Menos identidad, más derechos humanos

Habemus cumbre de líderes europeos. No sabemos si el humo saldrá blanco o negro pero 17 países presentarán entre hoy y mañana, un borrador con propuestas en materia de inmigración.

Desde hace meses, la migración, los y las migrantes, han sido colocados bajo el foco político y nos han hecho creer que son nuestra máxima preocupación, por encima incluso de la vivienda, la sanidad o la educación.

Sin embargo, los datos son tozudos y cuando se colocan frente a aquellos que pretenden convertir esta cuestión en prioritaria no porque necesite solucionarse sino porque requiere, a su entender, de medidas drásticas y poco solidarias, su argumento cae. Lo difícil es conseguir que ese sesgo de confirmación que sufren quienes defienden esas posturas, caiga también. 

El 54% de la ciudadanía cree que vive con nosotros una proporción de inmigrantes superior a la real. Si en España vivimos casi 49 millones de personas y solo 9 nacieron en el extranjero, las cifras reales no cuadran con las imaginadas. El dato del INE avala que un 18,5% de la población es extranjera en España, pero la percepción de la ciudadanía es que esa población representa el 30,2%. Muy lejos una cifra de otra. Contribuye a cebar este imaginario la utilización de términos como invasión, efecto llamada, devolución en caliente o deportación por parte de algunos de nuestros representantes políticos. 

Nuestro país necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados en 2053

A mí me gusta más quedarme con la advertencia que hace unos meses nos lanzó el Banco de España. Nuestro país necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados en 2053. Entonces habrá casi 15 millones de pensionistas, pocos jóvenes cotizantes y un sistema público de pensiones difícil de sostener si no contamos con las aportaciones que a la Seguridad Social hagan los nuevos ciudadanos españoles.

Si nos quedamos con estos datos y no con los del peligro para nuestra seguridad que supone la inmigración que malintencionadamente señalan desde ciertos ámbitos, saldremos ganando. 

Por supuesto que pueden darse, y se dan, problemas puntuales de convivencia pero elevar esto a la categoría de crisis es una falacia. Poner permanentemente en la diana a quienes se juegan su vida por alcanzar una mejor, incluso dejando a sus propios hijos e hijas en sus países de origen y conviviendo con el dolor de la distancia, es tan insolidario y canalla que solo el apoyo de la ciudadanía puede solapar el sufrimiento. 

Y qué me dicen de los jóvenes. Sean de donde sean, sabemos que un joven sin formación, sin educación, sin opciones de futuro o sin proyecto de vida es carne de cañón. No importa dónde haya nacido, en Bilbao o en Senegal, en Colombia o en Casablanca. Sólo mediante programas de educación que los saquen de la calle y les faciliten la entrada en el circuito social alcanzarán su sueño de vivir una vida mejor.

Si esas personas que hoy vienen a nuestro país consiguen desarrollarse, formarse y trabajar nosotros podremos cobrar nuestras pensiones

Y eso ¿cómo lo pagamos, con nuestros impuestos? Pues sí, no queda otra. Aunque sea por propio egoísmo. Si esas personas que hoy vienen a nuestro país consiguen desarrollarse, formarse y trabajar nosotros podremos cobrar nuestras pensiones. Es un argumento muy individualista pero puede que sea la única forma de cambiar el punto de vista. El bolsillo, cuando nos lo toca, grita. 

En la Cumbre de Bruselas que se celebra entre hoy y mañana, 17 países van a exigir acelerar y aumentar las deportaciones y que se facilite el traslado de los inmigrantes irregulares a terceros países tal y como ya viene haciendo, por ejemplo, el Reino Unido. O cómo Italia, que ha comenzado su propia deportación de inmigrantes a Albania pagando 18.000 euros por cada traslado individual.

Son varios los países que se han interesado ya por ese país como destino para los migrantes que lleguen a sus tierras. Y Turquía lleva camino de convertirse en el lugar del mundo con más centros de internamientos. 

El documento ya está redactado y asegura que las personas sin derecho a estar en territorio comunitario tienen que rendir cuentas. Pretenden simplificar los procedimientos de expulsión y un mayor control de fronteras.

La derecha, la izquierda, los conservadores y los ultras coinciden en su voluntad de implementar un nuevo pacto migratorio en el plazo de dos años. Lo piden de la misma manera países como la Italia de la ultra Georgia Meloni o de la socialdemocracia danesa. En esto sí hay consenso, parece. 

Duele ver cómo este planeta globalizado que se pretendía abierto y libre cierra sus puertas a aquellas personas que sufren las guerras, los efectos del cambio climáticos, la violencia sexual o el expolio de sus propias tierras.

La fuerza de los mensajes negativos que se lanzan desde los estrados y las tribunas es inmensa

En pocos meses, la inmigración que se situaba en el noveno puesto de nuestras preocupaciones ha pasado, según el Barómetro de Estudios Sociológicos, a la primera posición. La fuerza de los mensajes negativos que se lanzan desde los estrados y las tribunas es inmensa. Ojalá cale también el mensaje de la necesidad imperiosa que tenemos de aumentar nuestra población con la llegada de personas migrantes. 

No debemos discutir si vienen o no; lo verdaderamente importante es pensar en cómo gestionamos esas necesarias llegadas, como integramos a esas personas en nuestra sociedad y como evitamos la desigualdad social. Mejor hablamos más de derechos humanos y menos de identidad.