Mario Draghi presentó en 2024 el significativo Informe Draghi sobre las necesidades económicas de Europa.
La política industrial moderna no consiste en decidir desde un despacho qué empresa debe ganar dinero. Consiste en crear las condiciones financieras, tecnológicas, educativas, energéticas e industriales para que aparezcan empresas capaces de competir internacionalmente. Europa necesita pasar de inventar a fabricar para desarrollarse. Este quizá sea uno de los grandes problemas europeos.
Europa dispone de magníficas universidades, centros de investigación, científicos, ingenieros y emprendedores. Produce conocimiento de enorme calidad. Pero demasiadas veces ocurre algo aparentemente inexplicable: la idea nace en Europa, la tecnología se desarrolla parcialmente en Europa y el gran negocio termina creciendo en otro lugar. La cuestión fundamental, por tanto, no es únicamente generar conocimiento. Es conseguir convertirlo en empresas, empleos, exportaciones y riqueza.
La Unión Europea reconoce precisamente esa necesidad. Su estrategia actual pretende favorecer que las tecnologías del futuro se inventen, fabriquen y comercialicen dentro del continente, con especial atención a sectores como inteligencia artificial, materiales avanzados, computación cuántica, biotecnología, robótica y espacio. Ese cambio de mentalidad resulta esencial.
Porque una economía puede ser extraordinariamente culta y científicamente avanzada y, sin embargo, no ser capaz de capturar suficiente valor económico de su propio conocimiento. En Europa, por poner un ejemplo, talento sí hay, pero el tamaño necesario, no siempre, algo que es fundamental en la actualidad. España obviamente no es ajena a este problema.
Disponemos de investigadores excelentes, universidades de calidad, empresarios capaces y una generación de emprendedores tecnológicos que ha demostrado que puede competir internacionalmente. Pero nuestro problema continúa siendo, en buena medida, la escala. Tenemos demasiadas empresas pequeñas y relativamente pocas capaces de convertirse en grandes multinacionales tecnológicas o industriales.
Y cuando una empresa necesita cientos de millones de euros para pasar de laboratorio a fábrica, desarrollar una tecnología compleja o competir en mercados internacionales, el sistema financiero tradicional no siempre resulta suficiente. Aquí aparece una oportunidad para el sector público.
No necesariamente mediante subvenciones permanentes, sino mediante instrumentos financieros inteligentes: capital riesgo público, préstamos participativos, garantías, coinversiones, fondos de crecimiento, compras públicas innovadoras y participación temporal en proyectos estratégicos. La finalidad debería ser muy clara por lo tanto, que el dinero público ayude a que las empresas españolas crezcan, pero que no las haga dependientes del dinero público.
También debemos recuperar una parte de nuestra memoria industrial. España ya ha conocido etapas en las que el Estado desempeñó un papel decisivo en la industrialización y en la creación de grandes capacidades empresariales.
"La principal es que un país necesita disponer de capacidades empresariales propias en determinados sectores estratégicos"
Empresas como Telefónica, SEAT, Endesa, ENSIDESA o Iberia formaron parte, con diferentes fórmulas y circunstancias históricas, del proceso de modernización económica del país. Sería absurdo trasladar automáticamente aquel modelo al siglo XXI. La economía actual es radicalmente distinta.
Pero también sería un error pensar que de aquella experiencia no puede extraerse ninguna enseñanza. La principal es que un país necesita disponer de capacidades empresariales propias en determinados sectores estratégicos. Y esto cobra todavía más importancia cuando las tensiones geopolíticas demuestran que determinadas dependencias económicas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades políticas.
La energía es un ejemplo. Los semiconductores, otro. Las materias primas críticas, la industria de defensa, las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales o determinados medicamentos esenciales constituyen igualmente ámbitos en los que la autonomía económica tiene una dimensión de seguridad nacional.
Empresas públicas sí, pero empresas de verdad. Y aquí aparece precisamente una cuestión especialmente controvertida.
¿Puede el Estado crear empresas públicas que compitan en el mercado? Irrefutablemente sí, siempre que se haga con criterios empresariales rigurosos, transparencia, profesionalidad y reglas de competencia claras. Esto que en Europa puede parecer quimérico, sin lugar a dudas es indiscutiblemente factible.
Una empresa pública no debería ser una agencia administrativa disfrazada de sociedad mercantil. Ni una fábrica de empleo de políticos. Ni por supuesto una estructura destinada a acumular pérdidas indefinidamente.
Una empresa pública debería someterse, dentro de las reglas que correspondan, a criterios comparables a los de cualquier empresa privada, objetivos en cuanto a productividad, rentabilidad, innovación, calidad, recursos humanos, dirección profesional, evaluación de resultados y responsabilidad por la gestión. Y, sobre todo, debería tener una razón económica o estratégica que justifique su existencia.
Esto abre además una posibilidad mucho más interesante de lo que habitualmente se plantea. Las empresas públicas no tienen por qué ser necesariamente gigantes. También pueden ser pequeñas y medianas empresas.
"Imaginemos una comarca con pérdida constante de población y escasa actividad industrial"
Pymes públicas, con participación estatal o autonómica, capaces de competir en determinados nichos tecnológicos o industriales, especialmente allí donde exista una oportunidad de desarrollo que el capital privado no esté dispuesto a asumir inicialmente. Incluso podrían utilizarse como instrumentos de transformación territorial.
