Los trámites parlamentarios y el calendario electoral amenazan con neutralizar la Ley de Educación

La nueva Ley Vasca de Educación comenzó el pasado martes la fase definitiva de su tramitación parlamentaria después de que terminara el plazo para presentar enmiendas, y parece que el Gobierno vasco va a tratar de darse prisa para aprobar una de las normas más importantes de la legislatura. No solo por la necesidad de actualizar el sistema educativo de Euskadi, algo en lo que coinciden casi todos los partidos políticos, sino también por el carácter simbólico de una ley que llegó a unir al 90,6% de la Cámara autonómica, y ahora vuelve provocar una gran discusión política. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y el resto del Ejecutivo vasco quieren aprobar esta norma ante de que termine el año, pero la realidad es que todavía le queda un arduo recorrido parlamentario y el calendario electoral comienza a apretar. Las autonómicas, que todavía no cuentan con una fecha concreta, se acercan a pasos agigantados y el fantasma de una repetición electoral de las generales podría truncar por completo la aprobación definitiva del nuevo texto durante este mandato. 

Ahora es momento de debatir y votar las enmiendas llevadas a la Cámara vasca. En total, entre todos los grupos parlamentarios han presentado cerca de 300 enmiendas parciales, además de cuatro enmiendas a la totalidad redactadas por PP, Ciudadanos, Vox y Elkarrekin Podemos-IU. Numerosas modificaciones al proyecto de ley aprobado el pasado mes de abril que deberán pasar por el parlamento antes de alcanzar una resolución definitiva sobre la nueva ley.

Además, aunque la mayoría con la que cuentan PNV y PSE-EE lo hace imposible, en caso de que una de las cuatro enmiendas a la totalidad se llegará a aprobar, esto obligaría a llevar de vuelta el texto al Gobierno vasco, y desde el Departamento de Educación tendrían que elaborar una nueva ley que sí contentara a la mayoría parlamentaria. Sin embargo, en caso de que se diera este escenario, la norma nunca llegaría a ver la luz en esta legislatura. 

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz / Europa Press

Elecciones, trifulcas internar y un pacto roto 

Con todo esto, hay que tener pendiente que las enmiendas a la totalidad y las enmiendas parciales se debaten por separado en el parlamento, por lo que el proceso se va a seguir alargando, por lo menos, varias semanas, siendo optimistas. Por ejemplo, mirando a la última norma aprobada en el País Vasco: la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, desde que terminó el plazo para presentar enmiendas (el 31 de mayo de 2023) hasta que finalmente se votó el texto definitivo en el Parlamento (el 28 de septiembre de 2023), pasaron cuatro meses. 

Por tanto, de repetirse un escenario similar, la nueva Ley de Educación podría no ver la luz hasta febrero. Pero teniendo en cuenta que en Euskadi el mes de enero es inhábil, y por tanto cualquier actividad parlamentaria queda paralizada, el proceso se alargaría todavía más y el debate definitivo sobre esta norma podría acabar siendo en marzo. Mes en el que muchas voces creen que se llevarán a cabo las elecciones vascas.

El Ejecutivo vasco ya ha mostrado en varias ocasiones su intención de aprobar cuanto antes esta norma, por lo que evitarán que el proceso se alargue tanto como con la de Memoria Histórica y Democrática. Sin embargo, aquí hay otro factor muy a tener en cuenta, y es que esta última norma salió adelante no solo con el voto del PNV y el PSE, sino también con el de EH-Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, algo que en este caso no va a ocurrir. 

Hace varios meses, antes de que en abril el Consejo de Gobierno diera el visto bueno al proyecto de ley presentado por el Departamento de Educación, la norma contaba con el beneplácito de los partidos del Ejecutivo, pero también con el del bloque abertzale y progresista de la Cámara, todos ellos firmantes del llamado pacto educativo en abril de 2022. Pero conforme se fueron conociendo más detalles del texto, el espíritu de consenso de esta norma fue decayendo. 

Primero fue Podemos quien se desmarcó, argumentando que el proyecto de ley no protegía a la escuela pública sobre la concertada como se había prometido hace más de año, y tampoco ponía un fin definitivo a la segregación escolar. Después, el rechazo vino desde dentro del Ejecutivo. La parte socialista mostró su disconformidad con la posible desaparición de los modelos lingüísticos y con el excesivo protagonismo que se le daba al euskera sobre el castellano, lo que llevó a que PSE y PNV pactaran una serie de enmiendas para blindar dichos modelos. 

Una maniobra de última hora que recibió el rechazo más absoluto de Bildu. La coalición soberanista pidió explicaciones a Bildarratz y al lehendakari, Iñigo Urkullu, y amenaza incluso con votar en contra de una ley que hace año y medio contaba con el visto bueno del 90,6% del Parlamento. 

A todo esto habría que sumar el apretado calendario electoral que afronta el País Vasco en este último curso de legislatura. Con todavía la posibilidad de repetir las generales si Pedro Sánchez no logra ser investido presidente del Gobierno -lo que llevaría a acudir de nuevo a las urnas el próximo 14 de enero-, Urkullu no ha dado noticias de cuándo pondrá él las autonómicas y son varias las fechas que se manejan. 

Enero estaría casi descartado, puesto que sería imposible sacar adelante la Ley de Educación, pero nada evita que la Xunta de Galicia -con quienes se ha pactado durante años para realizar las elecciones a la vez-, convoque los comicios para ese mes; marzo sería una buena fecha que permitiría darles a las autonómicas una visión completamente regionalistas de las alecciones como pretende hacer Urkullu; y por último, junio sería una de las últimas opciones, haciendo que estas coincidieran con las europeas, pero la realidad es que al PNV no le interesa una perspectiva tan nacional y amplia en unos comicios donde se juega su hegemonía política.