Los parques eólicos proyectados en Euskadi ocupan zonas protegidas por el Gobierno de España

Los cuatro primeros parques proyectados en Euskadi por Aixeindar, la sociedad que impulsa el Gobierno vasco junto a Iberdrola, contemplan una inversión de 233 millones de euros para obtener una potencia de 250MW. Son un proyecto que está siendo analizado en la Diputación de Álava para determinar el impacto medioambiental, pero sus ubicaciones quedan encuadradas en zonas protegidas en el mapa de incidencia ambiental para la energía renovable elaborado por el Gobierno de España. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto de Demográfico ha desarrollado esta herramienta para señalar las zonas del territorio más sensibles medioambientalmente para el desarrollo de estaciones eólicas y fotovoltaicas. Es un documento de carácter orientativo, pero que busca establecer unos criterios que ordenen el aluvión de iniciativas que las empresas están empezando a tramitar para construir diferentes proyectos de energías renovables que están comenzando a agolparse ahora en las zonas rurales. Es el mismo objetivo que el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables que acaba de empezar a tramitar el Gobierno vasco, pero al que todavía queda todo el proceso de elaboración. 

La cuestión es que los cuatro parques eólicos que ha anunciado el Gobierno vasco para Álava a través de la sociedad que comparte con Iberdrola, Aixeindar, se encuentran en zonas que el Ministerio ha calificado como de "máxima sensibilidad en el rango del índice ambiental para la energía eólica", una catalogación en la que se señala que la construcción de estas infraestructuras "no es recomendado". Fuentes del Ministerio dirigido por Teresa Ribera han señalado que "este catálogo busca orientar en el marco de las competencias que cada comunidad autonóma tiene". Aún sin ser vinculante, se apoya en la evaluación ambiental del impacto en el caso de grandes infraestructuras de generación eólica y fotovoltaica. 

El Gobierno vasco, junto a Iberdrola está tramitando cuatro parques en Álava. El primero, en Arkamo, municipio de Ribera Alta, con 95 MW de generación y 70 millones de inversión. El segundo, en Montes de Iturrieta, en el municipio de Salvatierra, entre otros con 75MW y 54 millones de inversión. El tercero se localiza en el sur, en el municipio de Oyón y colindante con Navarra, con 40MW de potencia y 54 millones de euros. Y el cuarto, cerca de esta zona, en Labraza. Con una inversión de 55 millones de euros y una generación prevista de 40 MW.  La Diputación de Álava esta analizando el impacto medioambiental y el diputado general, Ramiro González, ha señalado que "las instalaciones deberán adecuarse a los requisitos de respeto a la naturaleza". 

La potencia instalada de los nuevos parques casi duplicará la capacidad eólica instalada en la comunidad, que es de 153 MW, y que el objetivo final es conseguir que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final en Euskadi

Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables

Las energías renovables se han convertido en un sector estratégico para salir de la crisis, afrontar la transformación energética y aprovechar las importantes cantidades de dinero anunciadas. Un clima que ha llevado a las empresas a activar toda su maquinaria para poner en marcha diferentes proyectos en este ámbito empujadas también por los anuncios de las administraciones. En el caso del Gobierno vasco, se ha marcado como objetivo duplicar la generación apoyada en energías renovables del 8% al 16% para 2030 y ha anunciado la necesidad de impulsar proyectos eólicos y fotovoltaicos en los que, además, se ha implicado directamente. Un empuje necesario para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, pero que no tiene desarrollada a tiempo toda la legislación necesaria para ordenar los diferentes proyectos empresariales que se están anunciando. El Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables es la norma que debe diseñar y ordenar qué suelos del País Vasco se destinan para instalaciones eólicas o fotovoltaicas, entre otras, pero todavía se encuentra en preparación, muy lejos de aprobarse. Un vacío legal que no ordena la acumulación de iniciativas al calor del nuevo ´boom´ energético generando un punto de incertidumbre legal a su desarrollo, así como una preocupación en el sector agrario y en las zonas rurales.