Facultad de la UPV/UPV
Imaginemos la siguiente situación: en la Universidad del País Vasco, una mujer es vejada por personas de la comunidad universitaria, decide no callarse, denuncia los hechos públicamente, los agresores la intimidan junto a quienes han apoyado su queja mediante correos electrónicos que le acusan de criminalizarlos; el rector en un comunicado anuncia que lleva tiempo trabajando sobre la violencia contra las mujeres y compartiendo reflexiones al respecto, que abre un espacio de escucha de todas las partes implicadas, agresores y vejada, con la mediación y enfoque restaurativo como principios rectores al respecto.
La mujer agredida, al leer este comunicado de su rector, agarra el teclado y le escribe una carta. Esta, por ejemplo.
Estimado Joxerramón: te escribo indignada tras leer el comunicado que has tenido a bien enviar a toda la comunidad universitaria tras mi denuncia pública por haber sido agredida en la UPV/EHU. Debo decirte, en primer lugar, que si quiero escuchar un sermón mejor me voy a una iglesia, con los especialistas. Del rector de mi universidad es lo último que espero, sobre todo si tu sermón me confunde con mis agresores, me conmina al diálogo con ellos y me imputa una parte alícuota de la responsabilidad en restaurar una convivencia que yo nunca he deteriorado. Te rogaría que, en vez de ello, simplemente cumplas y hagas cumplir las normas que nos hemos dado como comunidad universitaria y que regulan perfectamente la actuación en el caso de agresiones como la que he sufrido. Sabes mi nombre de sobra, pero firmaré como “la víctima”, para que no se te olvide.
Ya podemos dejar de imaginar porque esta es hoy exactamente la situación que vivimos en la UPV/EHU. Joxerramón Bengoetxea ha optado por trasladar a la universidad la doctrina de Bildu respecto del posicionamiento de los poderes públicos ante la violencia política.
En primer lugar, asumir que existe “un conflicto” y no una simple y llana vulneración de los principios de la convivencia por parte de grupos muy concretos a los que, de momento, el rector se niega incluso a nombrar.
En segundo lugar, dar por hecho que dicho conflicto se produce por un deterioro de la convivencia universitaria por “situaciones y procederes” que, de nuevo, no tienen ni padre ni madre, siendo así de responsabilidad difusa. En tercer lugar, y como consecuencia de las anteriores presunciones, montar un “proceso interno” para elaborar un protocolo de actuación.
A lo mejor el rector no ha tenido conocimiento cabal de la situación, cosa más que dudosa, pero por si acaso: no existe conflicto alguno en la UPV, lo que sí hay son grupos provenientes de la izquierda abertzale que, dando continuidad a rutinas a las que nunca han renunciado, entienden que el espacio público es exclusivamente suyo.
Las “situaciones y procederes” son amenazas, pintadas en las sedes sindicales, correos electrónicos intimidatorios o nombres en dianas y no surgen de manera espontánea sino que tienen autoría, la que hace unos días señalaban los ex-vicerrectores de Álava.
Pero lo más importante de todo es que no hace falta ningún proceso interno para elaborar un protocolo porque ya existe desde 2023 y se llama Reglamento de Faltas y Sanciones del Estudiantado. El único motivo por el que no se aplica es porque así lo ha decidido el rector.
Esto es de una gravedad notable porque el mensaje que transmite a la comunidad que dirige es que las normas universitarias están para no cumplirlas o, en todo caso, hacerlo solo cuando convenga a la política del rectorado y no en otras ocasiones.
Es lo más cerca que puede estar la universidad de la arbitrariedad: el rector genera espacios de excepción normativa según le parezca conveniente. Depender del capricho del gobernante para que las normas tengan o no validez espantaba a Montesquieu hace casi trescientos años. Ahí, de paso, se está jugando la legitimidad para exigir el cumplimiento de otras normas esenciales para que la UPV/EHU pueda funcionar de manera cabal.
A Bengoetxea le viene fatal cumplir con esa normativa de la universidad porque tendría que aplicarla a quienes está mimando y consintiendo con su comunicado. El amparo que otorga con él a los agresores, tanto de personas como de patrimonio, es el que niega a los agredidos.
¿Quiere el rector realmente un acto mínimamente restaurativo para los agredidos? Haga, simplemente, lo que le pidió un profesor amenazado recientemente cuando le preguntó que podía hacer por él: una denuncia pública y clara de los agresores, nombrando a los responsables, y un apoyo incondicional al agredido. Ese profesor, Carlos Martínez Gorriarán, se ha jubilado esperando.
![El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicavasca\/2026\/03\/24\/actualidad\/1003742744878_15875228_320x180.jpg"])
