El lehendakari Imanol Pradales iniciará durante los próximos días una ronda de contactos con el resto de partidos políticos vascos de la que ha decidido excluir a Vox, partido que, tras obtener casi 22.000 votos en las últimas elecciones autonómicas, renovó el escaño del que ya disponía en el Parlamento Vasco en la persona de la diputada Amaia Martínez.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado las razones por las cuales Imanol Pradales no se reunirá con Vox: "Esta ronda de contactos tiene como objeto buscar unas mínimas bases para el futuro de nuestro país" y "mientras el resto de partidos comparten el marco de los valores democráticos, los derechos humanos y el reconocimiento del autogobierno, Vox no lo comparte, por lo que vemos que no tiene sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que no respeta ese marco principal que está sobre la mesa".

A pesar de que Iñigo Urkullu sí se reunió con Vox en 2020, esta decisión del Gobierno Vasco viene a seguir la senda iniciada la pasada legislatura por los partidos con representación en el Parlamento Vasco (salvo el PP y Ciudadanos), los cuales ni siquiera respondían a Vox, como si no existiera o fuera un apestado. 

A pesar de que Iñigo Urkullu sí se reunió con Vox en 2020, esta decisión del Gobierno Vasco viene a seguir la senda iniciada la pasada legislatura

De las explicaciones dadas, concluimos que el Gobierno Vasco considera que Vox no respeta los valores democráticos ni los derechos humanos ni el autogobierno vasco. De esta afirmación concluimos que el Gobierno Vasco y los partidos que lo conforman no entienden el funcionamiento del sistema democrático ni lo que puede ser considerado o no democrático. O que hacen como si no lo entendieran por razones propagandísticas y electorales, lo que viene a ser lo más probable. Me voy explicando.

Desde luego, si un partido político no respeta los valores democráticos ni los derechos humanos, debe estar fuera, pero no solo de la ronda de partidos auspiciada por Imanol Pradales, sino fuera del sistema democrático. Es, sin ir más lejos, lo que se hizo con Herri Batasuna y marcas semejantes a comienzos de siglo y con la oposición frontal, por cierto, del PNV: dado que la llamada "izquierda abertzale" compaginaba una doble estrategia política y militar y justificaba y apoyaba los asesinatos de la banda terrorista ETA, actividad a la que sostenía y de la que se servía para intentar alcanzar sus objetivos políticos, se decidió aprobar la ley de partidos que a continuación aplicaron los jueces y los tribunales para ilegalizar a quienes no eran sino los servicios auxiliares de ETA. Fue un paso indispensable para lograr la derrota de la banda. 

Sin embargo, a Vox no se le conoce actividad terrorista alguna y, desde luego, no parece que se dedique a apoyar o justificar asesinatos de conciudadanos, cosa que sí hizo Batasuna. Es verdad que el Gobierno Vasco no está proponiendo de momento la ilegalización de Vox sino que simplemente la deja fuera de su ronda de contactos. Además, el Gobierno Vasco tiene todo el derecho del mundo a reunirse con quien considere. El problema es que en las explicaciones con las que justifica no reunirse con Vox, lo acusa de no respetar "los valores democráticos, los derechos humanos y el autogobierno".

El Gobierno Vasco y los partidos que lo conforman no entienden el funcionamiento del sistema democrático ni lo que puede ser considerado o no democrático

Y lo de no respetar los valores democráticos o los derechos humanos es lo suficientemente grave como para que merezca una aclaración. Y la exige alguien que, como es el caso, no ha votado ni va a votar nunca a Vox, cosa irrelevante a los efectos que nos ocupan. Además, el PNV nunca dejó de reunirse, en público y en privado, con la Batasuna o marcas sinónimas que justificaban el asesinato de conciudadanos por parte de ETA incluso en plena actividad terrorista. Por ello esta decisión del Gobierno Vasco resulta contradictoria, además de hipócrita.  

Por otro lado, y es casi tan grave como lo anterior, el Gobierno Vasco vuelve a unir la defensa del autogobierno vasco con los valores democráticos o el respeto a los derechos humanos, como si la única forma de ser demócrata en Euskadi o en el conjunto de España fuera defendiendo el actual modelo de Estado y la distribución actual de competencias entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas; o sea, que uno es demócrata si defiende el Estado Autonómico, el federalismo asimétrico o el confederalismo al que muchos aspiran, y ya no digamos el Concierto Económico o los derechos forales, el sanctasanctórum de la democracia vasca. O la independencia. Si no lo compartes, no eres demócrata. 

Pero es justo lo contrario: lo que cabe exigirse es el respeto a la ley común y a los procedimientos democráticos para modificarla, desde la Constitución Española pasando por el Estatuto de Gernika o la última ley que nos afecte. Sin embargo, el Gobierno Vasco considera que es antidemocrático cuestionar o pretender cambiar democráticamente el actual modelo de Estado si se plantea hacerlo en sentido contrario a los que ellos proponen, y ello mientras abraza o incluso se presenta conjuntamente a unas elecciones con aquellos que intentaron subvertirlo con un golpe de Estado, como es el caso de los independentistas catalanes, cuya amnistía además celebra.

El PNV nunca dejó de reunirse, en público y en privado, con la Batasuna o marcas sinónimas que justificaban el asesinato de conciudadanos por parte de ETA

Imanol Pradales y los restantes miembros del Gobierno Vasco deberían saber que tan democrático es avanzar en el autogobierno como corregir sus excesos, defender la monarquía constitucional que disfrutamos como proponer una república, defender el federalismo asimétrico que procura la desigualdad entre territorios y personas como proponer la devolución de competencias al Gobierno de España en defensa de la igualdad y del interés general. La cuestión es proponerlo a través de los cauces democráticos y respetando a los adversarios políticos.

Y, desde luego, respetando a las minorías. Además, la ronda que iniciará en breve Imanol Pradales no es para conformar gobierno (en cuyo caso se entendería que se reuniera únicamente con quien quisiera formarlo) sino un formalismo democrático más estético que otra cosa para reconocer a los oponentes políticos como legítimos adversarios. Por eso el mensaje del Gobierno Vasco tiene su relevancia y no puede dejarse pasar por alto. 

Si Imanol Pradales considera que Vox no respeta los derechos humanos, deberá explicar convincentemente semejante afirmación y aportar pruebas y, a continuación, proponer su ilegalización. No creo que lo haga.