La ley de Salud Pública ya es una realidad en Euskadi. Este jueves los socios del Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE han sacado adelante esta norma en el Parlamento autonómico, que ha contado con el rechazo claro de todos los demás partidos de la Cámara -a excepción de Ciudadanos-. Todo ello en un pleno marcado por la ausencia de gran parte de la bancada de EH-Bildu y Elkarrekin Podemos-IU con motivo de la huelga feminista y donde la coalición soberanista se ha mostrado especialmente crítica con una ley que se queda "a medio camino".
La norma, que se ha aprobado casi in extremis -a un mes de terminar el año y con la legislatura ya cerca de terminar-, regula todos los ámbitos relacionados con la salud pública en la Comunidad Autónoma Vasca, entre lo que se incluyen diversos puntos referidos a las situaciones de emergencia sanitaria, como pueden ser las pandemias y epidemias; así como la contratación por parte de Osakidetza de médicos y demás personal extracomunitario en caso de necesidad excepcional y para cubrir plazas en especialidades con carencia de profesionales.
Según ha explicado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la nueva ley garantiza la respuesta inmediata ante circunstancias de especial complicación para evitar que se repitan los errores vividos durante la pandemia de Covid-19. En concreto, siempre que se respete la normativa vigente y la jurisprudencia, la Ley de Salud Pública permite a las autoridades sanitarias adoptar medidas excepcionales que limiten derechos individuales.
A partir de ahora, las autoridades sanitarias podrán adoptar medidas preventivas generales y de intervención entre las que se incluyen restricciones a la movilidad, la vacunación selectiva de determinados grupos de población o profesionales, así como el control individual sobre la persona o grupos de personas y el aislamiento domiciliario en aquellos escenarios donde exista riesgo de contagio.
De no cumplirse dicho confinamiento, para el que la norma pide "colaboración voluntaria de las personas obligadas", se podrán adoptar resoluciones individuales o colectivas que "en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se comunicarán a los servicios jurídicos correspondientes para que soliciten la ratificación ante el órgano judicial competente". Las sanciones contempladas en hasta tres grupos, van desde los 1000 euros para las más leves, hasta los 600.000 en los casos más graves.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, se dirige a la Cámara autonómica / Legebiltzarra
Personal extracomunitario
Otro de los puntos más llamativos de esta nueva norma es la posibilidad de que Osakidetza contrate personal médico y de enfermería extracomunitaria en determinadas circunstancias excepcionales como aquellos casos en los que las especialidades cuenten con poco personal y se declaren deficitarias por razones geográficas, razones relativas a períodos estacionales u otros motivos.
Se trata de un punto que no se establecía en el proyecto original que aprobó en su día el Gobierno vasco, y que además, en estos casos, retira la necesidad de que estas personas contratadas cuenten con la nacionalidad española. Aunque destaca que ducha excepción será de carácter temporal.
Por otra parte, con la nueva norma, que regula cuestiones como las adicciones, la seguridad alimentaria y la salud ambiental, escolar y laboral, todas las demás políticas llevarán integradas en sí mismas un apartado referido a la salud. Ya sea, por ejemplo en medioambiente, educación, industria, etc.
La ley establece también la creación de un órgano de coordinación entre los departamentos del Ejecutivo vasco y las diputaciones y ayuntamientos; además de un otro de participación con los distintos agentes sociales y con implicación en temas relacionados con la salud. Para cumplir todo esto, la norma contempla la apertura del Instituto Vasco de Salud Pública, cuyo objetivo será prevenir las enfermedades, proteger y promover el bienestar de la sociedad vasca.
"Mirada caduca y obsoleta"
Mientras, desde los grupos de la oposición, que a excepción de Cs (que se ha abstenido), han votado en contra, se han mostrado especialmente críticos contra una norma que, pese a contar con aportaciones del resto de fuerzas, "carece de contenido" y, según ha denunciado el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, no cuenta con las "herraminetas" adecuadas para atajar las desigualdades sociales en este ámbito.
Por su parte, la parlamentaria de EH-Bildu, Rebeka Ubera, ha asegurado que esta norma demuestra una "mirada caduca y obsoleta" por parte del Gobierno vasco y la consejera Sagardui. Además, la popular, Laura Garrido, ha insistido en la norma deja a un lado muchas carencias sanitarias.