El Gobierno vasco recurre las sentencias del TSJPV contra el euskera y la Ley Municipal

La pugna entre el Gobierno vasco y los tribunales respecto a las sentencias contra el euskera continua encrudeciéndose. Si a comienzos de noviembre los partidos que conforman el Ejecutivo: PNV y PSE-EE ya mostraron sus diferencias respecto a este tema antes de la movilización convocada por Euskalgintzaren Kontseilua a la que los jeltzales sí se sumaron, pero no los socialistas. Ahora, el Gobierno de Urkullu da un paso más y ha dado a conocer que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) las sentencias que anularon numerosos artículos del decreto sobre normalización del euskera en los ayuntamientos, en la conocida como Ley Municipal.

Estas sentencias, cuyo origen estaba en los recursos presentados por PP y Vox, anularon algunos artículos de decreto de normalización del euskera, entre ellos los que establecían que la lengua a emplear en las comunicaciones institucionales se hiciera "atendiendo al factor de conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte de las personas receptoras". Además, se anularon otros artículos que obligaban a los ciudadanos a "argumentar válidamente el desconocimiento" de una de las dos lenguas para recibir las convocatorias, mociones y normativas de ámbito local".

Pero ahora, según recoge la Agencia EFE, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que dirige la consejera Olatz Garamendi, ha explicado que los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco han presentado ya los escritos de preparación de los recursos de casación contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV, al considerar que la normativa no margina al castellano ni implica la primacía de una lengua cooficial sobre la otra. 

Así, el Gobierno autonómico ha explicado en un comunicado que recurrirá porque entiende que el decreto de normalización del uso del euskera en las entidades locales "plasma el mandato del Estatuto de Gernika" sobre la utilización institucional y administrativa de esta lengua. Además, recalca que "la inexistencia de determinadas referencias al castellano no debe entenderse como una marginación o discriminación de dicha lengua, como erróneamente concluye la sentencia del TSJPV".

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Corregir "la situación histórica de desigualdad"

Como informa EFE, la nota enviada por el Ejecutivo añade que el artículo 6 del Estatuto de Gernika, el artículo 3 de la Constitución y el 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias obligan a la Administración vasca a "asegurar el respeto y fomentar el uso del euskera" y con este fin a "corregir la situación histórica de desigualdad existente del euskera con respecto al castellano, sin que ello implique primacía o privilegio de una lengua sobre otra".

"El decreto se centra en regular el uso institucional y administrativo del euskera en las instituciones locales, lo que no ha sido comprendido y valorado por el órgano judicial", critica el departamento que dirige la consejera Olatz Garamendi, que abunda en que el TSJPV ha hecho "una interpretación errónea al concluir que se producía una marginación o un desequilibrio hacia el uso de la lengua castellana y una vulneración del principio de igualdad".

Para el Gobierno vasco, según recoge EFE, el decreto "se limita a fomentar y potenciar el uso del euskera en los municipios en los que, de acuerdo con su situación sociolingüística, se dan mejores condiciones para llevar a cabo con más eficacia una política municipal de normalización del uso del euskera. Y todo ello sin excluir o discriminar el uso del castellano", asegura.

Sin embargo, en su momento el alto tribunal vasco alegó que "no es jurídicamente admisible" imponer "el uso exclusivo de la lengua autonómica en el ámbito de la administración local en razón de la determinación sociolingüística del municipio". Y concluyó que la entidad local no tiene por qué saber el grado de conocimiento de las lenguas por parte de los ciudadanos ni puede exigirles que manifiesten ese dato. Algo que provocó las críticas del Gobierno vasco y el Parlamento autonómico (a excepción de PP, Vox y Cs) de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel-, Kontseilua y sindicatos.