La reforma laboral ha puesto patas arriba  todo el juego de  fuerzas en el Congreso de los Diputados y amenaza con poner en riesgo la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Los partidos nacionalistas, PNV, EH Bildu y ERC, advierten por activa y por pasiva al Ejecutivo de que sacar adelante la reforma en el Congreso sin sus votos no le saldrá gratis. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, atrapado entre las presiones de sus socios de investidura, por un lado, y de la patronal CEOE, por otro, que no quiere se mueva ni una coma de lo firmado en la mesa de diálogo social, no acaba de aclarar hacia dónde se inclinará la balanza para sacar adelante la reforma.

De hecho, desde las filas socialistas no han descartado aceptar el ofrecimiento de Cs para que le salgan las cuentas en el Congreso y aprobar la reforma, aunque ni su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, ni  la ministra que ha capitaneado las negociaciones con sindicatos y patronal, Yolanda Díaz, ven con buenos ojos sacar la reforma con otros partidos ajenos al bloque de la investidura, y jugar con la "geometría variable" para buscar unos apoyos que rompería en bloque de izquierdas. "Sería un error", dicen desde Podemos.

Pero el calendario corre en contra del acuerdo y el día 3 de febrero está cada vez más cerca sin que se vislumbre un pacto y con las posiciones cada vez más enfrentadas con los que se suponen socios preferentes del Gobierno, en un contexto en el que se deja ver claramente que empiezan a pesar para todos los grupos la cercanía de las próximas confrontaciones electorales y es necesario marcar perfil para mejorar posiciones.

Para el PSOE y Unidas Podemos, de entrada, están las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero. PNV y EH Bildu preparan posiciones para  las municipales de 2023. Eso si las discrepancias del bloque de investidura no acaban forzando a Sánchez a un adelanto electoral, que ya no se descarta en algunos ámbitos, pese a que el contar con Presupuestos aprobados parecía en principio dotar de estabilidad suficiente al Ejecutivo para agotar la legislatura.

Ortuzar lo dijo Este jueves bien claro. Habrá voto en contra de la reforma si no se atiende su reivindicación de que los convenios autonómicos tengan prevalencia sobre los estatales.  Es una demanda "sencilla y fácil" de cumplir, señalaba el presidente del PNV. Pero teniendo en cuenta que la patronal no quiere incluirlo, -aunque Confebask firmó en su día con todos los sindicatos el acuerdo en Euskadi que garantizaba esa prevalencia-, y que el Ejecutivo no quiere presentar en Europa una reforma que no cuenta con el aval de los empresarios, parece hoy por hoy una pretensión difícil de cumplir. Y el PNV no quiere aparecer ante su electorado como el que ha apoyado una reforma que elimina de un plumazo un acuerdo que blinda en cierto modo el marco vasco de relaciones laborales, aunque la práctica dice que los convenios autonómicos se están utilizando más bien poco. Además, desde el empresariado vascao, tanto desde Confebask, como desde el Círculo de Empresarios Vascos, aumenta la presión para que se apoye la nueva norma.

Los contactos siguen abiertos. De hecho, ayer Ortuzar comió con el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que están de visita en Euskadi para reunirse con diputados y senadores vascos. Desde el PNV se minimizó la importancia del acuerdo, y se enmarcó en las relaciones de "cortesía", pero el momento del encuentro no puede más que relacionarse con la presión desde las files socialistas sobre los partidos que apoyaron a Sánchez para que ratifiquen la reforma.

Diferencias en el Gobierno vasco

Desde el Gobierno vasco, en cambio, los pronunciamientos han sido más sutiles, pero con discrepancias. La vicelehendakari, Idoia Mendia, ha pedido a los jeltzales "estar a la altura" para apoyar la norma, mientras que el lehendakari pidió a los empresarios en su reunión de la semana pasada más "flexibilidad" para introducir cambios en el acuerdo. 

La exigencia de respeto a los convenios autonómicos es también bandera de EH Bildu, que ya ha anunciado que votará en contra de la reforma, si un acuerdo de última hora no lo remedia. 

Bildu tendría todavía más difícil explicar a su electorado el apoyo a la reforma cuando firmó con el PSOE que se derogaría la reforma laboral de Rajoy, algo de lo que el acuerdo actual dista bastante.

Los partidos nacionalistas tienen además la presión de los sindicatos ELA y LAB que les exigen a PNV y EH  Bildu que voten en contra, y que junto a otras centrales tienen ya convocada una manifestación en las capitales vascas el 30 de enero en contra de la reforma.

La negociación de la reforma y la toma de posición de los partidos nacionalistas frente a su hasta ahora socio Pedro Sánchez, coincide además con otros movimientos que buscan claramente marcar perfiles de cara a próximos contiendas electorales. Por ejemplo, EH Bildu contrarresta su hasta ahora disposición al diálogo en el Congreso de los Diputados -ha apoyado por primera vez un Presupuestos Generales del Estado- y también en Euskadi, donde también ha apoyado las cuentas de Urkullu, con el nombramiento de una nueva dirección de Sortu -la formación mayoritaria de la coalición- que se ratificará este sábado  y en la que sentarán miembros del sector más duro, como por ejemplo el exjefe de ETA, David Plá.

Quizá este giro ha llevado a Eneko Andueza, secretario general del PSE a mitigar su apertura a pactar con Bildu, y que manifestó tras ser elegido líder de los socioalistas vascos. Tras reunirse el pasado miércoles con Otegi descartó  acuerdos de "envergadura" con Bildu por su falta de condena a ETA, enfriando la posibilidad de un cambio de alianzas en Euskadi que lleven a  un posible gobierno tripartito de izquierdas.

El tablero se mueve.