Mario Draghi presentó en 2024 el significativo Informe Draghi sobre las necesidades económicas de Europa.
España necesita una verdadera estrategia industrial de país, con objetivos a diez, quince y veinte años.
Y debería existir un acuerdo suficientemente amplio para que determinadas prioridades permanezcan aunque cambien los gobiernos. Semiconductores. Inteligencia artificial. Energía. Redes eléctricas. Almacenamiento. Defensa. Biotecnología. Agua. Agroindustria avanzada. Robótica. Espacio. Nuevos materiales. Digitalización industrial.
Y, por supuesto, tecnologías relacionadas con la economía circular y la descarbonización.
No todos estos sectores tienen que recibir dinero público. Pero España sí debería decidir en cuáles quiere tener capacidad propia y en cuáles acepta razonablemente depender del exterior. Porque depender de otros países a veces no siempre es un problema.
El problema aparece cuando dependemos de ellos precisamente en aquello que resulta estratégico. Habría que considerar a el Estado como un accionista paciente.
Quizá uno de los conceptos que más necesitamos introducir en el debate económico español sea el de capital paciente y no cortoplacista.
Hay empresas que necesitan diez años para madurar. Hay tecnologías que requieren quince. Hay infraestructuras cuya rentabilidad se alcanza durante décadas.
Horizonte temporal
El capital privado, legítimamente, busca rentabilidad y seguridad. El Estado puede aportar algo diferente que es el horizonte temporal. Puede invertir cuando todavía existe demasiada incertidumbre para el mercado y retirarse posteriormente cuando la empresa haya alcanzado suficiente madurez y pueda atraer capital privado.
No siempre tendrá que vender. Pero debería poder hacerlo cuando resulte conveniente. De esta manera, la participación pública no se convertiría en una propiedad permanente, sino en un instrumento para acelerar la creación de empresas competitivas.
El objetivo no sería tener más empresas públicas, sino tener más empresas españolas capaces de competir internacionalmente. Esta diferencia es esencial.
Crear riqueza para poder redistribuirla. En el fondo, todo este debate conduce a una cuestión social. El Estado del bienestar necesita recursos. Las pensiones necesitan recursos. La sanidad necesita recursos. La educación necesita recursos. La dependencia necesita recursos. La protección social necesita recursos.
Y esos recursos proceden, en última instancia, de una economía productiva capaz de generar empleo, beneficios, salarios y recaudación fiscal. Por eso resulta insuficiente discutir únicamente cómo distribuir la riqueza. También debemos preguntarnos cómo crearla.
La política industrial y la política social no deberían considerarse adversarias
Un país que solamente redistribuye una riqueza que crece lentamente terminará enfrentándose inevitablemente a conflictos sociales distributivos cada vez mayores.
Un país que consigue aumentar su productividad, crear nuevas industrias, generar buenos empleos y conquistar mercados internacionales dispone de un margen mucho mayor para financiar su Estado del bienestar.
La política social y la política industrial, por tanto, no deberían considerarse adversarias. Bien diseñadas, pueden ser complementarias. Europa no puede permitirse ser espectadora.
China y EEUU
La cuestión adquiere todavía mayor importancia porque el mundo está entrando en una etapa en la que la capacidad económica y la capacidad geopolítica son cada vez más inseparables.
China utiliza su dimensión industrial como instrumento de poder económico. Estados Unidos combina capital privado, universidades, grandes empresas tecnológicas y una extraordinaria capacidad de inversión pública estratégica. Europa no puede responder a este nuevo escenario únicamente con regulación.
Necesita producir. Necesita innovar. Necesita escalar empresas. Necesita fabricar. Necesita exportar. Necesita dominar determinadas tecnologías. Y necesita disponer de capital suficiente para hacerlo.
La propia Unión Europea ha empezado a reconocerlo. La Brújula de la Competitividad, las iniciativas de financiación, el apoyo a tecnologías estratégicas y las políticas destinadas a reducir dependencias apuntan en esa dirección.
El desafío es diseñar una nueva relación entre el Estado, la empresa, la ciencia, el capital y los trabajadores
Pero una estrategia europea solo tendrá éxito si también existe voluntad de ejecutarla en cada Estado miembro. Una nueva relación entre Estado y empresa.
Quizá debamos abandonar definitivamente una vieja discusión ideológica. No se trata de elegir entre capitalismo y Estado. Ni entre empresa pública y empresa privada. Ni entre regulación y libertad económica.
El desafío consiste en diseñar una nueva relación entre el Estado, la empresa, la ciencia, el capital y los trabajadores. Una relación en la que el Estado asuma aquellos riesgos que el mercado no puede asumir inicialmente, pero en la que el sector privado sea posteriormente capaz de multiplicar las inversiones y competir sin privilegios.
Una relación en la que las universidades no sean únicamente centros de enseñanza e investigación, sino también fuentes de innovación empresarial.
Una relación en la que los investigadores puedan convertirse en emprendedores. Una relación en la que los fondos públicos sirvan para atraer mucho más capital privado.
Una relación, en definitiva, en la que cada euro público tenga como objetivo generar muchos más euros a través de una adecuada actividad económica.
Talento y prosperidad
Ese debería ser uno de los grandes criterios de evaluación de las políticas económicas del futuro. La riqueza no se puede decreta, se construye. Europa tiene ante sí en estos momentos una oportunidad histórica.
La revolución tecnológica, la transición energética, la reindustrialización y las nuevas necesidades de seguridad están abriendo mercados gigantescos. Pero esos mercados serán conquistados por quienes sean capaces de invertir, asumir riesgos, desarrollar tecnología y crear empresas competitivas.
Nada garantiza que esas empresas tengan que ser europeas. Pues nada garantiza tampoco que los empleos de mayor valor añadido vayan a permanecer en Europa.
Y nada garantiza que el enorme talento científico europeo se traduzca automáticamente en prosperidad europea. Por eso ha llegado el momento de ampliar nuestra concepción del Estado.
El Estado no debe limitarse a corregir los fallos del mercado. Debe ser capaz de anticiparse a las grandes transformaciones económicas y contribuir a construir los mercados del futuro. No como empresario omnipresente. No como competidor privilegiado. No como instrumento partidista. Sino como catalizador, inversor, accionista paciente, garante y estratega.
Y cuando sea necesario, también como creador de empresas públicas capaces de comportarse como empresas de verdad, con profesionales al frente, objetivos claros, disciplina financiera y empresarial, innovación, productividad, responsabilidad y competencia.
Si además esas empresas sirven para generar actividad en territorios despoblados, crear empleo cualificado, atraer talento, desarrollar proveedores y elevar el nivel económico de determinadas zonas, su rentabilidad no debería medirse exclusivamente en una cuenta de resultados.
También debería medirse en términos de riqueza de sus integrantes, cohesión territorial y transformación social alcanzando el óptimo de todos sus integrantes, no tan sólo de unos pocos.
El Estado del Bienestar del futuro no puede limitarse a repartir mejor la riqueza que otros crean. Necesita participar en la creación de esa riqueza. Porque es obvio que la gran asignatura pendiente de Europa no sea decidir entre más Estado o menos Estado.
Ya que indudablemente es conseguir un Estado más inteligente, más estratégico y mucho más capaz de crear las condiciones para que Europa vuelva a ser protagonista de su propio futuro económico.
Y lógicamente que todos sus integrantes puedan gozar de una vida, lo mejor que sea posible.
Y España debería formar parte de ese cambio, no como espectadora, sino como protagonista.
