Las pensiones o el arraigo, problemas que surgen en la política.
Un curioso efecto de la política es el súbito reconocimiento de la existencia de problemas que durante décadas los gobernantes juran que no existen. De pronto, afloran polémicas concretas (a raíz de problemas evidentes) que habían permanecido cuidadosamente orilladas.
Durante décadas, aventurar la inviabilidad o la problemática viabilidad del sistema de pensiones era envenenar con infundios el bienestar inmarchitable de una sociedad felicísima. Cualquier apunte al respecto provenía de un saboteador interesado.
Eso no impedía que cada nueva reforma del sistema de pensiones supusiera un empeoramiento de las condiciones de acceso, un endurecimiento de los requisitos y una disminución en las cuantías. Y, por alguna misteriosa conjunción astral, ni los partidos ni los sindicatos denigraban esas mordidas con el recurrente marchamo de “recortes”.
Si hay algo positivo en tan sombríos augurios es que el tabú salta por los aires: se discute sobre algo hasta ayer indiscutible. Para la resolución de cualquier problema, es un paso mínimo pero absolutamente necesario reconocer que el problema existe. Porque llamar fascista a quien lo hacía no da resultados
Pero, tras décadas de silencio, por fin se abre el debate y, con él, se hace explícito el temor (o el terror) a que el sistema reviente un día. Economistas de referencia coinciden en que el sistema público de pensiones no puede sostener los equilibrios que funcionaron durante décadas: envejecimiento acelerado, disminución de los cotizantes y pensiones elevadas llevan camino de componer una tormenta perfecta.
“La gente quiere dejar de trabajar con 55 o 57 años, pero eso no es posible”, ha advertido Gonzalo Bernardos. España se dirige de forma inevitable hacia una jubilación tardía. Y alude al caso de Dinamarca, que ha fijado en 70 años la jubilación para el año 2040. Santiago Niño Becerra ha sido más contundente: “el sistema de pensiones ha muerto”.
Si hay algo positivo en tan sombríos augurios es que el tabú salta por los aires: se discute sobre algo hasta ayer indiscutible. Para la resolución de cualquier problema es un paso mínimo pero absolutamente necesario reconocer que el problema existe. Porque llamar fascista a quien lo hacía no da resultados.
Algo parecido ocurre en Euskadi con las “políticas de arraigo” que impulsa ahora el Gobierno vasco. Se ha desplegado una alianza de administraciones, fondos de inversión, EPSV y las escasísimas entidades financieras aún domiciliadas en Euskadi para arraigar empresas al territorio y detener la sangría de proyectos empresariales que buscan acomodo en otra parte.
De nuevo, medidas para afrontar problemas cuya existencia se negaba. En 2023, el laboratorio de ideas Zedarriak recibió un severo correctivo por parte del gobierno y de su partido principal. Había puesto sobre la mesa problemas evidentes: la “pérdida de liderazgo de Euskadi” y el “desarraigo de la mayoría de las empresas que impulsaron el desarrollo económico en el pasado”. Se criticó con furor que hablaran de semejante “desarraigo”. Pues algo de verdad habría en ello si ahora el gobierno concierta medidas para “arraigar” a los que se fueron, se están yendo o se irán muy pronto.
Soy escéptico con las iniciativas públicas que pretenden dirigir la iniciativa privada. Mejor sería que establecieran marcos legales y sociales favorables a la implantación de empresas
Soy escéptico con las iniciativas públicas que pretenden dirigir la iniciativa privada. Mejor sería que establecieran marcos legales y sociales favorables a la implantación de empresas. Pero, de nuevo, hacer algo es ya reconocer que hay un problema, un problema que durante décadas se negó con el silencio impuesto o con la descalificación de quien tuviera la insolencia de exponerlo.
Por supuesto, hay más “problemas que no existen” pero que muy pronto existirán. Adelanto un inminente alumbramiento: el euskera en una sociedad como la bilbaína (donde hay barrios en los que sólo te sientes un poco en casa cuando, en medio de una algarabía incomprensible, por fin escuchas unas palabras en español con acento colombiano) o la vitoriana (ciudad castellanoparlante donde, además, el 45% de los nacimientos son ya de madre extranjera).
Por supuesto, debatir el papel de nuestras lenguas en un contexto de inmigración masiva no es, bajo ningún concepto, un problema real. Hay que ser muy fascista para imaginar que pueda serlo. Pero no llegaremos al 2030, calculo yo, sin que el inexistente problema se haga visible un día, con la contundencia con que a veces revienta ante nuestros ojos la mera realidad.
