Donald Trump.
Por encuadrar la situación en la que nos encontramos: Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa y concedido la potestad de decidir cómo recaudamos y distribuimos nuestros dineros los ciudadanos españoles a un independentista catalán inhabilitado para cargo público por malversación, o sea, por corrupción, quien trató de lograr la independencia de Cataluña a través de un golpe contra la Constitución Española y quien actualmente sigue defendiendo que Cataluña se separe del resto de España…
O sea, que sea él quien decida el sistema de financiación y reparto del dinero de todos los ciudadanos españoles (salvo los vascos y los navarros, quienes ya gozan de financiación privilegiada a través de sus correspondientes conciertos económicos).
Y con la aquiescencia de los militantes socialistas, mudos, salvo cuatro gatos, ante semejante indecencia. Qué cosas, ¿verdad?
Realmente, es todavía peor, porque, producto de la negociación entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de ERC que quiere independizarse, ambos han acordado que Cataluña, gracias a ese nuevo sistema, aporte menos y reciba más, amplíe sus competencias recaudatorias, se distinga del resto de Comunidades Autónomas y, así, se acerque un poco más a la independencia.
Es el botín que se llevaría Junqueras si hubiera mayoría en el Congreso de los Diputados para que semejante acuerdo se desarrolle. O sea, que Sánchez no sólo legitima la corrupción y el independentismo insolidario y reaccionario que representa Junqueras, sino que lo privilegia y premia, para agradecer, supongo, que no impulse, de momento, un segundo golpe contra la convivencia del conjunto de los ciudadanos españoles.
El pacto no incluye, de momento, la cesión del 100% del IRPF pero todo se andará, porque Junqueras no se ha comprometido más que a no hacer caer a Pedro Sánchez, única cosa que a este le importa. Es la curiosa negociación entre quien quiere romper España y quien debería defenderla: uno cede lo que es de todos para continuar en Moncloa y el otro sólo se compromete a seguir beneficiándose a sí mismo y a Cataluña, a costa del resto de comunidades autónomas.
En esto es en lo que se ha convertido el PSOE que se dice de izquierdas pero no lo es: en lugar de defender la igualdad, la justicia social, la redistribución de la riqueza y la equidad, privilegia a una de las comunidades más ricas para que aporte menos y reciba más; si la izquierda oficial defiende esto hoy y la derecha del PP lo critica porque se rompe la igualdad, quizás no se pueda llamar fascista a quien decida romper con los socialistas y apoyar al PP, al menos mientras no haya otra cosa a la que se pueda votar.
De momento, es lo que ya ocurrió en Extremadura y puede volver a ocurrir a continuación en Aragón, en Andalucía y en cada uno de los lugares donde se convoquen elecciones y los ciudadanos tengan por fin la posibilidad de votar, incluidas las elecciones generales que podrían suponer el fin político de Sánchez.
Antes es posible que se produzca el fin político de Pilar Alegría o María Jesús Montero, artífice de esta negociación con el independentismo catalán, quienes a duras penas podrán balbucear, en sus respectivas campañas electorales, que los ciudadanos de Aragón o de Andalucía recibirán menos para que Cataluña reciba más, puesto que es el peaje que deben pagar para que Sánchez continúe un rato más en la Moncloa y nos continúe salvando de la extrema derecha, esa que no para de crecer desde que él gobierna.
A este paso al socialismo sólo van a votarlo en Cataluña, donde ya ejerce como partido nacionalista a través de su partido hermano, el PSC, el tonto útil de las reivindicaciones independentistas.
El pacto es, en fin, un atropello a la igualdad de los ciudadanos españoles y de las comunidades autónomas, y, además, una indecencia, dado que se negocia, se acuerda y se cede con y ante un condenado por corrupción política cuyo objetivo principal es vivir del cuento y de España mientras no pueda romperla para crear a continuación un país independiente.
No se premia a los que cumplen las leyes y respetan el ordenamiento jurídico sino a quienes lo socavan, y exclusivamente por conveniencia propia de Pedro Sánchez, cuyo partido difícilmente va a poder recuperarse de semejante número de traiciones a su propio programa político y a su historia.
La buena noticia entre tanta desvergüenza es que este pacto no va a poder aplicarse dado que, al menos de momento, no goza de la mayoría en el Congreso de los Diputados. Es curioso que Sánchez, que había logrado subrayar al menos tímidamente su perfil izquierdista tras el desembarco de Trump en Venezuela, haya decidido recordarnos, con este pacto infame, que es uno de los que más viene atacando los principios básicos de la izquierda, lo que, acumulado a los casos de corrupción que lo acorralan, sólo lo puede llevar al desastre electoral en las próximas elecciones generales.
