El Gobierno vasco ha decidido finalmente presentar un recurso al Supremo  contra el  auto del TSJPV que denegó la imposición del pasaporte covid para entrar en deterrminados locales de hostelería y de ocio nocturno.

La decisión llega tan solo dos días después de que descartara el recurso porque no quería judicializar el tema de la pandemia, pese a que ese recurso es el que ha permitido a otras comunidades aplicar el pasaporte covid para restringir la entrada a las personas no vacunadas a los locales o realizar determinadas actividades.

El Gobierno vasco pretendía que el Ejecutivo de Sánchez fuera el que fijara un criterio único al respecto para todas las comunidades, pero la minsitra de Justicia descartó hacerlo y dejó muy claro que sería "el Tribunal Supremo es el que sentara doctrina sobre esta cuestión" cuando se recurren las decisiones de los tribunales autonómicos.

Con ello, no dejaba al Gobierno de Urkullu más salida que recurrir al alto tribunal. De hecho, el Gobierno señala que pese a la negativa del Gobierno español a modificar la ley para fijar un criterio común sobre la aplicación de este documento y ante la no adopción ayer de nuevas medidas por parte del Consejo Interterritorial de Salud, ha decidido "agotar las posibilidades para establecer el certificado covid, ya que lo considera una medida que contribuye a la contención de la transmisión del virus".

Proporcionalidad de la medida

El Ejecutivo señala en un comunicado de que sus servicios jurídicos defienden en el recurso de casación ante la Sala de Contencioso-administrativo del TS "la proporcionalidad" de la medida solicitada al TSJPV, y que ha sido denegada.

El Gobierno vasco afirma que toda restricción de derechos "debe de ser necesaria y adecuada" para proteger un derecho superior "como el derecho a la vida y a la protección de la salud". Además, justifica que plantee el pasaporte covid para toda la Comunidad Autónoma -algo que le reprochó el tribunal vasco- cuando la tasa de incidencia supere los 150 casos, "por la alta movilidad social y la reducida superficie territorial de Euskadi".

Frente a la consideración del auto del TSJPV de que el pasaporte covid afectaría, además de a los derechos a la igualdad y a la intimidad, al derecho de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, -en el caso de los karaokes- los servicios jurídicos del Gobierno vasco sostienen que dichos derechos "no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado covid". En este sentido, añade que la medida se refiere a locales donde "la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir".

Además, recuerda que, en los casos de Cataluña y Murcia, sus respectivos tribunales superiores avalaron el certificado covid "para un sector concreto en toda la comunidad de referencia".

La negativa primera del Ejecutivo a agotar los cauces legales para poner en marcha una medida que consideraba fundamental para atajar el incremento de casos de covid había causado cierto estupor entre varios partidos políticos, entre ellos el propio socio de Urkullu en el Ejecutivo, el PSE. Eneko Andueza se mostró abiertamente partidario de recurrir el auto, e incluso la vicelehendakari Idoia Mendia, se manifestó en el mismo sentido.