El Parlamento decide, por unanimidad, investigar y reconocer los abusos sexuales a menores en Euskadi

En los últimos años, la visibilidad hacia los casos de abusos sexuales contra menores perpetrados en Euskadi y el resto de España han aumentando significativamente. Una realidad "oculta" en las décadas pasadas y cuyas víctimas se han visto obligadas a sufrir su dolor en silencio. Ante esto, el Parlamento vasco, desde la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia, ha aprobado este jueves la realización de un estudio que proporcione propuestas y fórmulas para prevenir, detectar, atender y judicializar los casos de abusos sexuales a menores. Una medida que ha sido muy bien recibida por algunas de las víctimas y sus familiares que han acudido al pleno de la cámara autonómica. 

La propuesta, que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos, propone llevar a cabo un registro que incluya, aunque de forma anónima, a víctimas y victimarios, y acaba con el silencio sobre una realidad que ha dejado a miles de víctimas desamparadas durante décadas. Víctimas que, en muchos casos, no pudieron acudir a sus familias o centros de estudios porque era precisamente en estos espacios donde se encontraban sus agresores. 

Con el pleno de este jueves termina un proceso que dio sus primeros pasos hace dos legislaturas, en 2019, y que se vio frenado por la pandemia y por las anteriores elecciones autonómicas. Así, en 2020 se retomó la realización de este informe, en el cual se reclama también a la Iglesia el reconocimiento del daño causado a las miles de víctimas de abusos por parte de sacerdotes, frailes y otros miembros de esta institución religiosa. Incluso, el informe reclama a la Iglesia "la puesta en marcha de medidas indemnizatorias" y la posibilidad de que se habiliten procesos para reparar el daño causado a las víctimas en aquellos casos que hayan prescrito en el tiempo. De hecho, entre las denuncias de las víctimas han destacado la dificultad que en muchos casos estas han tenido para identificar y denunciar estos abusos. 

En esta línea, entre las medidas establecidas en el informe, se reclama la revisión y actualización de los protocolos en la administración pública, Osakidetza, los centros educativos y la Ertzaintza, en referencia los abusos sexuales a menores, y se plantea incluso la creación de juzgados específicos dirigidos a investigar este tipo de casos. Además, el informe aprobado este jueves recomienda también establecer un sistema público de acceso universal dirigido a que las víctimas, ya sean niños o personas adultas que sufrieron estos abusos en la infancia o la adolescencia, puedan acceder a un tratamiento terapéutico que valoran como indispensable. 

La parlamentaria del PNV, Eva Juez, durante el debate en el pleno sobre los abusos sexuales a menores / PNV-EAJ

Décadas silenciados y marginados

Aunque esta medida llega tarde para muchas de las personas que sufrieron abusos, su implantación abre el camino para dar voz y visibilizar a una realidad que durante décadas ha quedado ensombrecida e ignorada. A juicio de Juan Cuatrecasas Asua, presidente de la asociación Infancia Robada y padre de una víctima de abusos por parte de un profesor de un colegio del Opus Dei Gaztelueta, "todos los pasos que se están dando en este país, viniendo de donde venimos, que es de la nada" son algo positivo. 

Por ello, ha destacado que el informe aprobado en la Cámara vasca "debería servir de ejemplo para otros parlamentos autonómicos" los cuales todavía deben abordar "un trabajo que queda pendiente". De hecho, ha destacado que el vasco, junto al Parlamento el navarro, es "pionero en reconocer" estos casos y ha hecho un llamamiento al resto de parlamentos autonómicos "para que tomen nota".

Además, en referencia al registro previsto en esta iniciativa, el cual deberá incluir datos sobre el territorio histórico y al área en el que se produjeron estos abusos, quién o desde qué entorno se notificó cada caso, el tipo de abuso sexual, el estado en que se encuentra el caso y el nivel de intervención, Cuatrecasas ha valorado que esto permite recoger "a modo notarial la existencia de estas víctimas". "Lo que se está pidiendo es que se cumplan los derechos que les corresponden a las víctimas como víctimas", ha aseverado. 

Por su parte, Alfonso Ruiz de Arcaute, víctima de abusos de la Iglesia en Vitoria cuando era menor de edad, ha celebrado que, con esta iniciativa, "se pone voz a una realidad silenciada durante muchas décadas. Una realidad que mientras no se hable, en el fondo no existe y hay que vivir en solitario". "Poder salir a la luz, que la realidad exista, que se empiecen a tomar medidas y se empiece a comprender la situación de víctimas y supervivientes es algo muy importante para nosotros", ha valorado. 

"Palos sobre la rueda"

Cuatrecasas se ha mostrado muy crítico también con la Conferencia Episcopal de España, a la que le ha reclamado una mayor colaboración con los poderes públicos. "Quien no esté dispuesto a colaborar que se vaya a su casa, porque denunciar estos delitos cuesta mucho y tiene un precio personal que se paga muy caro", ha señalado el presidente de la asociación Infancia Robada, quien, además, ha recordado que en España desde los 60 ha habido "440.000 víctimas" una cifra "similar" a la de otros países como Francia, donde el número de menores víctimas de abusos se sitúa en "300.000 o 350.000" personas. 

"La iglesia, aunque le cuesta más y tiene más reticencias porque hay un sector rigorista que está poniendo palos en la rueda del sector más aperturista, también se está moviendo. Y más en Roma, donde el papa Francisco plantó su tolerancia cero contra los abusos y creo que en su cita del próximo 28 de noviembre con la Conferencia Episcopal de España, va a ser un antes y un después para que esta, en bloque, comience a hacer sus deberes", ha sentenciado Cuatrecasas. 

También, tras conocerse la aprobación unánime de este informe, otra de las víctimas presentes en la Cámara autonómica, Íñigo Zabala, víctima de los abusos sexuales perpetrados por su padre, ha asegurado que lo aprobado este jueves en el Parlamento "es un paso importantísimo" para las víctimas porque esto les permite "abandonar la invisibilidad".

"Nadie nos veía, no existía y teníamos diagnósticos psiquiátricos que no eran reales porque no se nos reconocía como víctimas de abusos sexuales. Son secuelas que compartimos todos los compañeros", ha insistido Zabala, quien además, se ha referido a quienes "están escondidos todavía, y los que vendrán" porque esta medida sirve también como "un mecanismo de defensa" para posibles abusos en el futuro.