El PP acusa al Gobierno vasco de tener más de 1.000 millones por no ejecutar el Presupuesto

Que el Gobierno vasco ha recurrido a remanentes de tesorería y a partidas sin gastar del actual ejercicio para reorganizar los gastos del Presupuesto de 2022 es algo que ha confirmado hasta el propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Si a esto añadimos, además, que la recaudación tributaria en 2021 será un 9,3% más de lo previsto, lo que dejará al Ejecutivo con unos 900 millones más con los que no contaba, la capacidad de gasto con la que se encuentra el Gabinete Urkullu es mucho mayor, y no solo por el esfuerzo de los ciudadanos en el pago de los impuestos, sino por la falta de una ejecución presupuestaria que permite ir haciendo bolsa de un año a otro. En este punto es donde se ha fijado el PP en la presentación de su propuesta de acuerdo al Gobierno cifrando esos remanentes y excedentes en 1.000 millones de euros. Es la cantidad con la que quiere financiar sus propuestas a la vez que pide un compromiso al Ejcutivo de mayor ejecución presupuestaria. 

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "indignante" que el Gobierno Vasco reconozca que tiene 1.000 millones sin ejecutar de anteriores ejercicios y reiterará en su reunión con Pedro Azpiazu para negociar los presupuestos 2022 que ejecute ese dinero en ayudas a los sectores más afectados por la crisis y para bajar la presión fiscal y los impuestos en Euskadi.

En los últimos 60 días, solo en inversiones, el incremento de las cantidades anunciado ha sido de 300 millones de euros. 50 millones han sido para ampliar la dotación de Finkatuz (el fondo de inversiones en empresas creado por el Gobierno vasco) más allá de lo presupuestado este año. Y otros 250 millones para un plan de inversiones anunciado en septiembre.  El propio Azpiazu reconocía, tras la última reunión del Consejo de Vasco de Finanzas la generación de unos remanentes en 2021 de más de 200 millones de euros. 

Para el PP es una de las claves en la negociación, ya que acusan al Ejecutivo de acumular hasta 1.000 millones sin gastar y quieren mayor compromiso de ejecución presupuestaria. En sus planteamientos reclaman una revisión de la fiscalidad para bajar impuestos y plantean el uso de esos recursos que achaca al excendete en tres años para la creación de un fondo de 650 millones de euros para el "relanzamiento del Comercio y la Industria", un plan de formación con 200 millones y 150 millones para la conciliación familiar y políticas sociales.