Dignidad y Justicia pide a la Junta Electoral anular la candidatura de Bildu de una condenada por pertenencia a ETA

La entidad Dignidad y Justicia ha exigido este jueves que la Junta Electoral de San Sebastián anule la candidatura de Sara Majarenas Ibarreta, una de las 44 exmiembros de ETA presentes en las listas de Bildu, al municipio de Astigarraga, alegando que la exetarra no ha completado todavía su condena de inhabilitación para ocupar un cargo público, por lo que su inclusión en las listas de esta localidad guipuzcoana es ilegal. 

La asociación de víctimas, dirigida por Daniel Portero -hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000- ha señalado en un comunicado de prensa que Majarenas fue condenada en 2005 a 13 años y 2 meses de cárcel, una pena que cumplió hasta 2018, por lo que tras salir de prisión "según establece la propia sentencia", la pena principal de inhabilitación absoluta continúa porque esta impone 10 años más a los de la pena de prisión, lo que no le permite ocupar ningún cargo público, por lo que Majarenas, "habiendo salido el 9 de abril de 2018, no tiene extinguida dicha pena principal de inhabilitación absoluta".

El escrito, al que ha accedido Crónica Vasca, se ha presentado ante la Junta Electoral de Guipuzkoa, el Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional y a la Junta Electoral Central.

Precedentes en Otegi y Casanova

Desde Dignidad y Justicia señalan que según la legislación española, los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, son "inelegibles" cuando la propia condena haya establecido una pena de inhabilitación absoluta, especial o de suspensión para empleo o cargo público". 

Sara Majarenas /RTVE

Con esto, denuncian que ya se han dado precedentes en los que personas condenadas por este tipo de delitos e inhabilitadas por ley han tratado de conformar listas electorales o de ser elegidas en unos comicios, pero se les ha impedido el acceso a las instituciones públicas. Caso como el del exparlamentario de Bildu y actual candidato a la Diputación General de Vizcaya, Iker Casanova, que en 2015 marcó un precedente al ser la primera vez que se confirmaba como no se incorporaba la fecha en la que se ponía fin a las penas de inhabilitación, al contrario de lo que sí ocurre con las condenas penales. 

También el caso de Otegi es en cierto modo similar, puesto que el secretario general de la coalición soberanista estuvo inhabilitado hasta 2021 tras ser condenado por el 'caso Bateragune' y no pudo presentarse a las elecciones a lehendakari en 2020, siendo sustituido en aquel caso por la actual candidata a la Diputación General de Guipuzkoa, Maddalen Iriarte. 

Sara Majarenas formó parte del intento de asesinato contra la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP) / Twitter

Comando Levante y Rita Barberá

Entre los hechos por los que se le condenó a Majarenas: como autora de un delito de integración en organización terrorista; autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial con finalidad terrorista; y autora de un delito de tenencia ilícita de armas con finalidad terrorista, destaca el intento de asesinato contra la exalcaldesa de Valencia por parte del PP, Rita Barberá. 

Fue justamente durante el transcurso de este intento de atentado cuando la terrorista fue cerca de la plaza del ayuntamiento, en el hostal donde ella y el resto del comando Levante. Durante la detención, su compañero dentro de la banda, Mikel Orbegozo Echarri, atacó a los agentes con un arma de fuego, lo que permitió al resto de integrantes de ETA escapar durante un breve periodo de tiempo. 

Visto el error padecido en el caso de Majarenas, desde la asociación de víctimas reclaman que se revisen los otros 43 casos de antiguos miembros de la banda terrorista presentes en las listas de la formación abertzale en localidades de Euskadi y Navarra, y pidan al Servicio Común de Ejecutoras de la Audiencia Nacional que proceda a requerir "con carácter urgente la liquidación de condena de todos y cada uno de los candidatos presentados por la entidad política EH Bildu a las próximas elecciones autonómicas y municipales, y comprobar documentalmente si algún otro incurre en dicha causa de inelegibilidad".