La debilidad de Sánchez tensa las relaciones entre el Gobierno vasco y el central

Las relaciones de Euskadi y Madrid son casi siempre de 'tira y afloja'. Una montaña rusa que ni siquiera el hecho de que el PNV sea ahora socio preferente en el Congreso de los Diputados y de que socialistas y nacionalistas se sienten juntos en el Gobierno vasco ha sido capaz de evitar. 

Parecía que vivían un momento dulce con la firma de una trasferencia polémica como la de las prisiones, que llevaba años en el cajón de la administración central. Pero en las últimas semanas la buena sintonía entre ambos Gobiernos ha saltado por los aires, con el fin del estado de alarma primero, con la pretensión de transferencia incompleta del Ingreso Mínimo Vital después, y con la discrepancia en el seno de la interterritorial de Sanidad sobre las normas para la desescalada como última expresión del desencuentro.  

Los nacionalistas hablan directamente de giro recentralizador del Gobierno de Sánchez y de invasiones competenciales, forzado por la situación de debilidad por la que pasa en estos momentos el Gobierno de Sánchez, pero la actitud de Madrid no ha desconcertado sólo al PNV,  también a los socialistas vascos, que se han aliado con sus socios de Gobierno y han salido públicamente a defender los postulados del Ejecutivo vasco de coalición. 

El último rifirrafe tras la decisión de la comisión interterritorial de Salud de unificar criterios sobre apertura de hostelería y ocio nocturno en todas las comunidades autónomas, una decisión que se ha llevado a cabo sin que Euskadi ni siquiera participara en el debate, ha puesto en evidencia de nuevo el malestar creciente del lehendakari Urkullu con Pedro Sánchez. 

Visiblemente molesto con las normas del Ministerio de Salud -"de obligado cumplimiento" para todas las autonomías-  Urkullu calificaba ayer la decisión de "una invasión de competencias" y se plantaba ante el Ejecutivo central: "Nosotros seguiremos nuestra propia hoja de ruta" aseveraba.

El malestar de Urkullu con el presidente del Gobierno no es nuevo, y no sólo por las decisiones del Ejecutivo central  que invaden competencias vascas sino también por las dificultades que parece tener el lehendakari para comunicarse con Pedro Sánchez. 

Antes de que se decretara el fin del estado de alarma, Urkullu lamentó en varias ocasiones la falta de respuesta del presidente del Gobierno a la carta que le había remitido el lehendakari para pedir que lo prorrogara.

Tras el nuevo episodio de enfrentamiento en la interterritorial de Sanidad, fuentes de Lehendakaritza aseguran que  "no hay previsto" ninguna comunicación con Sánchez y auque mostraban su estrañeza por "todo lo que está pasando",  confiaban en que  se pueda "reconducir pronto" la mala sintonía entre ambas administraciones. "No se está dando una actitud de cogobernanza, de gobernanza compartida", decía Urkullu.

Plante del PNV

En la misma línea, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar reconocía que en su partido tienen "una cierta preocupación, que no alarma todavía" por unos "tics centralistas y recentralizadores" que advierten "cada vez más, no en el discurso político global", pero "sí en la práctica y en la realidad de los ministerios". Y citaba además del Ministerio de Sanidad el de Seguridad Social que dirgie José Luis Escrivá, con su pretensión de traspasar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "contra el criterio del Concierto Económico y contra las competencias que dibuja el Estatuto de Gernika".  "Nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino", decía en una entrevista en Rada Popular-Herri Irratia.  "O asumimos el 100% de la competencia y del servicio o, de lo contrario, no vamos a aceptar mercancía averiada". "Alguien va a tener que poner las cosas en sus sitio", señalaba Ortuzar en un amenaza velada a que el PNV puede empezar a poner más caro su apoyo al Gobierno del PSOE-Unidas Podemos.

