Las víctimas piden a la Fiscalía revisar las listas de Bildu tras el caso de Sara Majarenas

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que este jueves denunció que EH-Bildu había incluido en su candidatura a Astigarraga a la exetarra Sara Marajeranas, todavía inhabilitada para ostentar un cargo público, por su vinculación a la banda terrorista ETA, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que revise las listas de la coalición soberanista para las elecciones de este 28 de mayo por la inclusión de candidatos condenados por delitos de terrorismo en "sucesivos procesos electorales celebrados en España" desde 2011. 

Así, después de que ayer saliera a la luz el caso de Majarenas, sobre quien todavía recae una pena de inhabilitación vigente hasta 2028, ahora la fundación dirigida por Daniel Portero de la Torre -hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000- reclama que la izquierda abertzale ha incluido desde 2011 hasta 89 personas condenadas por vinculación o pertenencia a la banda terrorista, el doble de los que denunció el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (Covite), para estas elecciones forales y municipales en Euskadi. 

La gran diferencia con las protestas de Covite, está en que Dignidiad y Justicia se remonta mucho más atrás, y hace un repasado a los últimos 12 años de comicios tanto en Euskadi como en España. Así, como recoge el comunicado compartido por DyJ, el pasado 18 de mayo se envió a la Fiscalía un escrito en el que se ampliaba el número de candidatos condenados por terrorismo -más allá de los 44 denunciados por Covite para este 28-M-, con el objetivo de "acreditar" la presentación reiterada de "listas contaminadas", en los procesos electorales desde 2011, "con la consiguiente vulneración de EH-Bildu" a la Ley de Partidos Políticos.

Sara Majarenas formó parte del intento de asesinato contra la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP) / Twitter

Entre estos casi 100 nombres que recoge el comunicado, destacan figuras ya instauradas en la política nacional, como la parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua -en 2011 candidata a la Alcaldía de Usurbil-, que en 1984 había sido condenada por apología del terrorismo; y otras con grandes penas de cárcel, como Juan María Babirondo Agote -candidato en Deba en 2015-, y condenado a 29 años de prisión por el asesinato del coronel José María Picatoste, y a 124 años por el secuestro del empresario Lucio Aguinagalde y el asesinato de un ertzaina en 1989.

También figura en las listas el candidato a la Diputación General de Vizcaya, y hasta hace poco parlamentario por EH-Bildu en la Cámara vasca, Iker Casanova, quien en 2011 terminó su pena de prisión por un delito de integración a una organización terrorista, y en 2016 fue elegido en las autonómicas vascas.