A comienzos del actual curso político, el Gobierno vasco asumió dos leyes como sus principales prioridades antes de que terminara esta legislatura. La primera era la Ley de Educación, una norma que ha dado mucho de qué hablar y que no está falta de polémica, cuyo proceso terminará el próximo 21 de diciembre con su votación, y previsible aprobación, en el Parlamento vasco; la segunda norma “prioritaria” era la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, una de las medidas que más ha defendido el actual Ejecutivo y que, sin embargo, parece estar cerca de naufragar.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, habló de esta norma como un “reto mayúsculo”, que desde el Ejecutivo iban a tratar de superar. Sin embargo, desde que el texto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo, y empezó su tramitación parlamentaria en junio, la oposición de EH-Bildu a la norma, o por lo menos su intención de incluir en ella varias de sus aportaciones, han hecho que el proceso se esté retrasando cada vez más.
De hecho, el plazo para presentar enmiendas en torno a esta ley no termina hasta el próximo jueves 14 de diciembre. Algo que debería haberse cerrado ya, pero que acabó ampliándose a petición del PP vasco pidiera el pasado 6 de noviembre. Desde entonces, apenas se han dado actualizaciones sobre esta ley, y cada vez, las dudas de que pueda llegar a aprobar en el Parlamento vasco son mayores.
La cuestión aquí es que, sin haberse presentado oficialmente todavía todas las enmiendas, y con las elecciones vascas cada vez más cerca -aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, todavía no ha concretado nada-, las probabilidades de que esta ley salga adelante antes del final de la legislatura sin muy bajas. Porque en caso de que las autonómicas se realicen en marzo, y siendo enero un mes inhábil en la Cámara vasca, el último mes con auténtica actividad parlamentaria es este diciembre. Y el tiempo para que se apruebe la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es, cuanto menos, escaso.
Problemas internos
Puede que para la consejera, Arantxa Tapia, esta norma fuera uno de los “retos mayoritarios” del actual curso político y, por tanto, de lo que queda de legislatura, pero todo indica que, al contrario de lo que va a ocurrir con la Ley de Educación -la otra gran ley de este gobierno-, esta va a acabar quedándose como uno de los grandes fracasos de este mandato.
Y no solo por el hecho de que la ley pueda quedarse en nada y de que tendrá que ser el Gobierno entrante quien se encargue de ella, sino porque es una norma donde el resto de grupos políticos, como EH-Bildu, y en concreto el parlamentario, Mikel Otero, se han involucrado mucho, y que causa una gran expectación en el tejido empresarial de Euskadi. Sector que cuestiona el modo en que esta Ley de Transición Energética puede acabar afectándoles.
El problema en todo esto, más allá del calendario apretado y del trabajo especialmente aparatoso que supone para el Gobierno aprobar muchos de los proyectos de ley pendientes de esta legislatura, es que, según fuentes consultadas por este medio, incluso dentro del propio Ejecutivo existen ciertas voces contrarias a que esta norma se acabe aprobando.
En concreto, desde el PSE-EE, la parte minoritaria del Gobierno, parecen estar mostrando poca prisa y preocupación por que el “reto mayúsculo” de Arantxa Tapia se acabe dejando para una nueva legislatura y pueda representarse en el futuro. Los motivos, según estas mismas fuentes, es que los socialistas creen que este proyecto de ley no es mejor ni cumple los mismos aspectos que los aprobados recientemente en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados. Y por tanto, hacen presión para que esta norma avance lo suficientemente lenta como para que su aprobación sea imposible en los meses venideros.
Tarea de otro gobierno
El calendario electoral, la oposición del resto de grupos políticos y las diferencias internas del Ejecutivo de coalición provocan que esta ley, que establece un marco jurídico para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi para 2050, está a punto de quedarse en nada. Y de hecho, el que podría ser uno de los grandes logros del último gobierno del lehendakari Urkullu, y que serviría para generar energías renovables de la forma más eficiente posible en el País Vasco, está cerca de convertirse en uno de los grandes fracasos de esta legislatura.
Por eso, si al final esta ley no acaba por salir adelante, tendrá que ser el próximo Gobierno, independientemente de su signo político, el que deba encargarse de desarrollar una nueva norma que responda a las necesidades de Euskadi en torno a este tema. Una, como aproveche el actual texto ya en tramitación parlamentaria, pero que incluya puntos extra que la equiparen a otras leyes de esta tipología como la de Navarra implantada en 2022, o la aprobada a nivel nacional en 2021.