Gordillo (PP+Cs): "Con las consultoras nos encontramos un Gobierno a la defensiva"

El pasado mes de mayo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un expediente sancionador con multas acumuladas de más de 6 millones a varias consultoras que amañaban ofertas de cobertura y se repartían la contratación de las administraciones. En total, en lo que se denominó el cártel del norte, se detectaron 101 licitaciones en las que hubo irregularidades de las que 92 tuvieron lugar con las administraciones vascas. Competencia no ha recogió la valoración de todos los contratos, 14 quedaron sin valorarse, pero la cuantía de los demás por los que las consultoras facturaron los servicios ascendió a 3,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%). 

Luis Gordillo, de Ciudadanos, es parlamentario del grupo conformado por la unión electoral de PP y la formación naranja, es además el presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Vasco que ha tramitado diferentes solicitudes de comparecencia. La semana pasada acudió el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que señaló que no había irregularidad en la contratación a pesar de haber identificados 27 contratos del Gobierno o de sus sociedades públicas identificados en la investigación. Este martes, acudirá la presidenta de la Asociación Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, que defiende la existencia de una denuncia en el inicio de la investigación, a pesar de que se trató de una actuación de oficio y de que el que fuera director de investigación de la AVC en aquel momento ha ratificado ese punto. Por el camino, y aunque se han tramitado las solicitudes de comparecencia, la que fuera responsable de Deloitte, y la que más contratos amañados acumula, Ana Andueza, ha rechazado comparecer. Tampoco acudirán la presidenta de la CNMC, Cani Rodríguez, ni Pilar Canedo, miembro del pleno de la CNMC y presidenta de la AVC cuando se inició la investigación. 

El caso de las consultoras ha supuesto sacar a la luz pública cientos de comunicaciones que han evidenciado el amaño reiterado entre varias empresas para contratar con la administración ¿Qué le parece?

La sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una resolución muy novedosa en España. Hasta ahora no se había producido una resolución en la que se publicasen con tanto detalle las comunicaciones, los intercambios de correos de información. Además, es la primera vez que se sanciona directamente a directivos que están implicados. Las conductas que ha sancionado a la CNMC son gravísimas, aunque al final el importe de las sanciones ha sido un poco más de 6 millones de euros. Pero esta situación en Estados Unidos o un país de tradición anglosajona habría tenido dos o tres ceros más. 

Su grupo parlamentario ha solicitado formalmente que se realice una investigación que ha sido rechazada

Creo que algo muy razonable era que simplemente se estableciera una investigación desde el propio Gobierno, una investigación interna. Ver por qué ha pasado esto y que se pongan los mecanismos para que no se vuelva a producir. Pero nos encontramos un Gobierno a la defensiva. El Gobierno quiere pasar de esto lo antes posible

Nos encontramos un Gobierno a la defensiva, que quiere pasar de esto lo antes posible

¿Cree que el actual Gobierno está en connivencia con las empresas sancionadas?

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, es una persona honesta y quiere hacer bien su trabajo. Pero, un caso como este, en cualquier administración del mundo, sea nacional o autonómica, habría ocasionado un terremoto político que se habría llevado adelante al gobierno al menos que, por lo menos, se hiciera una investigación. No se quiere investigar y eso crea una sensación muy negativa porque manda un mensaje muy negativo a la sociedad y a los sectores económicos sobre la contratación pública. Parece que se está selanado que necesitas conocer a alguien que esté metido ahí para contratar.

Tanto ustedes como EH Bildu y Podemos han tramitado una larga lista de comparecencias ¿no se está conformando una especie comisión de investigación?

PNV y PSE forman un gobierno muy cohesionado, una comisión de investigación hoy día es inviable. Entonces, la oposición ha presentado una serie de peticiones de comparecencia que no son tampoco ni siquiera vinculantes. Una de las responsables de las consultoras, por ejemplo ha declinado comparecer entre otras cosas por consejo de su abogado, está en su derecho, no están obligados. Pero es necesario pedir la información necesaria para poder reconstruir los hechos.

Un caso como este en cualquier administración del mundo habría ocasionado un terremoto político que se habría llevado por delante al Gobierno al menos que, por lo menos, se hiciera una investigación

Otra de las cosas que han planteado es que sea el propio Gobierno el que denuncie a las empresas implicadas en el caso del cártel de las consultoras.

Claro, es que es necesario analizar qué se traslada si no se denuncia a las empresas. Durante el caso, en las alegaciones, las empresas no tuvieron inconveniente en decir que el Gobierno les había creado un entorno y una situación en la que ellos pensaban que estaban cumpliendo la normativa perfectamente. De hecho, la palabra connivencia que tanto molesta al Gobierno, es la que dicen las empresas. El Gobierno se coloca más bien en el papel de defensor. Sigue contratando a esas consultoras que han señalado que había connivencia y ni las denuncia por eso, ni toma medidas. Además, el Gobierno dijo que era víctima y sigue contratando de manera habitual, como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que no se entiende.

El Gobierno ha señalado que no hay ninguna prohibición para contratar

La sanción para contratar sí está indicada, lo que queda pendiente es que se concrete la duración de esa prohibición en la Junta de Contratación Pública, que depende del Ministerio de Hacienda

¿Cree que eso ocurrirá?

Creo que tardará, pero tiene la obligación de hacerse. De lo contrario, sería prevaricación. El problema sería que la prohibición para contratar fuera mínima siendo la infracción tan grave. Sería una desnaturalización de la propia sanción. 

