios cuya plaza no se pone en peligro sean quienes se animan de manera más decidida a entrar en política. 

El último punto y tal vez el más importante es el de la mejora de las condiciones de vida. Cómo cualquier trabajador, sea este del sector público o del privado, un político aspira a mejorar sus condiciones de vida y las de sus personas cercanas (hijos, hijas, etc). 

Se puede tener una gran vocación de servicio público y mejorar las condiciones vitales propias, siempre y cuando sea dentro de la legalidad

Muchos argumentan que el paso por la política no debería mejorar las condiciones vitales de quienes inician esta carrera, alegando que la política debe ser una profesión o actividad por vocación. Yo creo que una cosa no está reñida con la otra y que se puede tener una gran vocación de servicio público y mejorar las condiciones vitales propias, siempre y cuando sea dentro de la legalidad. 

Por otro lado existen compañeros que argumentan a favor de que Garzón pueda desarrollar su carrera profesional como consultor de asuntos públicos. Aseguran que esta falta de incentivos para entrar, estar o salir de la política hace imposible retener el talento en la política y esas personas o perfiles talentosos acaban en el sector privado que tiene mejores incentivos y menos desgastes. 

Estoy de acuerdo, pero en este debate dialéctico debo añadir que lo realmente preocupante no es la retención del talento, si no que estamos impidiendo la entrada de sectores importantes de la sociedad a la política y esto, en los tiempos que vivimos en los que deberíamos agregar manos, cocas y cerebros en favor de la democracia y en contra de los autoritarismos, es una mala idea.