El caso De Miguel se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Lehendakari, íñigo Urkullu, y su ejecutivo, que ahora ven como dos formaciones políticas históricamente enfrentadas, el Partido Popular y EH-Bildu, coinciden en sus ataques contra el Gobierno vasco acusándolo de mentir a la sociedad al sostener que no se pudo despedir a Alfredo De Miguel de su empleo en la fundación pública Hazi, dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, “hasta que hubiera una condena firme”.
Alfredo De Miguel, exnúmero dos del PNV en Álava, fue condenado en 2019 a 12 años y 4 meses por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, una sentencia que no le impidió continuar su actividad laboral en la Fundación Hazi, pese a la condena y el reparo de toda la oposición vasca, muy crítica con su permanencia en el puesto.
En este contexto, tanto el parlamentario de EH-Bildu, Josu Estarrona, como el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, han lanzado duros ataques contra el ejecutivo vasco y contra las acciones de Urkullu, apoyándose en un informe jurídico solicitado en 2021 por el gerente de Hazi a una asesoría legal sobre la situación laboral de trabajadores condenados y que, según ha interpretado la formación de Estarrona, confirma que el despido de De Miguel podía haberse realizado sin necesidad de una sentencia firme y sin “vulnerar derechos fundamentales”, cómo aseguró en su momento el lehendakari.
Los principales acusados del caso De Miguel del PNV alavés, entre ellos Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería. / Efe
Un informe que constata el "engaño" de Urkullu
El propio informe en el que se apoya Estarrona, señala que una condena por sentencia firme a penas de prisión “ya suele ser considerada, por sí misma, un motivo de extinción contractual”, ya sea “por abandono del puesto o por incomparecencia al puesto de trabajo", lo que deja entender que la opción lógica sería el despido.
De hecho, aunque su redacción no precisa si es preceptiva una sentencia firme, el convenio laboral de la fundación recoge la posibilidad de despedir a un empleado condenado por falta muy grave por un delito de robo, hurto o malversación con penas superiores a seis años.
Así, el parlamentario ha explicado que este informe, elaborado a partir de una consulta jurídica previa realizada en 2019, constata el "engaño" de Urkullu respecto a las dificultades para despedir a De Miguel.
Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, declaró a ETB que informes como al que se ha referido Estarrona, “tienen que leerse hasta el final", puesto que estos analizan todas las posibilidades y “concluyen” que lo óptimo era "no hacer nada" hasta que la sentencia fuera firme.
Iñigo Urkullu en noviembre de 2019, cuando pidió disculpas por el caso. / Efe
El PNV "bajo sospecha"
También Oyarzabal, en una línea similar, afirmó que el Gobierno vasco, el PNV y, “en particular” Urkullu, “sabían” que había base jurídica para despedir al exdirigente del PNV, y “no solo decidieron mantenerlo en su puesto”, sino que llegaron a “casi duplicar” su sueldo y a “otorgarle tres subidas de categoría”.
"Urkullu mintió, pudieron despedirle y no lo hicieron", ha aseverado Oyarzabal, para añadir también que tras el informe "el PNV queda bajo sospecha", puesto que "han estado protegiendo al jefe de la trama corrupta a sabiendas de que podían haberle despedido".
En línea con el caso, Estarrona ha querido recordar que esta misma semana el Gobierno liderado por Urkullu "ha vuelto a bloquear" una iniciativa propuesta por su grupo que pedía la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción, "alegando que ya hay suficientes órganos y medios para hacer frente a prácticas irregulares y poco lícitas".