El Partido Popular ha denunciado "los retrasos" e "incumplimientos" continuos del Gobierno de España respecto a la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Euskadi y ha demandado conocer un "calendario a futuro" con fechas concretas sobre la materialiación del proyecto. La secretaria general del PP en Euskadi, Laura Garrido, ha asegurado que el proyecto "no es una prioridad" para el Gobierno de España ni para el PNV al no apostar por una "infraestructura vital" para el desarrollo económico de Euskadi y su conexión con Europa.
A principios de julio, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, no descartaba "un plan B, como son estaciones provisionales", en la llegada del tren de alta velocidad a Bilbao y Vitoria. Además, ha ratificado que las fechas previstas para finalizar el tren de alta velocidad en Euskadi son a finales de 2026 o principios de 2027. Esta propuesta ya cuenta cuenta con el abal del Gobierno vasco pero sigue generando discrepancias entre el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.
En estos momentos la Diputación de Bizkaia se mantiene al margen de la financiación del soterramiento. Rementeria considera que la estación del TAV no es una obra que atañe a la institución foral, pese a que será la puerta de entrada de millares de ciudadanos a Bizkaia.
Así las cosas, el convenio para la financiación, que sigue pendiente de suscribir a la espera de que se solventen las diferencias, puede llevar sólo la firma del Gobierno central, que asumen la mitad del coste, y de Gobierno vasco y Ayuntamiento, que tendrán que repartirse el resto. No está claro todavía lo que va a costar, pero hay estimaciones del ministerio que lo sitúan por encima de los 700 millones de euros. El consejero de Transportes Iñaki Arriola instaba este viernes en el Parlamento a que las instituciones implicadas pongan por escrito cuál será su contriución en un claro emplazamiento a Rementeria a que se retrate.
En el caso de la financiación del soterramiento de la estación por la que el TAV entrará a Vitoria existe ya un acuerdo ya suscrito por el que el Ministerio de Fomento se hará cargo de la mitad del coste del soterramiento, el Gobierno vasco otro 25%, el Ayuntamiento un 15% y la Diputación un 10%, sin que haya supuesto ninguna discrepancia entre consistorio e institución foral.
El proyecto, "metido en un cajón"
La secretaria general del PP en Euskadi, Laura Garrido, acompañada por los portavoces municipales de las tres capitales (Leticia Comerón, Carlos García y Borja Corominas), además de los senadores del PP por Burgos, Javier Lacalle, y Cristina Ayala, han reprochado la "paralización absoluta" del proyecto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que lleva "tres años de retraso" con respecto al plan establecido por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Leticia Comerón ha denunciado que PSOE y PNV tienen el proyecto "metido en un cajón" y ha lamentado que el alcalde de Vitoria no abra el debate sobre "cómo se va a aprovechar" el corredor que quede soterrado, no lo incluya en el actual debate del Plan General de Ordenación Urbana y plantee otras alternativas en el trazado del tranvía en Zabalgana.
Carlos García ha indicado que "el PNV es el principal responsable" del retraso de la alta velocidad al sustentar con su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que la tardanza del TAV supone paralizar "proyectos estratégicos para que Bilbao salga de la crisis".
Por su parte, Borja Corominas se ha mostrado desilusionado por los "compromisos rotos" y ha lamentado que la estación de tren de Donostia será una terminal "fantasma", ya que, a pesar de estar finalizada para 2023 "no llegarán los trenes hasta 2027 o 2030".
El senador Javier Lacalle ha lamentado que se haya elegido el trazado "más polémico" y con "mayor contestación social" para conectar Burgos con Vitoria a través del desfiladero de Pancorbo y ha explicado que su partido ha presentado 12 preguntas en la comisión de Transportes del Senado para conocer el calendario sobre la redacción del proyecto, la licitación de las obras y su ejecución.