Energía eólica Pixabay
Durante cuarenta años, España generó su electricidad casi a escondidas. Cinco emplazamientos nucleares, una veintena larga de ciclos combinados, un puñado de térmicas de carbón: menos de cien municipios —de los 8.132 que tiene este país— soportaban físicamente el aparato que encendía las luces de los otros ocho mil. Nadie protestó demasiado, porque la incomodidad estaba lejos y era de otros. El sacrificio se concentraba; el beneficio se repartía.
Ese modelo se acabó, y no por capricho ideológico, sino por física. La energía del viento es de baja densidad: está repartida por el territorio y hay que recogerla repartida por el territorio.
Un ciclo combinado de 800 megavatios cabe en dos grupos y un solo municipio. Esos mismos 800 megavatios en eólica son unos veinte parques en treinta o cuarenta municipios.
Y eso solo iguala la potencia: para producir la energía que aquel ciclo entregaba al sistema —unos 4.800 gigavatios hora al año— hacen falta más de cuarenta parques, porque el factor de capacidad de una turbina no es el de una central de gas. Sesenta u ochenta municipios. Uno se convierte en ochenta.
La energía del viento es de baja densidad: está repartida por el territorio y hay que recogerla repartida por el territorio
Y ahí es donde ha aparecido el "no". Hoy hay parques eólicos en algo más de 850 municipios españoles, en torno al 10% del total, y son los que sostienen la tecnología que en 2024 cubrió el 24% de la demanda eléctrica nacional.
Las otras nueve décimas consumen exactamente igual, pagan la misma tarifa y muchas se permiten además el lujo de decir que no.
Digámoslo sin eufemismos: cuando un ayuntamiento rechaza sistemáticamente cualquier instalación de generación en su suelo, no protege su paisaje. Traslada el coste al municipio de al lado y se queda el beneficio íntegro.
Quiten también la antena, ya que estamos. Nadie la quiere en su tejado, pero todos exigen cobertura. Si cada uno de los 8.132 municipios españoles puede vetar cualquier infraestructura de interés general que no sea estrictamente suya, no hay antenas, ni depuradoras, ni red eléctrica, ni país.
Conviene además recordar quién decide qué. Un parque eólico no aparece de la nada en el pleno de un ayuntamiento: llega después de una evaluación de impacto ambiental, una autorización administrativa previa y una autorización de construcción, otorgadas por el órgano competente tras el informe de los servicios técnicos de patrimonio natural, paisaje, aguas y avifauna.
Cuando un ayuntamiento rechaza sistemáticamente cualquier instalación de generación en su suelo, no protege su paisaje. Traslada el coste al municipio de al lado y se queda el beneficio íntegro
Cuando el expediente aterriza en el municipio, ya lo han examinado todos los que tenían algo técnico que decir, y todos han dicho que sí. Y entonces el pleno abre un planeamiento urbanístico anterior a la transición energética, redactado cuando nadie imaginaba que habría que generar electricidad de otra manera, y lo tumba.
Eso no es autonomía local. Los ayuntamientos no son soberanos, ni siquiera en su propio término. La Constitución les reconoce autonomía para gestionar sus respectivos intereses, y el Tribunal Constitucional aclaró hace cuarenta y cinco años que autonomía y soberanía no son la misma cosa.
La palabra que lo decide todo es "respectivos". Un ayuntamiento tiene mucho que decir sobre por dónde va el vial de acceso, cómo se restauran los taludes o qué compensación reciben sus vecinos; no tiene título competencial para decidir si España genera electricidad.
Y su "no" es la coartada perfecta: no necesita informe, ni motivación, ni contrapeso. Basta con no aprobar. Gratis para quien lo emite y carísimo para todos los demás.
Cataluña acaba de enseñarnos adónde lleva ese camino. El PLATER, el plan que debía ordenar de una vez dónde se instalan la eólica y la fotovoltaica, se ha topado con cerca de trescientos ayuntamientos adheridos a un manifiesto en contra, y la Generalitat ha aplazado su aprobación hasta 2027.
Se preguntó municipio a municipio y se obtuvo la respuesta previsible: en el mío no. El problema no es de personas ni de siglas, es de diseño: cuando quien decide no soporta el coste de la decisión, y quien soporta el coste no decide, el sistema se bloquea solo.
Un ayuntamiento tiene mucho que decir sobre por dónde va el vial de acceso, pero no tiene título competencial para decidir si España genera electricidad
Lo que se pide no es un cheque en blanco: se pide que quien tiene la competencia la ejerza. El Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones tienen atribuida por ley la ordenación energética y territorial, y son ellas las que deben decir dónde sí y dónde no, con criterios técnicos, públicos e iguales para todo el territorio.
Habrá impacto, claro; lo hay en toda instalación que produzca un solo kilovatio. Pero el de un parque eólico es de los pocos que se pueden deshacer: veinticinco años después se desmontan las torres y el monte vuelve a ser monte. Eso no puede decirlo ninguna central que haya pasado sesenta años quemando carbón.
La pregunta ya no es si queremos eólica, fotovoltaica y baterías: eso está decidido, y lo decidimos todos. La pregunta es dónde. Y "en cualquier sitio menos aquí", multiplicado por ocho mil ciento treinta y dos, da exactamente cero.
Ese cero se paga en gas importado, en dependencia exterior, en precio y en emisiones, y lo pagan también los municipios que se felicitaron por haber salvado su cresta.
Nadie que promueve estas instalaciones viene a estropear nada: se trata de hacer, en el territorio de alguien, lo que durante cuarenta años se hizo en el territorio de otro sin preguntarle a nadie. Querer el kilovatio y rechazar el molino no es una política energética. Es esperar que el problema lo resuelva el municipio de al lado.
