Los ocho días de huelga convocados por los sindicatos en la enseñanza concertada en Euskadi es solo una más de las muchas piedras puestas en el camino del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, para este último año de legislatura. El consejero, que desde hace semanas está en el punto de mira de la sociedad vasca tras el conflicto con las empresas encargadas del transporte escolar, y que se enfrenta a un "escándalo" después de que Educación adjudicara contratos a la empresa de un asesor del gobierno, ve ahora como también los colegios concertados se ponen en contra del Ejecutivo con una serie de huelgas que afectan a 120.000 alumnos.
Esta convocatoria, señalada para los días 17, 18 y 19 de octubre y desde el 11 al 15 de diciembre por ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, se suma a otras dos huelgas anunciadas en los últimos días en el sector de la Educación vasca. Por un lado está la que anunciaron los tres primeros sindicatos mencionados en la enseñanza pública no universitaria para el próximo 24 de octubre y dirigida al personal docente, de Educación Especial, Cocina y Limpieza; y también a la que hace una semana LAB, CCOO, Steilas y ELA convocaron para el día 11 de octubre y dirigida al personal docente e investigador de la UPV/EHU.
Bildarratz, que no se ha pronunciado todavía sobre este llamamiento a la huelga en la enseñanza concertada, cuyos convocantes cuentan con el 100% de la representación sindical en este sector, sí que entró a valorar la huelga convocada para la enseñanza pública. Incluso llegó a afirmar que esta no tenía "ni pies ni cabeza", y que uno de sus convocantes, en referencia a CCOO, ya había firmado en su momento un acuerdo estatal sobre una serie de demandas que "se deciden en Madrid".
Pero estas tres convocatorias diferentes no son los únicos frentes abiertos que actualmente tienen Bildarratz y su Departamento. El consejero, desde el comienzo del curso académico, se enfrenta a toda una ola de polémicas relacionadas con las empresas de transporte escolar, desde que estas se negaran a seguir la orden publicada por Educación que les obligaba a mantener el servicio activo con las mismas condiciones del pasado curso. Sin embargo, varias de estas empresas optaron por desobedecer esta orden y provocaron que varias rutas quedaran desatendidas.
Finalmente, estas empresas reanudaron su servicio tras retomar el diálogo con el Gobierno, pero la polémica estuvo lejos de terminarse. Pocos días después, los diarios del grupo Vocento en Euskadi desvelaron que la consejería liderada por Bildarratz había adjudicado, después de un concurso público, hasta quince rutas en Gipuzkoa a la empresa de un asesor del Ejecutivo.
Fue a Joanes Labayen, asesor del propio departamento de Educación y marido de la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, a quien se le concedieron estos contratos, lo que además provocó la denuncia unitaria de todos los grupos de la oposición, e incluso la reacción del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien pidió aclarar el caso "con máxima celeridad".
Últimos pasos en la Ley de Educación
Todo este aluvión de polémicas, huelgas y conflictos se produce justamente cuando la nueva Ley Vasca de Educación afronta uno de sus últimos trámites antes de ser llevada a votación en el Parlamento autonómico, aunque todavía este proceso puede retrasarse mucho. La norma, que pretende ser uno de los grandes logros del Ejecutivo de Iñigo Urkullu y del consejero Bildarratz, se encuentra ahora en un periodo para presentar enmiendas que finaliza este martes y en donde gran parte de los grupos del parlamento han participado.
Tanto Elkarrekin Podemos-IU, como el PP vasco han presentado sus propios textos para enmendar la totalidad de esta ley, pero ambos con motivaciones y argumentos totalmente diferentes. Mientras los populares critican el modelo lingüístico presente en la norma, que da todavía más presencia al euskera sobre el castellano; la coalición morada denuncia que esta se aleja de lo acordado en el pacto educativo firmado en abril por dar prioridad a la aplicación definitiva del euskera como lengua base, y no al desarrollo de los centros públicos sobre los concertados y el fin definitivo de la educación segregada.
Incluso, tanto PNV como PSE-EE, los partidos que conforman el Ejecutivo vasco, plantean una reforma del texto original que deje más satisfecha a la parte socialista del Gobierno, la cual fue especialmente crítica con el proyecto de ley aprobado en abril. De hecho, aparte del PNV, el único partido que parece totalmente conforme con la norma es EH-Bildu, cuyo parlamentario, Ikoitz Arrese, ha llamado a respetar el pacto educativo y ha mostrado su confianza en que la norma pueda aprobarse antes de que termine la legislatura.
Además, en referencia a la polémica respecto a la adjudicación de las rutas de transporte escolar al asesor del Departamento de Educación, Joanes Labayen, el parlamentario de la formación abertzale ha insistido en la necesidad de dar respuesta a lo sucedido, y ha señalado que su grupo parlamentario prefiere conocer más informaciones sobre este tema antes de apoyar la propuesta de formar una comisión de investigación como propone Elkarrekin Podemos.
Así, Arrese, este jueves se ha dirigido a los medios de comunicación ante los que ha aseverado que "las prisas no son buenas", y ha compartido su disconformidad con cómo está gestionando el Departamento de Bildarratz esta crisis. Razón por la que ha recordado que el grupo de EH-Bildu ha pedido en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo de Urkullu "aclare" lo ocurrido.