Entre las competencias de las diputaciones sobresale la fiscalidad. A apenas una semana para el 28-M y con Gipuzkoa como una de las plazas más igualadas entre PNV y EH Bildu, vuelve a tomar forma el enfrentamiento de dos modelos tributarios bien distintos, casi antagónicos. Aunque ha llovido, la coalición abertzale ya hizo realidad cuando gobernó el territorio algunos de sus planteamientos en este terreno, duramente criticados entonces por los jeltzales pero que, cosas de la vida, están de completa actualidad hoy en día en todo el panorama nacional.
Confesaba poco después de abandonar la diputación Helena Franco, responsable de la hacienda guipuzcoana entre 2011 y 2015 con Martin Garitano al frente, que la intención de EH Bildu era extender sus esquemas fiscales a Bizkaia y Álava, también a Navarra. No ha vuelto sin embargo la coalición abertzale a tener las cuotas de poder institucional que alcanzó en aquellos años, cuando controlaba también Donostia, una etapa muy condicionada por el enfado que arrastraban PNV y PSE a raíz de la llegada de Patxi López a Ajuria Enea.
Si Bildu pudo poner en marcha entonces algunos cambios fiscales en Gipuzkoa, el más significativo el novedoso IRGF (Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas) fue precisamente gracias a la mano tendida de los socialistas vascos. El PNV, que se veía fuera del gobierno foral por primera vez en 20 años, rabiaba contra el nuevo tributo asegurando que sería "letal" para el tejido empresarial guipuzcoano.
Los enlaces políticos cambiaron pronto, casi tan pronto como Patxi López abandonó lehendakaritza. PNV y PSE sellaron la paz y la celebraron con un acuerdo, precisamente, en materia de fiscalidad. Aquel giro de guión dejaba en el aire el viaje fiscal emprendido por el equipo de Garitano que, como señalaba la propia Franco tras dejar el cargo, aspiraba a ir bastante más allá entre otras cosas apretando más a las rentas de capital vía IRPF o aumentando las cargas por tener viviendas vacías. La realidad política actual, con PNV y PSE en sintonía, hace que resulte casi impensable un gobierno foral tras el 28-M que no esté encabezado por los jeltzales aunque EH Bildu, a día de hoy ligeramente por debajo en las encuestas, obtenga más votos.
La candidata a la diputación de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, durante un acto electoral / Javier Etxezarreta - EFE
Organizar la economía
Acusaba a EH Bildu hace unos días Eider Mendoza, candidata jeltzale a la diputación, de no saber organizar la economía y de vivir de espaldas a las empresas. Y en el mismo acto el alcalde de Donostia, Eneko Goia, repasaba algunos de los tantos anotados a nivel empresarial por el territorio en los últimos años, como el nuevo proyecto de computación cuántica de IBM o el éxito de Viralgen, del gigante Bayer.
La receta en ese sentido del PNV es similar a la del resto de territorios: gestión y rigor económico. Y eso pasa por dejar en el cajón cualquier tipo de aventura fiscal, no hay que correr riesgos. Esa fue la gran acusación de los nacionalistas a la coalición abertzale cuando estuvieron en la oposición a cuenta del IRGF: subir los impuestos a los ricos desatará la fuga de empresarios del territorio.
Un planteamiento que, por otro lado, no dista mucho del que se hace estos días desde la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez por las nuevas figuras tributarias, alineadas en su filosofía con aquel IRGF guipuzcoano, como el impuesto a la banca o las grandes energéticas. Unas medidas que desde el principio se vieron con desconfianza desde Sabin Etxea y contra las que han cargado públicamente referencias nacionalistas en primera línea empresarial como Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.
El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, con los actuales diputados generales y la consejera Olatz Garamendi. / EFE
Nuevo tributo a los ricos
La batería de nuevas medidas fiscales del Gobierno central pilló a las haciendas forales vascas a las puertas del fin de ciclo. Está más o menos claro que Euskadi recibirá de las nuevas cargas a bancos y energéticas 400 millones de euros en dos años, pero el Impuesto a las Grandes Fortunas, de nombre muy similar a aquella figura que implantó Gipuzkoa hace dos legislaturas, está pendiente de configuración legal.
PNV y PSE anunciaron a comienzos de año contactos para hacer modificaciones fiscales, pero estas deberán esperar a después de las elecciones, ya con los nuevos mapas políticos dibujados a nivel provincial. El Impuesto de Patrimonio que grava las grandes fortunas va ahora hasta el 2% en Bizkaia y hasta el 2,5% en Gipuzkoa y Álava, con lo que hay cierto recorrido hasta el 3,5% de techo que marca el nuevo impuesto general.
Se trata en todo caso de una arista de más valor político y simbólico que recaudatorio, ya que apenas 500 contribuyentes vascos estarían afectados por ese aumento de la presión fiscal al tener un patrimonio de más de 10,5 millones de euros.
Maddalen Iriarte, la apuesta fuerte de EH Bildu por lograr más votos que el PNV en el territorio guipuzcoano, ha reiterado en su paso por el Parlamento Vasco que la fiscalidad actual "es injusta". Incluso dejaba caer Iriarte poco antes de dejar la cámara vasca que, en ese camino hacia una fiscalidad que apriete más a las rentas altas y a las grandes empresas, habría que estudiar dotar al Gobierno vasco de un mayor margen de maniobra frente a las diputaciones. Una propuesta que choca con la lógica institucional actual y que, como el resto, tendrá el trayecto taponado mientras la alianza entre nacionalistas y socialistas no salte por los aires.