PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "dé explicaciones" sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, que consideran unos hechos "muy graves" sobre los que hay que determinar las correspondientes responsabilidades. También PP+Cs ha considerado que "alguien tendrán que dar explicaciones", aunque ha apuntado que "si alguien se siente espiado deberá ir a los tribunales".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al supuesto caso de espionaje llevado a cabo sobre políticos independentistas con el programa informático Pegasus.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha considerado que se trata de unos hechos "muy graves" que es necesario aclarar de la manera "más transparente posible y completa para que estas situaciones no se vuelvan a producir en un estado de derecho y democrático "como el que se supone en que vivimos".

"Es un grave ataque a los derechos de las personas y a la estructura política e institucional. Estamos preocupados y es algo que nos atañe a todos y por eso el PNV apoyará todas las iniciativas encaminadas a esclarecer todo esto", ha indicado, para añadir que es "necesario que el Gobierno dé una respuesta clara sin ningún titubeo y no deje dudas al respecto".

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha considerado que este caso "gravísimo" supone "un escándalo mayúsculo" porque "no se puede espiar a los políticos en un país democrático". Según ha indicado, parece que es el mayor caso de "espionaje masivo certificado en Europa", con "escuchas" a 65 personas, entre ellas los miembros de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu, y a las personas que tienen contacto con ellas.

A su entender, lo ocurrido "debería preocupar" porque va "en contra de todos los valores democráticos" y, por tanto, no se puede "minusvalorar" el caso ni "escurrir el bulto". Para Kortajarena, el Gobierno debería ser "el primer interesado" en que se esclareciera lo ocurrido porque se trata de "prácticas ilegales y antidemocráticas".

Según ha remarcado, el Gobierno tiene que aclarar "su papel en todo este asunto" y, dado que el software sólo puede ser comprado por gobiernos y los afectados son políticos independentistas vascos y catalanes, "parece claro que es el Estado español el que está detrás de esto".

"Puede haber ocurrido con autorización o no judicial, con autorización o no del Gobierno, con o sin conocimiento del Gobierno, han podido ser cloacas del Estado... Pero en todo caso hay una responsabilidad del Gobierno español y tiene que aclararse y depurar las responsabilidades. Y debería ser el Gobierno el que lo hiciera", ha insistido.

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha recordado que se trata de una cuestión aparecida en un medio de comunicación referida a un "supuesto caso" de escuchas que ya ha sido negado por el Ejecutivo.

Tras indicar que "no es aceptable ningún supuesto caso de escuchas que no esté amparado por los tribunales", ha recordado que en una democracia incluso los servicios secretos "se rigen por la legislación vigente y el control judicial".

"El Gobierno ha manifestado, desde el primer momento, que el Ministerio del Interior no ha comprado ese programa y todos los miembros del Ejecutivo están a disposición del Congreso para dar explicaciones", ha valorado.

Por último, ha advertido que hay una comisión que fiscaliza el trabajo del CNI --comisión de secretos oficiales-- "que lleva 3 años sin poder reunirse por los vetos de PP y Vox a que se incorpore ERC y EH Bildu".

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha considerado que es "muy grave" lo ocurrido porque se ha producido "espionaje político" a políticos, abogados o activistas con los que "se puede estar de acuerdo o no", pero con los que no se pueden usar este tipo de métodos.

A su entender, al Gobierno le toca "dar las explicaciones oportunas" y, por ello, ha incidido en que el hecho de que la Comisión de Secretos Oficiales está "bloqueada" no puede ser "excusa" para no investigarlo.

En su opinión, se tienen que "dar las explicaciones" porque no es "aceptable" que se "espíe". Tras subrayar que se desconoce a "cuántas personas más se han podido espiar en este u otros momentos", ha señalado que Interior ha dicho que no ha comprado el programa Pegasus, pero desde Defensa se ha aludido a la ley Secretos Oficiales. Según ha apuntado, "si no se hubiera espiado, sería tan sencillo como decir que no se ha hecho desde el Ministerio de Defensa".

Por todo ello, ha insistido en que se debe aclarar "qué organismo del Estado ha hecho esto, bajo las órdenes de quién, si ha habido determinada autorización judicial o no y depurar las responsabilidades".

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha recordado que se vive en un estado de derecho de tal forma que "alguien tendrán que dar explicaciones". No obstante, ha afirmado que el Gobierno ya ha negado haber "espiado" por lo que "si alguien se siente espiado deberá ir a los tribunales".

Además, y tras indicar que el PP ha "pedido que se reúna la comisión de secretos oficiales", ha confiado en que la misma se pueda constituir a la espera de las "explicaciones del gobierno".