El fraude de Osakidetza se cierra sin responsables políticos y con los denunciantes señalados

Que en las oposiciones de Osakidetza los exámenes se filtraban a algunos médicos es un hecho consumado. Que un grupo de afectados denunció esto y consiguió, como también hizo Podemos, evidenciar el escándalo ante notario es otro dato inobjetable. Tan inobjetable como que este caso de filtraciones se va a saldar sin responsabilidad política alguna después de la última decisión judicial al respecto. 

La Audiencia Provincial de Álava ratificó esta semana la decisión del juzgado que investiga las supuestas filtraciones en los exámenes de la OPE de Osakidetza de 2016-17 de no imputar al exconsejero de Salud Jon Darpón y a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud María Jesús Múgica por asociación ilícita. Así, a falta de que se cierre la instrucción definitivamente, queda claro que no habrá ningún miembro de la dirección de Osakidetza que se siente en el banquillo por este escándalo. 

Los denunciantes, fuera de juego

En paralelo, dos de los tres denunciantes de este flagrante fraude ya están fuera de Osakidetza. Porque el sindicato ESK del servicio de salud vasco anunció el pasado lunes que Manoel Martínez, anestesista de profesión y uno de los denunciantes del caso que acertó ante notario qué personas lograrían aprobar el examen de la OPE de Osakidetza de 2018, se ha tenido que marchar de Euskadi. En concreto, se ha marchado a trabajar en Laredo (Cantabria). 

Es el mismo camino que tuvo que seguir el también anestesista Roberto Sánchez en su día. Así, solo Marta Macho, la tercera de estos denunciantes, continúa trabajando en Osakidetza ahora mismo. 

El sindicato denuncia "estas prácticas de acoso y derribo que usa Osakidetza en general y la OSI Debagoienea en particular contra su plantilla, prácticas que han supuesto el abandono de profesionales altamente cualificados y que suponen poner en riesgo la atención sanitaria que debemos prestar a la ciudadanía". 

Llueve sobre mojado

Lo cierto es que con esta última decisión judicial llovía sobre mojado. Porque ya en septiembre del pasado año el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria acordó rechazar la petición hecha por el sindicato LAB, personado en la causa, de imputar por ese delito a Darpón, Múgica y también a otros cargos de Osakidetza y del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). 

Dicho sindicato expuso en un comunicado que "resulta paradójico que, a pesar de contar con una veintena de investigados e investigadas, ni una sola persona con responsabilidad en el diseño de una OPE plagada de filtraciones vaya a declarar en calidad de imputada". A juicio de dicha acusación, sí existen datos de la implicación de los dirigentes de Osakidetza en el fraude de las filtraciones. Por ello, hablan de "impunidad" de los presuntos implicados. 

Los citados Darpón y Múgica acabaron dimitiendo por la fuerza de este escándalo. No sin antes asegurar en el Parlamento vasco cosas como que la OPE en cuestión había sido "limpia". O como esa ocasión en la que el entonces consejero de Salud llamó "kamikazes" a estos denunciantes, según recuerdan ellos siempre que tienen ocasión. 

La realidad, cuatro años después de que estallase el escándalo, es que el caso acabará juzgado, sí, pero sin políticos en el banquillo. Y con los denunciantes, como se ha dicho, en una posición cuanto menos incómoda.