El Superior ratifica la anulación de las cuotas millonarias del polémico plan urbanístico de Mungia

El Tribunal Superior vasco de Justicia ha ratificado la anulación del cobro de las millonarias cuotas del polémico plan urbanístico de Larrabizker en Mungia, con el que el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,5 millones de euros en cargas de urbanización para costear otro proyecto. El alto tribunal vasco ha confirmado la resolución de un juez de Bilbao, que en diciembre pasado declaró ilegales las cuotas por contravenir la propia normativa urbanística municipal.

En poco más de un año, el Ayuntamiento vizcaíno ha recibido tres varapalos judiciales por este asunto. En mayo del pasado año, el mismo juzgado anuló el proyecto de urbanización por incrementar casi el doble los pagos y la falta de información pública.

El Consistorio exige desde 2020 el pago de estas cantidades y la mayoría de los vecinos han abonado el dinero. Pero una docena de residentes ha llevado el tema a los tribunales y ya ha conseguido estas tres sentencias favorables.

El ayuntamiento, gobernado por el PNV, ha hecho caso omiso hasta ahora a los fallos de la Justicia. El pasado año, en las fechas en las que se conoció el primer fallo que anulaba el proyecto de urbanización, el Consistorio obvió al juez y envió cartas a los 13 vecinos que mantienen el litigio para que abonen las cantidades, queque llegan a alcanzar los 80.00 euros por persona.

Mientras continúa el lío judicial sobre el proyecto de Larrabizker, las obras prosiguen sin freno y ya están terminadas un centenar de las 437 viviendas proyectadas.

Este caso tenía abiertos tres frentes judiciales: el fallo sobre la legalidad del proyecto de urbanización, el cobro de tasas que el consistorio incrementó sin ninguna justificación y una instrucción judicial sobre cuatro parcelas concretas. Los dos primeros ya han tenido resoluciones favorables a los vecinos y el tercero fue archivado.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en que los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó posteriormente hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subieron hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA. Y el pasado año, el Consistorio (a través de un decreto de alcaldía del pasado 5 de octubre), no solo no rebaja las cargas del 19 al 11%, como exigía una sentencia judicial, sino que las incrementa al 23,45% por sobrecostes. Unos gastos que no se aplican a las obras del resto del proyecto, las 24 hectáreas de la nueva urbanización, que mantiene inalterables sus gastos y ve así reducida su carga total del 80% al 76%.

Los vecinos han llevado a los tribunales estas irregularidades. La primera sentencia favorable llegó hace más de un año. El juzgado 5 de lo contencioso, en un fallo dictado el pasado 6 de mayo, declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumenta que el incremento del cobro de las cargas (del 11% a casi un 20%, cuando aún no se había producido el nuevo incremento hasta el 23,45%) incumple las propias normas urbanísticas del municipio de Mungia. A ello añade que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública, una ausencia que es criticada duramente en el fallo.

El mismo juzgado ha declarado nulo también el cobro de las cuotas. En una sentencia dictada el pasado 23 de diciembre, considera ilegal que se exija más del 11% porque “contraviene lo dispuesto en la NNSS (las normas urbanísticas de Mungia) como norma de rango jerárquicamente superior por su alcance general”. El juez agrega que el Consistorio no ofrece una explicación “suficiente de por qué no se respetan los porcentajes fijados en el art. 36 de las NNSS, que es, en definitiva, la cuestión que subyace y que no resulta satisfactoriamente motivada ni en el acto recurrido ni en la contestación a la demanda”.

Este fallo fue recurrido por el Ayuntamiento de Mungia ante el Tribunal Superior vasco de Justicia. El alto tribunal, en un auto dictado el pasado 29 de mayo, rechaza la apelación y confirma la sentencia del juzgado por una cuestión de forma. Sin entrar en el fondo de la cuestión, señala que las cuotas individuales de esta docena de vecinos son inferiores a los 30.000 euros en cada caso, por lo que la jurisprudencia dictamina que no se pueden interponer recursos judiciales de apelación. La resolución es firme, por lo que el Consistorio no puede exigir este cobro a los vecinos denunciantes.

Como ya informado este blog, no son las únicas anomalías de este proyecto urbanístico. El pasado año, un informe del área de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia detectó importantes ilegalidades medioambientales y problemas de inundabilidad en una veintena de parcelas. Tres técnicos señalaban que hay daños a una especie protegida como el visón europeo, la ejecución de un vertido al río sin autorización o la existencia de zonas inundables en una superficie total de 2,4 hectáreas. Por ello, advierten que el “promotor deberá obtener la autorización previa del Departamento de Sostenibilidad” de la Diputación vizcaína para seguir con el proyecto.