La juez no ve delito en el cementerio de Deba, vinculado a un "pelotazo" de 50 millones

La juez no ve delitos en las obras de construcción del cementerio de Deba, un polémico proyecto vinculado a un “pelotazo” urbanístico de 50 millones, y ha dictado el archivo provisional de la causa. En el caso estaba imputado el exalcalde entre 2015 y 2019, Pedro Bengoetxea (de la plataforma vecinal Debarren Ahotsa), y dos empleados municipales, acusados de delitos contra el medioambiente, patrimonio artístico y prevaricación.

Detrás de todo, está el proyecto de una constructora local, Grupo Eibar, de edificar 180 viviendas y un hotel, en los terrenos del actual cementerio. Un plan urbanístico que es presentado por los promotores como la “mejor terraza del Cantábrico, con unas maravillosas vistas al mar, a la playa y al pueblo de Deba” y que en la primera fase ya tiene todo vendido. En suma, un «pelotazo» urbanístico que podría superar los 50 millones de euros, según los primeros cálculos.

El caso surgió tras la denuncia presentada en 2019 por la asociación ecologista Mutriku Natur Taldea que presentó en abril de ese año una denuncia ante la Fiscalía por afectar a un manantial y estar en la zona de servidumbre de un dominio público marítimo terrestre, al Camino de Santiago y por el hecho de que el proyecto fuera elaborado por el asesor de urbanismo del Ayuntamiento y aprobado por la misma persona.

Años de retrasos y modificaciones

El Ayuntamiento de Deba llevaba 25 años con el proyecto de demoler el anterior cementerio, un terreno muy apetecible urbanísticamente para construir viviendas. Tras iniciar los trámites en 1996, se encontró con un informe negativo en 1999 de la Dirección de Salud del Gobierno vasco a la construcción del cementerio, en la denominada zona de Arzabal, por ser un terreno impermeable (la Ley de Instalaciones Mortuorias exige su permeabilidad para que, cuando llueva, no haya riesgo sanitario con los lixiviados por la putrefacción de los cadáveres), la existencia de una conducción de agua potable y no cumplir la distancia de 500 metros a zonas pobladas. El Tribunal Superior de Justicia vasco, además, anuló en 2002 el convenio urbanístico para edificar el cementerio.

Obras del cementerio de Deba, en una imagen de archivo / @CementerioDeba

Sin embargo, el consistorio retomó el proyecto tras un decreto del Gobierno vasco de 2004 que rebajó las condiciones para construir cementerios, al reducir de 500 a 10 metros la distancia a zonas pobladas. Un decreto que parecía redactado a la carta para el caso de Deba.

Así, el nuevo proyecto redujo significativamente la superficie del nuevo cementerio: de 11.000 metros cuadrados y cerca de 1.200 sepulturas se pasó a 4.500 metros cuadrados y un centenar de fosas. Pero este segundo plan se aprobó sin el permiso de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que se enteró de su existencia por los ecologistas, y constató que un tercio de la superficie es área de dominio público marítimo terrestre.

Para salvar esa protección, el Ayuntamiento acometió un tercer proyecto que limitó las obras a dos tercios de los 4.500 metros cuadrados previstos.

Una investigación judicial paralizada

Las obras del nuevo cementerio se iniciaron en 2019 y concluyeron en noviembre de 2020, aunque la instalación no se abrió hasta año y medio después, a mediados de 2022, debido a diversas deficiencias como filtraciones de aguas. El Ayuntamiento eludió informar al juzgado de instrucción de Eibar, pese al requerimiento realizado, de que en 2001 se realizaron tres actas de inspección tras detectarse importantes deficiencias en la construcción,

La investigación judicial ha estado paralizada prácticamente dos años y empezó a reactivarse en 2022. En un auto dictado el pasado 28 de septiembre, el juzgado de instrucción 2 de Eibar ha acordado el archivo al no ver ninguno de los tres delitos.

La juez señala que hay varios informes de Ura que concluyen que “no existe” ninguna afección medioambiental. En cuanto al daño al patrimonio, se remite a un informe de la Diputación de Gipuzkoa, de mayo de 2019, que concluye que no afecta al Camino de Santiago. Y, sobre la intervención del asesor del urbanismo (al elaborar el proyecto del cementerio y aprobarlo él mismo), concluye que “únicamente se deducen unas infracciones deontológicas o administrativas, pero en ningún caso penales”.