La oposición quiere acabar con "las puertas giratorias" en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

La oposición quiere acabar con "las puertas giratorias" e impulsar la meritocracia en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el órgano que fiscaliza en Euskadi la gestión de los fondos públicos. La configuración legal de este Tribunal está en el punto de mira político desde 2015, cuando el exdiputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao (PNV), accedió a su presidencia escasos meses después de abandonar su cargo en la Diputación. Este lunes, un plantel de expertos en materia antifraude ha comparecido en el Parlamento vasco a petición de EH Bildu y PP+Cs, para explicar cómo funcionan organismos con funciones similares en otras comunidades autónomas e incluso en el propio Estado. Todos ellos, según las explicaciones de sus responsables, con una mayor capacidad de independencia y transparencia que el vasco.

Sus comparecencias en comisión parlamentaria han llegado a raíz de sendas proposiciones de ley de la coalición abertzale, y de PP+Cs, para modificar la Ley del TVCP. "El nombramiento de José Luis Bilbao fue escandaloso, no decimos que la ley no lo permitiera, pero éticamente es una barbaridad", explica a este diario el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, cuya formación propone que no puedan ser nombradas para este tribunal personas que al menos "en los dos años anteriores hayan desempeñado cargos políticos". "Lo ideal sería que fueran funcionarios de carrera con larga experiencia, pero de momento pediremos que los nombramientos requieran de las dos terceras partes del apoyo parlamentario", opina Estarrona, partidario de crear "una oficina antifraude en Euskadi", y un canal confidencial interno dentro del TVCP para que los ciudadanos vascos y los funcionarios pudieran denunciar casos de corrupción en caso de tener conocimiento de ellos.

EH Bildu estudia de hecho incorporar una enmienda que articule "un buzón de denuncias" de este tipo en el órgano fiscalizador vasco. Se trataría de un canal similar al existente en la Agencia Valenciana Antifraude, de cuyos detalles ha dado cuenta este lunes -vía videoconferencia- su director, Joan Antoni Llinares. La modificación de la ley que regule el TVCP "debería aprovecharse para introducir este canal confidencial interno que permita recoger las denuncias contra el fraude, un canal virtual para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar irregularidades" en la gestión de los fondos públicos, dotando de "protección" a los denunciantes, según sugirió Llinares, cuya agencia tiene potestad sancionadora. "Sin la potestad de sancionar, difícilmente se consigue la plena eficacia", advirtió.

De incrementar la capacidad de control del TVCP es partidario también el parlamentario de PP+Cs y presidente de esta comisión, Luis Gordillo. "Hay que intentar, primero, que sea el Parlamento vasco el que controle el Tribunal para eliminar las puertas giratorias", explica Gordillo en conversación telefónica. "Debe ser una Institución que proyecte independencia, eliminando las recolocaciones automáticas y accediendo al Tribunal en base a méritos", opina. Para forjar su independencia, Gordillo apuesta por la necesidad de que los siete consejeros del TVCP sean combrados por una mayoría de tres quintos en el Parlamento vasco, reduciendo además "el número de cargos de libre designación" y garantizando "la estabilidad y los plazos para resolver" los asuntos que se aborden.

Independencia en el Tribunal

Tras evitar "las puertas giratorias" en el TVCP y en una etapa posterior, según el parlamentario de PP+Cs, se debería "formar un Tribunal integrado por profesionales de verdad donde los funcionarios pudieran denunciar comportamientos fraudulentos, sin temer a posibles represalias". Gordillo, además, apuesta por dar la posibilidad a "candidaturas ciudadanas" para que puedan presentarse a los cargos de consejeros en el Tribunal. "Hay grandes profesionales en la sociedad civil que podrían optar al Tribunal, aunque sea luego el Parlamento el que decida su idoneidad", considera el parlamentario de PP+Cs.

En el plantel de expertos antifraude que han hablado este lunes en el Parlamento se encontraba también María Luisa Araujo, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo supervisor de los contratos públicos del Estado. Araujo recordó para ser miembro de esta oficina se exige ser "funcionario de carrera" antes de que su nombramiento pase por el Consejo de Ministros, y una "inamovilidad de seis años en el puesto", lo que garantizaría "plena independencia" en la oficina. "Lo ideal" sería que el TVCP se guiara por "criterios meritocráticos" en la línea de la oficina liderada por Araujo, consideran tanto el parlamentario abertzale como el de PP+Cs.