Imaginemos una comarca con pérdida constante de población y escasa actividad industrial. Si una Administración, en colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas privadas, fuese capaz de crear allí una pequeña compañía especializada en robótica, energías avanzadas, agroindustria tecnológica, inteligencia artificial aplicada, materiales avanzados o economía circular o de cualquier otro sector, el impacto podría ser muy superior al de una simple subvención.
Una empresa genera actividad. La actividad genera proveedores. Los proveedores generan empleo. El empleo atrae población. La población demanda vivienda, comercio, educación, transporte y servicios.
Y ese proceso puede terminar transformando económicamente un territorio. Esa es la diferencia entre gastar dinero público y utilizar dinero público para construir capacidad productiva. El problema no es que el Estado invierta; es cómo invierte. Esta distinción resulta fundamental.
Una inversión pública mal diseñada puede convertirse en un agujero financiero. Una empresa pública mal gestionada puede generar pérdidas durante décadas. Una política industrial basada en favoritismos puede destruir la competencia y beneficiar únicamente a determinados grupos.
Por eso defender un papel más activo del Estado exige, paradójicamente, exigir mucho más rigor al propio Estado. No se trata de pedir menos mercado. Se trata de construir mejores mercados. Y eso exige competencia real, transparencia, evaluación independiente, contratación pública eficiente, profesionalización de los consejos de administración y mecanismos para impedir que las decisiones empresariales se conviertan en decisiones partidistas.
"La propiedad pública no garantiza la eficiencia, pero tampoco la propiedad privada garantiza por sí sola la eficiencia"
La propiedad pública no garantiza la eficiencia. Pero tampoco la propiedad privada garantiza por sí sola la eficiencia. Lo que determina los resultados es la calidad de la gestión, los incentivos, la competencia y las reglas. La gran asignatura pendiente que propone los gobernantes europeos es movilizar el ahorro europeo, sin llegar al expolio.
Europa tiene además una paradoja extraordinaria. Dispone de enormes cantidades de ahorro, pero no siempre consigue convertirlo en inversión productiva en empresas europeas.
La propia Comisión Europea ha advertido de este problema y ha situado la denominada Unión de Ahorros e Inversiones en el centro de su estrategia. Según la Comisión, alrededor de 10 billones de euros de ahorro minorista europeo permanecen actualmente en depósitos bancarios, mientras existe una necesidad extraordinaria de financiar innovación e inversión. Esto significa que el problema europeo no consiste únicamente en encontrar dinero.
Consiste en hacer atractivo el canalizarlo hacia proyectos empresariales donde pueda producir más crecimiento. Y ahí el Estado puede desempeñar un papel decisivo, pero no necesariamente como financiador exclusivo. Puede actuar como primer inversor, garante, coinversor y creador de instrumentos capaces de reducir el riesgo y atraer grandes cantidades de capital privado.
Ese efecto multiplicador es probablemente mucho más importante que el volumen de dinero que directamente pueda aportar cualquier Administración. La energía será probablemente la gran batalla industrial. La transición energética ilustra perfectamente la magnitud del desafío. La Comisión Europea calcula que las inversiones energéticas necesarias entre 2026 y 2030 rondarán los 660.000 millones de euros anuales, frente a unos 240.000 millones anuales de media durante 2011-2021.
"La Administración debe crear las condiciones para que el capital privado encuentre oportunidades rentables y estables de inversión"
Ningún presupuesto público puede financiar por sí solo semejante transformación. Pero tampoco el mercado puede resolverla sin una estrategia pública que defina infraestructuras, redes, permisos, almacenamiento, interconexiones, financiación y seguridad regulatoria. Por eso el debate correcto no es Estado frente a mercado, sino Estado más mercado.
La Administración debe crear las condiciones para que el capital privado encuentre oportunidades rentables y estables de inversión. Y el sector privado debe aportar aquello que sabe hacer mejor: eficiencia, innovación, gestión del riesgo, productividad, comercialización y capacidad para competir. Menos burocracia, pero también más ambición
Hay otra cuestión que no debería confundirse. Defender un Estado más activo no significa defender un Estado más burocrático. Europa necesita precisamente lo contrario.
La Comisión se ha marcado como objetivo reducir la carga administrativa al menos un 25% para las empresas y un 35% para las pymes. También ha puesto en marcha medidas destinadas a simplificar el funcionamiento del mercado único y facilitar el crecimiento empresarial. Esto es absolutamente necesario. Pero simplificar no puede convertirse en la única política económica.
"España necesita una estrategia industrial de país En España ya existen instrumentos que apuntan en esta dirección"
Un Estado que tarda menos en conceder una licencia es mejor Estado; un Estado que además consigue que una tecnología europea llegue al mercado mundial es un Estado mucho más ambicioso. Europa necesita las dos cosas. España necesita una estrategia industrial de país En España ya existen instrumentos que apuntan en esta dirección.
La transformación de SEPIDES en una entidad estatal de promoción industrial y desarrollo empresarial pretende reforzar precisamente su papel en la política industrial y en la gestión de fondos destinados a proyectos empresariales. El propio Grupo SEPI señala, además, el creciente protagonismo de instrumentos como el FAIIP y otros fondos de promoción empresarial. El reto ahora es conseguir que estos instrumentos no funcionen como una suma dispersa de programas.