A estas discrepancias hay que añadir que Euskadi sigue a la espera de que el Gobierno central ponga fecha a la Comisión Mixta del Concierto, una reunión que será muy importante porque, entre otras cosas, servirá para fijar el nivel de endeudamiento para Euskadi que servirán de base para los Presupuestos de 2022 así como el traspaso de la recaudación de varios impuestos pendientes como la tasa Tobin.

Difícil equilibrio socialista

Lo cierto es que el Gobierno Sánchez atraviesa en estos momentos una situación de máxima debilidad. Dependiente desde el principio de la legislatura del apoyo de los nacionalistas, PNV, ERC y Bildu, para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso de los Diputados, intenta mantener un difícil equilibrio entre satisfacer las exigencias de sus socios y no alejarse en exceso de un electorado más de centro lo que explica según algunas fuentes los giros que le llevan a acercarse y distanciarse de los nacionalistas de forma alternativa. Especialmente después de tener sobre la mesa unos malos resultados en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso arrasando en las urnas y la izquierda desplomádose, y unas encuestas que le son cada vez menos propicias.

La polémica sobre los posibles indultos a los condenados del procés, la crisis de los inmigrantes con Marruecos, y sus dificultades en la gestión de la crisis sanitaria están dando bazas a la oposición que ejerce implacable el PP, mientras entre sus socios de legislatura crece el descontento por promesas, de momento, incumplidas. entre ellas la derogación de la reforma laboral, o la solución del 'problema territorial' y las exigencias de mayor autogobierno desde Cataluña y desde Euskadi, porque aunque en estos momentos el nuevo estatuto vasco está aparcado, sigue siendo una cuestión prioritaria para el PNV y Bildu.

En ese contexto, tampoco tiene un equilibrio fácil el PSE, socio de Gobierno del PNV en el Gobierno vasco. En tan sólo dos semanas los socialistas vascos han salido  públicamente a cuestionar al Gobierno central. La propia vicelehendakari y  secretaria general del PSE, Idoia Mendia, consideró "inasumible" el planteamiento de Escrivá sobre el traspaso de la gestión del IMV a Euskadi asegurando que convierte a Lanbide en una "mera ventanilla" ya que pretende que la decisión sobre quién lo cobra y la realización de los pagos quedaría en manos del Ministerio. Hay que tener en cuenta que el Gobierno vasco tiene ya avanzado un proyecto de Ley de Reforma de RGI y de Lanbide, que capitanea Mendia, y que contempla la transferencia completa del IMV en Euskadi, lo integra en las prestaciones vascas como la RGI y lo tiene en cuenta como un elemento que podría aliviar de cierto modo el gasto que supone la Renta de Garantía de Ingresos. 

Ayer, el PSE mostró su discrepancia por la actuación del Gobierno central respecto a la imposición de medidas a las comunidades en la desescalada y pidieron al Gobierno central que respete "la casuística" de cada autonomía en la gestión de la pandemia así como "los mecanismos previstos en cada una de ellas para garantizar la salud" , aunque se mostraron convencidos de que "es posible compatibilizar el planteamiento del Ministerio de Sanidad" con el ejercicio de las competencias de Euskadi. "El Gobierno central tiene que entender la particularidad de la situación que se da en cada comunidad autónoma, también en el ámbito jurídico", señalan desde el PSE, aludiendo a a las "recientes decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco". "España es un territorio muy diverso y creemos que se deben respetar las casuísticas que se dan en cada autonomía y los mecanismos previstos en cada una de ellas para garantizar la salud y lograr la reactivación de nuestra economía", señalaban. 

Fuentes socialistas restaban importancia a estas discrepancias y señalaban que la "sintonía" entre los dos Gobiernos está funcionando bien aunque haya diferencias en temas concretos.

Desde el PP, Carlos Iturgaiz, considera que estos bandazos de Sánchez y las discrepancias con el Gobierno vasco no son más que "un síntoma de un Sánchez que está desbordado, que no sabe por dònde ir. Es como un boxeador al que le han dejado grogui", dice el presidente del PP.