Esta semana el Parlamento vasco decidirá si solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicaciones y detalles sobre el 'cartel' de las consultoras, el caso por el que varias empresas se repartieron contratos con la administración pública pactando precios y ofertas. El expediente sancionador fue elaborado por la CNMC con unas multas acumuladas de más de 6 millones de euros y que afectaban a más de 3,3 millones de euros en contratos que detectó la investigación de Competencia con instituciones vascas. Antes de verano, el Parlamento tramitó la solicitud de comparecencia, pero la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, rechazó la invitación por problemas de agenda ofreciendo la alternativa de enviar por escrito documentación y respuestas que requiera la Cámara vasca. La mesa de la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento deberá adoptar esta decisión.
Más de mil páginas de expediente para analizar
Solamente los grupos de la oposición han planteado interés hasta ahora en conocer más detalles sobre cómo se produjeron contrataciones fraudulentas con las administraciones vascas que, en los casos detectados por Competencia, ascienden a 3,3 millones en más de 90 contratos principalmente con Gobierno vaso, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao. El Gobierno vasco se ha limitado a recordar que se trata de unas irregularidades que no han afectado a la parte que le corresponde en la adjudicación de contratos y que mientras no termine la vía judicial emprendida por las empresas sancionadas no analizará la posibilidad de dejar de contratar con ninguna de las consultoras afectadas. La oposición, mientras tanto, ha reclamado los expedientes de los contratos afectados y que se circunscriben entre los años 2009 y 2018. La documentación ha llegado ya al Parlamento y acumula más de 1.000 páginas que analizan ahora mismo los grupos.
La decisión que ha de tomar ahora la comisión de Economía y Hacienda de la Cámara es la de remitir o no las preguntas y requerimientos a la CNMC, que instruyó la investigación del caso iniciado en la Autoridad Vasca de la Competencia. La decisión depende de la mesa de presidencia de este órgano que preside el parlamentario de PP+Cs, Ignacio Gordillo, que es quién lo ha planteado, pero deberá lograr el respaldo de PNV o PSE en la reunión de esta semana.
En esa comisión compareció a finales de junio la directora de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola. Y es que este órgano fue el que inició la investigación cuando estaba dirigido por Pilar Canedo, luego la instrucción pasó a la CNMC. Aún así, Urresola se ha mostrado molesta y reacia siempre que se la ha preguntado por el 'cartel' de las consultoras. La presidenta de la AVC calificó su requierimiento de comparecencia en el Parlamento como "absurda" y reiteró que la AVC "ni ha tramitado el expediente de las consultoras, ni ha sido parte interesada y ningún contrato de la AVC ha sido objeto de investigación".
B+I Strategy cambia la denominación de su razón social
Mientras tanto, queda pendiente la aplicación de la prohibición de contratar con la administración que estableció Competencia en su expediente sancionador, una aplicación que requiere de su tramitación en el Ministerio de Hacienda y que este no va a aplicar hasta que no se termine la vía judicial que algunas de las consultoras afectadas han emprendido contra la CNMC. Aunque en las empresas afectadas se han dado ya algunos cambios. Tres de ellas, Deloitte, PwC y PA Consulting, han cambiado a los responsables de la consultoría a la administración pública. Cambios a los que se ha sumado también B+I Stategy, la consultora impulsada por Sabin Azua, ha modificado su denominación jurídica y ha cambiado su órgano de gobierno, dejando de ser la de un Administrador Único en la persona de Azua, a un Consejo de Administración.
La investigación de Competencia concluyó que hasta doce firmas de consultoría manipularon contratos en un total de 92 licitaciones con las administraciones vascas, principalmente Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao. Las sanciones por estas infracciones se han elevado a un total de 6,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%).