¿Cómo considera que está siendo el papel de Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en el caso?

La frase textual que dijo la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia fue que el origen de la investigación fue una denuncia muy bien fundamentada. El que fuera director de investigación de la AVC, Ignacio Alday, lo que ha dicho es que la investigación se inició de oficio. Además destacó que donde ellos detectaron mayor número de infracciones en materia de competencia fue en la contratación pública. Hay que tener en cuenta que la contratación pública supone un 20 por ciento del gasto público de España, según el último informe de la CNMC. 

Con la anterior dirección de la AVC se descubrieron una serie de casos importantísimos, y la mayoría se iniciaron de oficio. Si lo comparamos con lo de ahora, los casos se han rebajado o han descendido de manera muy sustancial. Los hechos son los que tienen que hablar

¿Considera que la AVC está bajando el listón en la defensa de los criterios de competencia?

Los hechos son los que tienen que hablar. Con la anterior dirección se descubrieron una serie de casos importantísimos, como el de los comedores escolares. Pero había muchos y la mayoría se iniciaron de oficio. Si lo comparamos con lo de ahora, los casos se han rebajado o han descendido de manera muy sustancial. 

El Gobierno cuenta con 160 millones Finkatuz para tomar participaciones empresariales, pero todavía no se han empleado. La semana pasada preguntó al consejero de Ecomía y Hacienda por esas inversiones ¿Cuáles cree que deben ser los objetivos?

El deseo del Gobierno con esta herramienta denota cierto paternalismo de transmitir la sensación de que ellos pueden intervenir y pueden ser un actor importante en el mundo empresarial porque probablemente le dé réditos políticos. Pero no desvela qué criterios se van a utilizar más allá de que se buscan empresas que puedan ser rentables y estratégicas para atraer inversiones a nuestra tierra.

El Gobierno, con las inversiones en empresas, denota cierto paternalismo, cierta sensación de que ellos pueden intervenir y pueden ser un actor importante en el mundo empresarial

Y eso ¿no está bien?

Está bien, pero me pregunto si la mejor manera de lograr eso es que el Gobierno vasco se convierta en accionista. Hay otras maneras menos intrusivas que permitirían un uso racional de los fondos públicos, por ejemplo, préstamos, avales... Además, siempre que la administración pública toma parte de una empresa, esta empieza a desempeñarse de un modo muy condicionado, más estático y rígido. Y los gobiernos se convierten en juez y parte.
Los Fondos Europeos son el mantra del futuro, ¿comparte las demandas el diagnóstico del Gobierno vasco de que falta una mayor participación y el desarrollo de la cogobernanza?
No podemos obviar que la Comisión Europea sólo puede tener un interlocutor y este se trata del gobierno del Estado. Incluso en países que están tan descentralizados como Bélgica hay un solo interlocutor. 

Entonces ¿no ve necesario el Plan Euskadi Next EU?

Hay un plan que es el nacional, y aquí, en Euskadi, hemos creado Euskadi Next. El Gobierno vasco está presentando planes que son más un desideratum, cosas que les gustaría hacer y que son interesantes muchas de ellas. Pero no ha habido un sistema para decidir qué proyectos pedimos. Y ahora no sabemos exactamente cómo va ir llegando la financiación. Veo complicado que se puedan desarrollar los plazos que se ha fijado el Gobierno para esas iniciativas.

El lehendakari ha señalado la pasada semana que es el momento de comenzar "aquí y ahora" el debate sobre el estatus jurídico del País Vasco. Una vez que la pandemia empieza a doblegarse, ¿se recupera de nuevo el debate identitario?

La legitimidad de un gobierno se basa en dos elementos: ilusión y eficacia.  El Gobierno nació cansado y cuando lleva tantísimo tiempo con caras y personas parecidas se produce ese desgaste. La ilusión cae y eso se puede compensar con la eficacia. Pero si tú no produces ilusión y no produces eficacia, ¿qué haces en esas condiciones? Pues sacas estos grandes temas que polarizan mucho en la sociedad. Y el primero de ellos va a ser el tema del estatus.

Si no produces ilusión y no produces eficacia desde el Gobierno, pues sacas estos grandes temas que polarizan mucho en la sociedad. Y el primero de ellos es el estatus del País Vasco

Después de las turbulencias nacionales por las que ha pasado la relación entre Ciudadanos y el PP ¿Cómo está la salud de la coalición electoral que forjaron en Euskadi?

Tenemos una relación muy buena con los compañeros del PP. Trabajamos como un solo grupo, la relación es óptima y creo que estamos haciendo una oposición seria y solvente. Mi balance es muy, muy positivo.

Bien, aquí es buena, pero ¿teme que puedan generarse acontecimientos ajenos que provoquen cambios en su relación en el País Vasco?

Es que eso ya no lo puedo controlar. Yo he creído siempre en la convergencia del constitucionalismo, particularmente en Euskadi, y es una cosa que tienen que decidir los líderes políticos de ambas formaciones. Yo intento hacer mi trabajo y defender la libertad. Muchas veces solemos identificar las libertades políticas en abstracto, pero una parte muy importante de las libertades políticas son las libertades económicas. Si tú no tienes libertad para poder acceder a un trabajo, para poder crear una empresa, para poder concurrir a un proceso de contratación pública con unas mínimas garantías, tú no tienes libertad tampoco de ningún tipo. No hay libertad política, si no hay libertad económica.