La oposición en bloque ataca al Gobierno vasco por los últimos casos de 'puertas giratorias'

Los grupos políticos que conforman la oposición en el Parlamento vasco, han coincidido este miércoles en sus ataques contra el Ejecutivo, concretamente contra el PNV, por los últimos casos de ‘puertas giratorias’ en la formación jeltzale desvelados esta semana en los medios de comunicación, referidos a cinco exdirigentes públicos que tras cesar en su cargo han accedido a un puesto en una empresa privada, sin haber cumplido los dos años de plazo marcados por la ley. 

Aunque la norma cuenta con algunas excepciones y permisos que pueden concederse en estos casos, desde EH-Bildu, Podemos, Vox y PP+Cs, no han tardado en mostrar su descontento por una práctica que tildan de “escandalosa” y que va “en contra” de las propias normas elaboradas por el Gobierno. 

De hecho, estas denuncias, lejos de quedarse en meras palabras y con la clara intención de avivar el fuego y enturbiar la situación del Ejecutivo, se han llevado a la Cámara vasca en forma de iniciativas, preguntas y solicitudes de comparecencia que, previsiblemente, dominarán parte de la conversación política de la próxima semana. 

Misma denuncia, diferentes medidas

Aunque la oposición parece haber arremetido contra el PNV en bloque, las reacciones de las distintas formaciones políticas son muy diversas. Mientras desde el PP y Podemos tan solo piden explicaciones, desde EH-Bildu exigen acabar con la actual Comisión de Ética Pública, que según la coalición soberanistas, “sirve para legitimar” las ‘puertas giratorias’. 

Así, según han anunciado en una rueda de prensa en el Parlamento vasco, han presentado una proposición no de ley en la que piden disolver esta comisión fundada y dependiente del Ejecutivo actual, para crear en su lugar un nuevo órgano compuesto por personas independientes. 

Con esto, según el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, su objetivo es el de "prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares”, que en estos casos recién desvelados, aunque “no son ilegales”, sí son “inapropiados” y “dudosos" desde un punto de vista ético.

En esta línea, desde el grupo Vascos Populares-Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento, Carmelo Barrio, ha mostrado su intención por pedir explicaciones durante el próximo pleno de control y ha definido como "escandaloso" que el Ejecutivo incumpla “sus propias normas", algo que ha comparado con "otra forma de corrupción”.

Una denuncia recurrente desde Podemos

También desde Elkarrekin Podemos-IU se han mostrado con “máxima preocupación”, ante los hechos denunciados durante estos días, por lo que han registrado en la Cámara vasca una pregunta y una solicitud de información para el Gobierno de explicaciones. 

Incluso, la portavoz de Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha cuestonado este miércoles la "efectividad" de la Comisión Ética del Gobierno Vasco, afirmadno que "no ha parado ningún caso de puertas giratorias".

De hecho, no es la primera vez que la coalición morada se pronuncia sobre los casos de ‘puertas giratorias’ en la Comunidad Autónoma Vasca. Ya hace algo menos de un año lanzaron una campaña contra dos antiguos cargos del PNV: Ignacio Sánchez, actual presidente de Iberdrola; y Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.

Reacciones desde el PNV

Todo este aluvión de críticas se ha producido a raíz del salto a la empresa privada de cinco ex altos cargos del Gobierno Vasco inmediatamente después de dejar sus puestos públicos, cuando, según indica la ley vasca de 2014 que regula el código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades, aquellos que han abandonado su cargo en el Ejecutivo deben esperar dos años antes de prestar servicio o mantener una relación laboral o mercantil con aquellas empresas o entidades privadas con las que hubieran tenido relación directa desde su posición política. 

Sin embargo, desde el Gobierno asocian estas excepciones a un procedimiento extraordinario autorizado por la Comisión Ética dependiente del Departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, que permite reducir o saltarse este plazo, y que fue el que se aplicó en todos los casos referidos excepto en el del ex director general de la SPRI, Alexander Arriola, fichado por la empresa de ciberseguridad para vehículos, Eurocybcar.

Los otros excargos públicos a los que se hace referencia son: la exviceconsejera y antigua responsable de Administración y Financiación en Salud, Fátima Ansotegi; al entonces viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia; el exdirector y responsable de Régimen Jurídico en Salud, Ibon Etxeberria;  a Aitor Zulueta, exdirector de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

Con esto, desde el Ejectutivo han tratado de mostrarse claros respecto a estos cinco casos irregulares. De hecho, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, aseveró ayer tras el Consejo de Gobierno, que todos los casos excepto el de Arriola, habían sido estudiados y aprobados "conforme la ley", pero admitió que este último estaba por resolverse porque en su momento "no se le dio respuesta", ni se siguió el procedimiento marcado.