A vueltas con el problema de la vivienda

La primera condición para comenzar a resolver el problema de la vivienda es reconocer y aceptar que no hay soluciones mágicas, y que, aunque lo ideológico es inevitable y consustancial a lo político, a veces conviene elevarse sobre nuestros prejuicios, atender a los datos y a la experiencia, ver qué se ha hecho en otros lugares, estar dispuesto a contradecirse y escuchar a los que no son de tu cuerda; aunque parezca una blasfemia, es posible que tu adversario aporte nuevas ideas que ayuden, si no a resolver en su totalidad (cosa seguramente imposible), al menos a paliar el grave problema que sufrimos.

El problema es que en general la vivienda es muy cara en España y en particular en Euskadi. Es decir, que tienes que dedicar una buena parte del sueldo solo a tener un techo donde residir, bien sea para pagar la hipoteca en el caso de que tengas un piso en propiedad, bien sea para hacer frente al pago de la renta si vives de alquiler.

Las circunstancias personales pueden agravar o suavizar el problema: si eres soltero y vives solo, dispondrás de un único sueldo para destinar a la vivienda, por lo que te resultará más dificultoso hacer frente a los pagos, incluso aunque el piso en el que vivas sea de tamaño reducido (que son proporcionalmente más caros), y si tienes hijos menores a cargo, más todavía.

Si tienes la suerte de disfrutar de un piso de protección oficial, estarás pagando una cuantía mucho menor que la media de tus conciudadanos, incluso aunque tu sueldo no sea menor que el de muchos de ellos que no tienen la suerte de disfrutarlo

En cambio, si tienes un buen sueldo, tus problemas serán menores, y esto suele valer para muchos de los problemas que nos afectan. La cuestión es que los sueldos hoy suelen ser bajos, y los trabajos, temporales y precarios, especialmente entre los jóvenes, por lo que la cosa se complica. 

Si tienes la suerte de disfrutar de un piso de protección oficial, estarás pagando una cuantía mucho menor que la media de tus conciudadanos, incluso aunque tu sueldo no sea menor que el de muchos de ellos que no tienen la suerte de disfrutarlo.

Además, vivir en determinados barrios y ciudades es mucho más caro que hacerlo en otros, y eso que los precios tienden hacia lo imposible en casi todos los lugares.

Pero todavía hay diferencias que parecen lógicas: no es lo mismo vivir en el centro de San Sebastián que en las afueras, ni es lo mismo vivir en una ciudad junto al mar y con todos los servicios disponibles que aislado en la montaña, del mismo modo que no es lo mismo residir en Bilbao, Madrid o Barcelona que en Cuenca. O sea que, aunque hay gustos para todos, el que algo quiere algo le cuesta. 

Desde luego, la mayoría queremos seguir viviendo donde hemos nacido, especialmente si esa ciudad nos ofrece buenos servicios, clima agradable y, en general, calidad de vida; el problema es que no existe el derecho a permanecer toda la vida allí donde naciste, por lo que cabe la posibilidad de que tengas que buscarte la vida en otras latitudes.

Y no digamos ya tus hijos, que, tal como están las cosas, es muy probable que tengan que trasladarse lejos de donde nacieron o pasaron sus primeros años de vida.

Que tampoco tiene por qué ser una desgracia, el problema es cuando las circunstancias obligan. Quienes viven en pueblos recónditos o ciudades poco transitadas no tienen ese problema: ahí los precios son más bajos, acorde supuestamente al nivel de vida que disfrutan. 

Pero sí, la vivienda es un grave problema. Tanto, que el pasado fin de semana el propio Gobierno de España se manifestó en Madrid pidiendo soluciones, dado que la ley de vivienda que acaba de aprobar seis años después de llegar a la Moncloa y que debe supuestamente aplicarse en todo el país no puede aplicarse porque la competencia es autonómica.

Así que no está claro si durante todo este tiempo no ha tomado medidas porque no tiene competencias o si por fin las ha tomado ahora pero sabe que no pueden aplicarse. Quizás una mezcla de ambas opciones.

Además, tampoco es que en las comunidades autónomas donde gobierna la izquierda se hayan tomado medidas milagrosas, y lo mismo ocurre donde gobierna la derecha. Así que conviene estar abierto a soluciones eficaces que ya hayan dado resultados en otros países o a soluciones creativas que pudieran darlos a partir de ahora. 

En Euskadi, por ejemplo, aprobamos hace una década la que se consideró la ley de vivienda más avanzada del Estado, ley que salió adelante gracias a mi voto decisivo tras negociarla con el PSE, a cuyo dictamen se sumó después Bildu.

Aquella ley logró básicamente tres cosas que consideré un éxito en aquel momento: en primer lugar, instaurar el derecho subjetivo a una vivienda digna, esto es, que todo ciudadano tenga el derecho a disfrutar de una solución habitacional o a recibir una contraprestación económica por parte del Estado que lo compense y lo ayude a paliar el problema.

En segundo lugar, que toda la vivienda pública que se construyera a partir de aquel momento fuera en alquiler, de modo que fuera destinada en cada momento a quienes más la necesiten: no puede ser que personas con muy buenos sueldos disfruten de viviendas de protección oficial durante toda su vida mientras otros muchos apenas pueden llegar a final de mes ahogados en su alquiler o en su hipoteca, algo que ha sido permitido e incluso fomentado por los gobiernos durante décadas; y en tercer lugar, impedir o dificultar el desahucio de personas vulnerables o la puesta a disposición de soluciones habitacionales a quienes no pudieran hacer frente a sus deudas.

Además, uno de los objetivos de la ley de vivienda era sacar al mercado la vivienda vacía, como forma de elevar la oferta y, de ese modo, disminuir los precios. El resultado ha sido irregular, en parte porque no era la panacea, y en parte porque no se ha desarrollado en todos sus extremos; al fin y al cabo, el PNV nunca creyó en ella; y porque el compromiso presupuestario de los gobiernos con la vivienda pública sigue siendo limitado. 

En todo caso, parece indispensable ampliar el parque de vivienda pública en alquiler e igualarnos al nivel de los países europeos más avanzados, y destinar dichas viviendas a quienes las necesiten durante el tiempo que las necesiten y en la esperanza de que no las necesiten siempre, dado que tal cosa significará que ya habrán abandonado su situación de vulnerabilidad, y que dichas viviendas podrán ser disfrutadas por otros. 

Además, puesto que hay numerosa vivienda deshabitada que no sale al mercado, se trata de implementar medidas para que a sus dueños les compense hacerlo, garantizándoles la máxima seguridad jurídica y luchando contra la okupación, y, de paso, impedir la exigencia al inquilino de condiciones que a veces me parecen inconstitucionales.

Hay que combinar la ley de la oferta y la demanda con intervenciones del Estado, incluidas ayudas a quienes más las necesitan para que dejen de necesitarlas cuanto antes

Al incrementarse la oferta, se reducirían los precios o al menos no se incrementarían del modo en que lo han hecho hasta ahora. Hay quien viene planteando topar los precios de los alquileres, pero la idea no parece que pudiera facilitar que quien no pueda acceder a una vivienda pueda hacerlo sino que los que más fácilmente pueden hacerlo, paguen menos. 

Hay que combinar la ley de la oferta y la demanda con intervenciones del Estado, incluidas ayudas a quienes más las necesitan para que dejen de necesitarlas cuanto antes. Además, los gobiernos deberían invertir más en aquellos lugares hoy menos atractivos, de modo que no sea indispensable vivir en los centros de las ciudades para disponer de una vivienda digna y disfrutar de un entorno amable y unos buenos servicios públicos.

Es decir, fomentar áreas alternativas de desarrollo económico, invertir en lugares menos atendidos, rehabilitar viviendas y garantizar que haya mejores servicios públicos donde los hay peores; se llama políticas públicas y planificación urbanística.

Por lo demás, se trata de mejorar la economía del país y que ello repercuta en el bienestar de la mayoría, de crear empleos dignos, estables y bien pagados, de saber controlar la inflación y el euríbor, de disponer de unos buenos servicios públicos y de atender a los ciudadanos en situación más vulnerable.

Todo ello, como el concreto problema de la vivienda, se resuelve con medidas serias, efectivas y de largo alcance, no con demagogia ni electoralismo. El problema es que a los partidos no les preocupan las próximas generaciones sino las próximas elecciones, que son siempre a la vuelta de la esquina.